El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, hoy en el Senado
Los registradores mercantiles gestionarán el Registro Civil
Justicia dice que la plataforma digital con los datos de los ciudadanos seguirá siendo pública.
El Ministerio de Justicia ha terminado de deshojar la margarita. Tras casi dos años de idas y venidas en la negociación, el ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha anunciado hoy que la gestión del Registro Civil pasará a manos de los registradores mercantiles, previsiblemente en 2015 o 2016. Esa delegación, según Justicia, no tendrá ningún efecto para el ciudadano porque la titularidad seguirá siendo pública y porque todos los trámites que realiza el registro —y que ahora están en manos de jueces y funcionarios judiciales— seguirán siendo gratuitos. La opción de dejar el Registro en manos de los registradores de la propiedad (mucho más numerosos en España), que fue la primera opción de Justicia, fue descartada hace cuatro meses. Lo asumirán, definitivamente, un centenar de registradores mercantiles, que pasarán a llamarse “registradores civiles y mercantiles”. El ministerio insiste en que no es un paso hacia la privatización.
"Vamos a hacer un Registro Civil público, gratuito, universalmente accesible, seguro y que garantiza que no se destruirá un solo puesto de trabajo. Estará a cargo de los registradores mercantiles, que tienen una experiencia contrastada. Y siempre bajo supervisión del Ministerio de Justicia", ha dicho Gallardón en el Senado, en respuesta a una pregunta del PSOE.
En la actualidad hay 430 oficinas del Registro Civil repartidas por toda España y solo existen 60 registros mercantiles. Justicia niega que eso vaya a suponer un problema: el ministro ha afirmado que, allí donde no haya un registro mercantil, el notario o el juzgado de paz harán de correa de transmisión entre el ciudadano y el registrador.
El Gobierno asegura que la nueva gestión reducirá el colapso y las colas de ciudadanos a las puertas de los registros, donde “en algunos casos se están dando citas para 2019”. Se acabará, según Justicia, con los trámites en papel y se creará una “plataforma digital” que “financiarán los propios registradores”. En ella se abrirá un historial para cada ciudadano, en el que irán añadiéndose todos los actos civiles que este inscriba. El tratamiento de esos datos, según el ministerio, tendrá “un sistema de seguridad superior a los actualmente existentes”. “El Ministerio garantiza que todos los libros del Registro Civil, legajos e índices, así como la base de datos única en las que se depositen los asientos electrónicos, sus documentos y archivos complementarios o relacionados seguirán perteneciendo a la Administración General del Estado”, dice la nota de prensa.
El Registro Civil es el lugar ante el cual los ciudadanos inscriben nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, adopciones, nacionalidad, tutelas, cambios de apellidos y otros muchos actos relativos a su estado civil. Todos los trámites son gratuitos, y todos se gestionan en los juzgados de primera instancia o en los cerca de 7.800 juzgados de paz (no profesionales). Al frente de cada oficina de registro hay un juez (o un juez de paz) que, salvo excepciones, compagina esa función con la judicial. En total, se mueven en el Registro Civil, cada año, unos tres millones de trámites administrativos, entre inscripciones, certificados y copias de certificados.
Cuando Gallardón anunció, a finales de 2012, que traspasaría la gestión, muchos colectivos vieron en ese anuncio la amenaza de privatización de un servicio público. En realidad, el cambio de gestión había sido aprobado por unanimidad en el Congreso un año antes, en 2011, en una ley impulsada por el PSOE que obligaba a que, a partir de julio de 2014, el Registro Civil pasara a ser gestionado por funcionarios no judiciales; el objetivo era sacar esas tareas puramente administrativas de los juzgados, para que los jueces se concentraran en juzgar. Pero Gallardón anunció en 2012 que finalmente delegaría el servicio en los registradores de la propiedad, y eso es lo que disparó las alarmas.
Los registradores, como los notarios, son formalmente funcionarios públicos (según la Ley Hipotecaria y la Ley del Notariado), pero de un tipo muy particular: aunque acceden al cargo por oposición y están a las órdenes del Gobierno, sus ingresos no provienen de los Presupuestos Generales del Estado sino de los aranceles que cobran a sus clientes, y además contratan a sus propias plantillas.
Trámites gratuitos
Justicia, que al principio contempló la posibilidad de que los registradores pudieran cobrar arancel por algunos trámites del Registro, acabó renunciando a eso ante el torrente de críticas: en octubre de 2013, el subsecretario de Estado, Juan Bravo, garantizó que “todos los trámites”, inscripciones y copias de certificados, seguirían siendo gratuitos, y en marzo de este año lo confirmó Gallardón. Se complicó entonces la negociación con el Colegio de Registradores, que se resistían a asumir ese nuevo servicio sin cobrar un céntimo por ello. Finalmente, el pasado marzo, Justicia y el Colegio rompieron las conversaciones y el ministerio empezó de cero.
Hoy Gallardón ha anunciado la solución definitiva: el Registro Civil lo gestionarán los registradores mercantiles. Con ellos la negociación ha sido más fácil, según Justicia, porque este colectivo se ha visto menos afectado por la crisis económica que el de los registradores de la propiedad y está dispuesto a asumir ese trabajo extra sin cobrar aranceles por ello e, incluso, a pagar de su bolsillo la inversión tecnológica inicial que el Gobierno quiere acometer en los registros para modernizarlos. El ministerio afirma que la gratuidad del Registro quedará expresamente recogida en la ley, asegura que los registradores mercantiles no recibirán nada a cambio y subraya que estos profesionales son funcionarios y por tanto tienen que aceptar cualquier nuevo cometido que se les encomiende, máxime cuando ellos no han sufrido la congelación de sueldos públicos que el resto de funcionarios ha sufrido durante la crisis. Este argumento, sin embargo, no se utilizó para obligar a lo mismo a los registradores de la propiedad.
Los registradores mercantiles son 120 en toda España (diez veces menos que los de la propiedad). Ellos, con las plantillas de sus oficinas, se ocuparán de un servicio que ahora realizan —aunque compatibilizándolo con las tareas judiciales— unos 5.000 funcionarios de los juzgados. Desde el ministerio sostienen que este cambio no supondrá una peor prestación del servicio, porque la inversión tecnológica y de informatización que se va a acometer en el Registro Civil compensará la reducción de la plantilla. "Cuando la plataforma digital esté en funcionamiento, la mayoría de los ciudadanos no tendrán que desplazarse al registro para hacer una inscripción, sino que esta se gestionará informáticamente entre administraciones", afirman estas fuentes.
Junto al temor de una privatización encubierta, los sindicatos han denunciado durante meses que el cambio de gestión supondrá el despido de cientos de trabajadores interinos que ahora están empleados en labores de registro en los juzgados. Gallardón se ha comprometido hoy a que "no se destruirá un solo puesto de trabajo". Desde el ministerio se ha matizado después que ese compromiso se refiere solo a "mantener el empleo existente, incluido el personal interino, dentro del territorio que es de competencia del ministerio”. Y ese territorio es muy limitado: solo cinco de las 17 comunidades autónomas. Justicia confía, sin embargo, en que en el resto de comunidades tampoco habrá despidos, porque las comunidades llevan meses diciendo que necesitan más personal para realizar tareas judiciales.
COMENTARIO:
Habrá que enterarse que es "gratuito", si es público, como contratan sus propias plantillas, que su presupuesto provienen de lo que cobra a sus "clientes". Extraño, si esto no es privado que me lo expliquen. No creo nada de alguna forma lo pagáremos vía subvenciones o vía tasas.
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