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miércoles, 24 de julio de 2013

MONARQUÍA A LA DERIVA SIN RUMBO

Iñaki Urdangarin sale de la Ciudad de la Justicia de Barcelona (Efe).
"Yo he venido aquí a proteger unos correos de carácter personal e íntimo, pero no le voy a reconocer si he cometido o no infidelidades. No le interesa a nadie más si yo he cometido supuestamente unas infidelidades". Un Iñaki Urdangarin visiblemente incómodo, nervioso y a la defensiva, a punto de perder la compostura en varias ocasiones, reiteró hasta la saciedad ese argumento durante la vista celebrada el pasado día 16 en un juzgado de Barcelona a raíz de la demanda de protección del derecho al honor presentada por el yerno del Rey contra su ex socio, Diego Torres, y siete medios de comunicación, El Confidencial entre ellos.
Durante 45 minutos, el duque de Palma respondió en el Juzgado de Primera Instancia número 46 de Barcelona, a puerta cerrada y en una sala vetada a público y periodistas, a las preguntas de los abogados de Torres y de los siete medios demandados por supuesta intromisión en su intimidad. La declaración de Urdangarin se produjo tres meses después de que la titular de ese juzgado, María del Remei Vergés, prohibiera a aquéllos "revelar, publicar y difundir" cualquier correo electrónico que haga referencia a la "vida íntima de Iñaki Urdangarin o de su familia".
La paradoja es que, puesto que esa prohibición sólo afectaba a los siete medios de comunicación demandados por Urdangarin, otras publicaciones no incluidas en esa demanda han interpretado que tenían vía libre para su difusión. Así, la revista Mongolia dio a conocer la semana pasada varios correos íntimos enviados o recibidos por el duque de Palma, entre ellos los que revelan la supuesta relación extraconyugal que el ex jugador internacional de balonmano mantuvo con la esposa de uno de sus mejores amigos, ex compañero suyo en el equipo de balonmano del FC Barcelona.
En otro de esos correos, remitido por el duque de Palma a Jaume Reguant, un amigo muy cercano de su adolescencia, aquél afirmaba: "Demoniete, mañana estoy en Madrid por la mañana y en Andorra por la tarde. Por mi parte sería genial cenar, pero veo el tema complicado (...). Dime cómo estás el viernes para comer o para cenar; mejor para cenar y follar... que de follar no te libras". Antes, Reguant había escrito a Urdangarin: "Si quieres podemos cenar juntas [sic], o si prefieres un tenis y comemos. Todo ello siempre y cuando luego juguemos al escondite y si te encuentro te follo, ¿vale?".
Reunión en La Zarzuela
El e-mail está fechado el 28 de enero de 2004, la víspera de la reunión que Urdangarin, Torres, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, celebraron supuestamente en el palacio de La Zarzuela para pactar la aportación de fondos públicos de ambas instituciones al Instituto Nóos. El abogado de Torres aportó en su día ese correo al instructor del caso Nóos, José Castro, como prueba de que la "fecha probable" de aquel encuentro fue el 29 de enero de 2004, pero el juez lo rechazó al considerar que su contenido afectaba a la vida íntima del duque de Palma.
En su declaración de la semana pasada en Barcelona, Urdangarin aseguró, en respuesta a las preguntas del abogado de Torres, que aquel correo era "un diálogo en broma con un amigo". El letrado, sin embargo, le recordó que lo más relevante del mensaje es que confirmaría, supuestamente, su presencia en Madrid el día de la reunión en La Zarzuela. "Yo no vengo aquí a hablar de los contenidos de los correos. Las insinuaciones que se hacían en ese correo de carácter íntimo con mi amigo es lo que vengo aquí a preservar", protestó el yerno del Rey. A lo que el abogado replicó: "Y lo que es de carácter íntimo con su amigo, ¿qué es? ¿lo que usted le dice de follar o no follar esa noche?".
Durante la declaración de Urdangarin, grabada en video y a la que ha tenido acceso El Confidencial, se vivieron momentos de gran tensión similares al descrito. Como cuando el duque de Palma se lamentó de algunas informaciones periodísticas que especulan sobre las supuestas dificultades que atraviesa su matrimonio con la infanta Cristina de Borbón. "¡En los años que llevo de matrimonio se han publicado tantas cosas! No me las leo todas. Yo lo que intento preservar es mi familia".
Sin embargo, de los e-mails difundidos la semana pasada por la revista Mongolia se desprende que Urdangarin mantuvo a escondidas, cuando ya estaba casado con la infanta Cristina, una intensa relación amorosa con la esposa de un íntimo amigo. "Sé que estás bien, tu marido me lo dice. Me tranquiliza, me mata...", escribía el yerno de don Juan Carlos en uno de esos correos, escritos a finales de 2003. "Escuchando a Miguel Bosé en el despacho no puedo dejar de recordar momentos bonitos, muy bonitos, que hemos pasado", añadía el duque de Palma.

SOMOS EXCLAVOS AL SERVICIO DE LOS TIRANOS

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha levantado la suspensión cautelarísima del plan privatizador de la sanidad madrileña que había decretado este mismo tribunal el 10 de julio al no admitir el recurso contencioso-administrativo presentado por el PSM para interrumpir el proceso. Con esta decisión judicial, el concurso, que estaba suspendido provisionalmente y que afecta a seis hospitales cuya gestión se externalizará, "sigue adelante", según ha anunciado la Consejería de Sanidad.
El fallo, con fecha de hoy y contra el que cabe recurso de reposición en los próximos cinco días ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, establece que los seis representantes del PSM que presentaron el recurso “no ostentan de ningún modo un ‘interés legítimo’ (…) Los pretendidos recurrentes ni tienen la condición de licitadores que pudieran participar en la convocatoria, lo que sí les otorgaría legitimación para impugnar la misma por la concurrencia de un evidente ‘interés legítimo’ , ni pueden articular su invocada legitimación activa para impugnar tal convocatoria sobre la base de un interés abstracto como simples usuarios y en defensa de una legalidad que no les corresponde”.

La sentencia resalta que la jurisprudencia, en los términos declarados, “no les otorga la disposición de un ‘interés legítimo’ máxime cuando actúan en su propio nombre y derecho y como simples usuarios de los seis hospitales cuya gestión sanitaria especializada se saca a concurso, sin que se atisbe ni se acredite en qué medida la concesión de tal gestión les puede afectar negativamente”. “Los pretendidos actores carecen de la legitimación activa que dicen ostentar, por lo que procede declarar la inadmisión de su recurso contencioso-administrativo”, concluye. Entre los criterios jurisprudenciales también se resalta que “las meras expectativas contra supuestos agravios futuros o potenciales no bastan para reconocer la legitimación activa”.

En una rueda de prensa esta tarde para valorar la sentencia, el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha dicho que el TSJM "no solo levanta la suspensión y permite que siga avanzando la externalización", sino que "rechaza por entero el recurso del PSM, con todos sus argumentos incluidos". Según Lasquetty, el tribunal "da la razón al Gobierno regional" en que el recurso del PSM es "absolutamente político e ideológico", ya que intentaban "trasladar el debate político a los tribunales, haciendo un uso partidista de la justicia", motivo por el cual el recurso ha sido rechazado, informa Efe.
Hace 14 días, la sección tercera de lo contencioso administrativo del TSJM acordó en un auto paralizar el proceso de privatización al aceptar las medidas cautelares urgentes que había pedido el Partido Socialista, lo que se traducía en la paralización inmediata de la adjudicación de los seis hospitales, certificada por el Consejo de Gobierno regional apenas seis días antes, el 4 de julio. La suspensión era provisional y se daba tres días al Gobierno regional para pronunciarse. El viernes pasado, la Consejería de Sanidad presentó sus alegaciones. El Gobierno regional hizo cinco apreciaciones entre las que destacó, sobre todo, uno: que el PSM no tiene "legitimidad procesal" para hacerlo al "no ser un perjudicado directo" ni "parte interesada" en el proceso. El tribunal aprecia este argumento y considera que los firmantes del recurso, seis diputado del PSM, no tienen "interés legítimo" en los términos requeridos por la jurisprudencia.
La demanda de los socialistas se centraba en una modificación de última hora que hizo la Consejería de Sanidad en las condiciones de los contratos. Solo cuatro días antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas, el Boletín Oficial publicó como corrección de errores un cambio sustancial en la garantía que deben presentar los adjudicatarios, que es del 5% del valor del contrato. Sanidad incluyó la palabra "anual" en el texto de los pliegos, lo que se traduce en la práctica en una reducción del 90% del aval, puesto que el contrato de concesión es por 10 años. En lugar de aportar más de 200 millones, las empresas solo tienen que proveer 28 millones.
Los hospitales afectados son Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda del Rey) y el del Tajo (Aranjuez). La Comunidad de Madrid pretende que estén funcionando con el nuevo modelo para el mes de septiembre.
El Consejo de Gobierno del 4 de julio aprobó la propuesta de adjudicación de los seis centros, con la que la Comunidad de Madrid espera ahorrar 169 millones de euros. A Ribera Salud le fueron adjudicados los centros Infanta Leonor de Vallecas y del Sureste de Arganda del Rey; a Bupa Sanitas, el hospital de Henares de Coslada; y para el grupo puertorriqueño Hima San Pablo el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes y los hospitales Infanta Cristina de Parla y el del Tajo de Aranjuez. Los contratos de concesión aún no están firmados.
El proceso por vía contencioso administrativa del PSM, cerrado ahora por el TSJM, no es el único. Sigue abierta una querella por vía penal que la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) en un juzgado madrileño. Ha sido admitida a trámite y dos exconsejeros de Sanidad y dos altos cargos de la Consejería están citados a declarar con su abogado en septiembre próximo.

LA JUSTICIA ESPAÑOLA ESTÁ POLITIZADA Y NO ES INDEPENDIENTE

La militancia de Francisco Pérez de los Cobos en el Partido Popular durante cuatro años, hasta al menos el 2011, no es el único caso de claras vinculaciones políticas en el Tribunal Constitucional. Otros cinco de los 12 magistrados que componen el pleno han tenido en el pasado más reciente claras vinculaciones orgánicas con el PSOE, con la formación del centroderecha o cargos de relevancia en respectivos Gobiernos de ambos signos y que podrían presentar idénticos problemas de recusación como los que ahora se avecinan, en tromba, contra el presidente del órgano que ejerce la función de supremo intérprete de la Constitución.
Los últimos en sumarse a esta ola de recusaciones han sido el Govern y el Parlament de Cataluña, que, al alimón, encargaron ayer informes a sus servicios jurídicos para iniciar el citado trámite. Como explicó el portavoz del Govern, Francesc Homs, ambas instituciones consideran incompatible la participación de Pérez de los Cobos en los litigios que mantiene la Generalitat, principalmente, la declaración de soberanía aprobada por la cámara catalana, por su aireada afiliación al PP, que el magistrado ocultó durante su examen parlamentario ante el Senado. Otra figura emblemática de la justicia española, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha sido el primero que, por su parte, ha pedido la nulidad de una de las actuaciones de Cobos, pues fue uno de los firmantes de la providencia en la que se negó amparo a Garzón tras su condena por el Tribunal Supremo por prevaricación.
Claramente afines a los partidos que les nombraron o con evidentes vinculaciones orgánicas con ellos, lo cierto es que el pleno del tribunal está sobrepolitizado y sin que apenas ninguno de sus magistrados pueda levantar la cabeza para marcar distancias con el caso que ahora rodea al presidente de la institución.
De diputado a magistrado
Andrés Ollero, nombrado magistrado del Constitucional en julio del año pasado, es uno de los casos más palmarios. Durante 17 años, de marzo de 1986 a octubre de 2003, fue militante y diputado del Partido Popular, una condición que le podría obligar a tener que abstenerse en multitud de materias que pasen por sus manos.
En 1986 se adscribió al Partido Demócrata Popular del democristiano Óscar Alzaga y encabezó la lista de la Coalición Popular -luego PP- por Granada. Un escaño que fue revalidando en sucesivas ocasiones hasta que, en el 2003, decide abandonar voluntariamente el Congreso para dedicarse plenamente a la docencia en la Universidad Rey Juan Carlos, de donde fue repescado para el TC. Miembro supernumerario del Opus Dei, es claramente contrario al aborto y el matrimonio homosexual, dos de los temas que han pasado por el órgano en los últimos meses.
Fernando Valdés, redactor del programa electoral del PSOE
Fernando Valdés, junto a Valeriano Gómez en una imagen de 2009 (EFE)Fernando Valdés, junto a Valeriano Gómez en una imagen de 2009 (EFE)Este veterano catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social vinculado al PSOE fue una de las voces más críticas de la reforma laboral del PP antes de recalar en el Tribunal Constitucional.
Hasta tal punto se ha posicionado en contra del texto que no dudó en participar, junto a otros representantes de la cultura, la educación o el espectáculo, en un acto convocado por UGT y Comisiones Obreras a favor de la huelga general del 29 de marzo del año pasado. Y eso sin contar los artículos que, también contra la reforma auspiciada por Fátima Báñez, publicó en el diario El País.
Pero si ese acto ya, de por sí, le podría presumir de posibles vinculaciones con los sindicatos mayoritarios de nuestro país, de lo que no cabe duda es de que este experto ha trabajado para el PSOE cuando el partido ha requerido de sus aportaciones. Antes de 2004, participó junto al también catedrático Santos Ruesga y al luego ministro de Trabajo Valeriano Gómez en la coordinación del programa electoral del PSOE en Economía, Trabajo y Pensiones con el que José Luis Rodríguez Zapatero se presentó a sus primeras elecciones el año 2004.
Valdés Dal-Re, del que se desconoce si tiene o ha tenido militancia política en el partido de Pablo Iglesias, fue elegido magistrado del TC en julio del año pasado junto a su actual compañero Andrés Ollero.
De ariete contra Zapatero a magistrado
Toma de posesión de Enrique López (EFE)Toma de posesión de Enrique López (EFE)Mucho más polémica que la ahora conocida militancia de Pérez de los Cobos fue la llegada de Enrique López al Constitucional. Su nombre, propuesto por el Partido Popular, fue la culpa, en parte, de que Gobierno y oposición bloqueasen durante años una renovación del organismo que estaba pendiente desde 2007 y que no se produjo hasta finales de 2010. López ni siquiera logró entrar al Tribunal entonces pero, fruto de su obstinada espera, logró su recompensa el pasado 12 de junio.
En su etapa como vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial se convirtió, durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, en una especie de oposición extraparlamentaria a las leyes emanadas de la mayoría socialista del Congreso. Sus amistades con destacados dirigentes del Partido Popular como Federico Trillo o José María Michavila también son muy conocidas. López nunca ha ocultado tampoco su vinculación al partido que preside Mariano Rajoy. Entre 2003 y 2008 participó en 53 seminarios organizados por la Fundación FAES, que preside José María Aznar, y el 1 de diciembre de 2006 participó en una conferencia política del Partido Popular sobre el modelo de Estado que fue organizada por Federico Trillo y Soraya Sáenz de Santamaría, hoy vicepresidenta del Gobierno.
Xiol Ríos, vinculado al Gobierno de Felipe
Juan Antonio Xiol Ríos (EFE)Juan Antonio Xiol Ríos (EFE)Juan Antonio Xiol Ríos, magistrado perteneciente al sector progresista, tiene, por su parte, una hoja de servicios vinculada, en gran medida, a los diferentes Gobiernos del PSOE. Fue director general de Justicia en los años 80 y nombrado, después, en 1990, vocal del CGPJ a propuesta de los socialistas.
Entre otros cargos, también ha sido letrado de carrera del Tribunal Constitucional o magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.
Un rector cercano al PP y a FAES
Pedro González Trevijano, exrector de la Universidad Rey Juan Carlos, accedió al Tribunal el pasado mes de junio, a la vez que Enrique López.
Pedro González Trevijano (EFE)Pedro González Trevijano (EFE)Como él, también atesora a sus espaldas una historia de vinculaciones políticas con el Partido Popular o con su fundación. González Trevijano dirigió la URJC con el apoyo de la Comunidad de Madrid en un tercer mandato como rector no exento de polémica, pues no tenía cabida en la ley, como luego fallaron, en su contra, los tribunales. Trevijano ha escrito, además, varios artículos para FAES (“Reforma y defensa de la Constitución”, en 2006) y ha participado en conferencias de la citada fundación. El 6 de julio del año pasado, por ejemplo, protagonizó uno de los actos del campus FAES de verano junto al diputado Ignacio Astarloa bajo el título “Reforma institucional y fortalecimiento democrático”.
Avalados por la ley y por el Tribunal
La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que prevalece sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que sólo es incompatible que un magistrado del órgano ocupe funciones directivas dentro de un partido o un sindicato o que trabaje para los mismos. La Constitución, en su artículo 159.4 suscribe también este planteamiento al que, de momento, se aferra Pérez de los Cobos para no ceder ante las presiones políticas y mediáticas que piden su cabeza.
El magistrado, sin embargo, también tiene a su favor la propia jurisprudencia del TC que, ya en el caso Rumasa, denegó una recusación planteada por José María Ruiz Mateos contra uno de los magistrados que debían dirimir los recursos de amparo que había presentado en 1987 ante la expropiación de su holding empresarial por parte del Gobierno de Felipe González.
En el auto 226/1988, por el que el Tribunal denegó entonces aquella recusación, señalaba textualmente que: “La Ley Orgánica de este Tribunal (…) no impide que los Magistrados de este Tribunal puedan pertenecer a partidos políticos y sólo les impide ocupar dentro de los partidos cargos de carácter directivo, pues una posible afinidad ideológica no es en ningún caso factor que mengüe la imparcialidad para juzgar los asuntos que según su Ley Orgánica este Tribunal debe decidir”.

martes, 23 de julio de 2013

ABUCHEAN A LOS PRÍNCIPES EN CÁCERES

Varias decenas de manifestantes han recibido a los príncipes de Asturias al grito de "España mañana será republicana" en Cáceres este martes. Don Felipe y Doña Letizia, que presiden esta semana el grupo de trabajo con los responsables de las delegaciones del Instituto Cervantes de todo el mundo, han sido abucheados a su llegada en la segunda jornada de las reuniones.
Gritos como "los Borbones a los tiburones" y una pancarta de varios metros que instaba al Príncipe a "hacer las maletas", han sorprendido a los dos miembros de la familia real, que ya ha sido abucheada en varias ocasiones en los últimos meses. Los Príncipes ya fueron recibidos con silbidos en el Liceo de Barcelona en mayo y la Reina en el Teatro Real de Madrid y en Murcia.
En su reunión con los representantes del Instituto Cervanetes, el Príncipe ha defendido que la institución debe apostar por la "iberoamericanización" y ha preguntado a los directores de los centros de Estambul y Tokio sobre las posibilidades de Madrid para vencer la candidatura para los Juegos Olímpicos de 2020.

¿SORAYA SAENZ DE SANTAMARÍA SUSTITUTA DE RAJOY?POSIBLEMENTE

Soraya Sáenz de Santamaría y Angela Merkel. (EFE)
¿Sucesora de Rajoy? La mujer más poderosa de la política española. Así titula Der Spiegel el artículo dedicado a Soraya Sáenz de Santamaría. La revista alemana se derrite en elogios hacia la vicepresidenta justo en el momento que su jefe, Mariano Rajoy, vuelve a estar en el punto de mira por el caso Bárcenas.
Mientras los gritos de dimisión vuelven a aporrear los oídos del presidente del Gobierno, en Alemania ven a “la diminuta abogada, vestida con tacones" preparada para pasar de ser “la mano derecha” de Rajoy a ser su “sucesora”. Der Spiegel justifica la candidatura de Soraya por ser “una de las pocas personas en el Partido Popular que, hasta la fecha, queda libre de cargos en todas las acusaciones de corrupción”.
El reportaje, dedicado en exclusiva a Sáenz de Santamaría, resalta su labor “coordinando el trabajo entre el Gobierno y su grupo parlamentario, y también entre los diferentes departamentos económicos del Ejecutivo”.
El factor Soraya
Der Spiegel asegura que “mientras que Rajoy se hunde en el escándalo de las donaciones ilegales, sobornos y gratificaciones financieras, Soraya gana adeptos en el PP gracias a su capacidad para crear equilibrio y a una voluntad de trabajo que lleva hasta la extenuación”.
Estas cualidades hacen, según la publicación, que el factor Soraya gane enteros como recurso para mejorar la deteriorada imagen del Gobierno. En este sentido, Rajoy ha recurrido en más de una ocasión a la sonrisa que despliega su chica para todo cuando ha tenido que comunicar recortes o defender los intereses españoles en Europa.
“Una chica muy lista y capaz”
Los elogios de la publicación confirman las palabras que le dedicó Angela Merkel a Santamaría: “Tiene usted a una vicepresidenta muy capaz. Una chica muy lista”, le dijo la canciller a su homólogo español en uno de los encuentros que mantuvieron el pasado año.
En esa ocasión Merkel ya quiso saber más sobre la vida privada de Sáenz de Santamaría. Un interés que habrá satisfecho la canciller si ha leído en artículo de Der Spiegel, que destaca que "es su marido el principal cuidador de su hijo, dejando aparte su carrera profesional para poder hacerlo". Por lo tanto, en el hipotético caso de que Sáenz de Santamaría entrara en La Moncloa "podría tener una ventaja añadida. Al no tener que pasar parte del día en un coche oficial, podría dedicar más tiempo a su familia".

CON LOS EXMINISTROS LA JUSTICA ES BLANDA

El Supremo rebaja la condena a Matas (Efe).
El Tribunal Supremo ha salvado a dos exministros de una situación más que delicada. Al ‘popular’ Jaume Matas de ir a la cárcel, y al socialista José Blanco de sentarse en el banquillo de los acusados del Alto Tribunal. Todo en menos de una semana. A este último le han librado de una posible condena por delito de tráfico de influencias y al expresidente balear se le ha rebajado la condena de seis años a nueves meses de prisión, y por tanto no tiene que ingresar en la cárcel al no superar los dos años que establece la ley.
Ambos compartían varios delitos. Precisamente, el que fue archivado para José Blanco, el de tráfico de influencias, ha sido el único que el Supremo ha mantenido a Matas. En el caso del primero, se entendió que -en contra del criterio del magistrado instructor del Supremo,José Ramón Soriano, y de la Fiscalía- poner en contacto a un empresario amigo suyo, José Antonio Orozco, con el alcalde socialista de San Boi para aclarar un expediente negativo a una licencia no era constitutivo de delito.
Ahora, ambos se presentan como víctimas de una injusticia. La Audiencia Provincial de Palma se equivocó. Soriano se equivocó con Blanco. Igual en la instrucción del caso de Matas, que estuvo a cargo del juez José Castro, quien investiga actualmente al yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, y quien llegó a imputar a la infanta Cristina de Borbón.
Este archivo de causas o relajación de penas podría ocurrir en el ‘caso Gürtel’ y ‘caso Bárcenas’ o ERE de Andalucía si llegan al Tribunal Supremo y éste sigue empleando criterios parecidos. Los dos primeros afectan a dirigentes y ex dirigentes –incluidos ministros- del Partido Popular, y en el último se investiga al socialismo andaluz, con una ministra de Rodríguez Zapatero incluida.
No hubo tráfico de influencias con Blanco
Para que se cumplan los requisitos de tráfico de influencias, se exige el abuso de la situación de superioridad y no puede penalizarse genéricamente “cualquier gestión realizada por quien ostenta una posición jerárquica superior, sino únicamente aquella en que la posición de superioridad se utiliza de modo desviado”. Es necesario, según el Supremo, que se ejercite una presión impropia del cargo y debe exigir un interés espurio por ejercer la influencia sobre el funcionario o la autoridad que debe tomar la decisión, "introduciendo en su motivación elementos ajenos a los intereses públicos”.
José blanco durante la rueda de prensa de ayer (efe)José blanco durante la rueda de prensa de ayer (efe)Así, la actuación del exministro en le etapa de José Luis Rodríguez Zapatero no sería constitutiva de un delito de tráfico de influencias, algo que no puede decir Jaume Matas, miembro del Gobierno con José María Aznar. Según la sentencia que se acaba de hacer pública, Matas utilizó su autoridad jerárquica para presionar al director general de Comunicación, Joan Martorell, con entidad suficiente para alterar el proceso de valoración de la solicitud de subvención realizada por Antonio Alemany, el periodista que elaboraba los discursos al presidente balear, para crear una agencia de noticias.
Matas consiguió que Martorell hiciera la propuesta que determinó la concesión, “con pleno conocimiento de que influyó con prevalimiento para conseguir que se resolviera la subvención en beneficio de Alemany”, sostiene.
El expresidente balear se ha librado del delito de prevaricación, penado con hasta cuatro años de prisión -el de tráfico de influencias tiene un máximo de dos-. El diputado socialista inicialmente también había sido investigado por ese delito, pero en plena instrucción consiguió que el magistrado lo retirara. En el caso de Matas, el Supremo considera que el concurso que ganó la empresa Nimbus Publicidad para encargarse del asesoramiento externo de comunicación cumplió todo los requisitos. Y que esta empresa, que factura los trabajos realizados por Alemany para Matas, no incumplía en modo alguno el pliego de condiciones.