Este fin de semana el fútbol español dejó una imagen lamentable: un portero de Segunda División propinando un puñetazo a un rival, una agresión clara, violenta y sin balón de por medio. Un acto de puro matonismo que, según se comenta, podría costarle entre cuatro y doce partidos de sanción.
Y ahí es donde surge la indignación.
Porque en este país parece salir más barato dar un puñetazo en un terreno de juego que decirle un piropo a una mujer, darle un beso en un momento de euforia o pronunciar una palabra inconveniente. Esa es la sensación que percibe mucha gente: que la violencia física puede tener consecuencias menores que otras conductas perseguidas hoy con una dureza que muchos consideran desproporcionada según el contexto.
Ese mismo puñetazo, si se le da a un vecino en la calle, puede acabar teniendo consecuencias penales. Sin embargo, dentro del fútbol puede quedar reducido a una sanción deportiva temporal. Y entonces la pregunta es inevitable: ¿qué ejemplo estamos dando a los niños?
El deporte debería ser una escuela de valores. Los niños aprenden observando a sus referentes, imitando comportamientos y entendiendo lo que se permite y lo que se castiga. Si una agresión tan grave termina resolviéndose con unos pocos partidos de suspensión, el mensaje que se transmite es devastador: que la violencia puede salir barata.
Por eso esta agresión debería recibir un castigo ejemplar. Un año sería poco. No se trata de exagerar, sino de defender la integridad del deporte y de enviar un mensaje claro. Hacía décadas que no se veía en nuestro fútbol una imagen tan bochornosa: una agresión directa, sin disputa del balón y sin excusa posible.
Y esto va mucho más allá del deporte.
Porque lo verdaderamente preocupante es la sensación creciente de que vivimos en una sociedad donde la justicia ha dejado de ser igual para todos; donde algunos comportamientos reciben castigos ejemplares y otros quedan minimizados según quién los cometa o según la utilidad política del momento.
Mientras se exige una dureza extrema en determinados ámbitos, también vemos cómo desde el poder se conceden amnistías y se blanquea a corruptos, delincuentes y fugados de la justicia a cambio de apoyos parlamentarios. Vemos cómo quienes han atentado contra la convivencia democrática son tratados como socios preferentes por puro interés político.
Y aún más grave: se normaliza la relación con quienes homenajean a asesinos, con quienes se niegan a condenar décadas de terror, tiros en la nuca, bombas y miedo. Todo ello envuelto en discursos de conveniencia política que buscan justificar lo injustificable.
Ante ese panorama, un puñetazo en un campo parece casi anecdótico.
Ese es el verdadero problema: la escala moral se ha invertido. Un beso puede convertirse en escándalo nacional, un piropo puede ser tratado como una agresión intolerable, pero un acto de violencia física acaba pareciendo menor frente a otras incoherencias institucionales mucho más graves.
No se trata de justificar unas conductas frente a otras, sino de exigir coherencia. La violencia debe castigarse. Las agresiones no pueden relativizarse. Pero tampoco puede existir una justicia que mida de forma distinta según el interés político, el contexto social o la presión mediática.
Hoy esa plaga tóxica de feministas puede salir a la calle jaleando consignas como "Palestina para los palestinos" o "Cuba para los cubanos", pero si a alguien se le ocurre decir "España para los españoles", esas mismas le llamarán: racista, xenófobo, insolidario, facha, inhumano.
Porque cuando la ley deja de aplicarse con el mismo rasero para todos, deja de ser justicia.
La justicia debe ser implacable e igual para todos: para políticos, futbolistas, hombres y mujeres. Sin privilegios, sin excepciones y sin dobles varas de medir.
Si no es así, seguiremos viviendo en este mundo al revés, en el que un puñetazo sale barato mientras otras conductas reciben una condena pública y social infinitamente mayor.
Y entonces no solo pierde el deporte.
Pierde toda la sociedad.
Si la ley deja de ser igualitaria, pierde todo sentido de justicia.
Debemos ser indulgentes cuando proceda, sí, pero siempre desde la responsabilidad y el interés general. Cuando la indulgencia se utiliza para obtener favores o conservar poder, deja de ser justicia: se convierte en corrupción.
