Si alguien tenía la esperanza de que con la marcha a Andalucía de la señora Montero las cosas iban a cambiar en el Ministerio de Hacienda, respecto a poner al día el IRPF conforme a la inflación habida desde la última reforma de dicho impuesto, que pierda toda esperanza. El recién nombrado ministro de esa cartera ministerial ya dejó bien claro que todo va a seguir en la misma línea que hasta ahora. Con lo cual, nuestras pensiones y salarios seguirán tributando por un IRPF sin deflactar.
Si la señora Montero en su despedida se pavoneaba de su importancia en el Gobierno al llevar ella solita lo que ahora se convierte en dos cargos dentro del Consejo de Ministros, ahora le dan motivos para seguir en su engreimiento de persona supercapaz, y todo para nada. Cambiar para que todo siga igual. De otra parte, el nuevo vicepresidente primero del Gobierno demostró estar orgulloso de haber tenido un abuelo que soportó tantos sacrificios para salir adelante en aquellos míseros años de posguerra. Somos muchos los abuelos de hoy y niños de entonces que lo sufrimos en propia carne, lo que no esperábamos es que gobernando la generación de nuestros nietos, íbamos a tener que soportar lo que hoy estamos soportando, engañados -en mi opinión- por quienes lo encontraron todo hecho gracias a nuestro esfuerzo, y viendo que, lejos de mejorarnos en algo, nos están desmontando y quitando lo poco que habíamos conseguido. Por algo se dice: "Vivir para ver", era difícil imaginarlo, pero, en mi opinión, nos está pasando.
Conviene ser prudentes antes de poner en duda a nuestras fuerzas del orden. Su labor es proteger a toda la ciudadanía, y en un Estado de Derecho, la aplicación de la fuerza y de la ley corresponde únicamente a quienes están habilitados para ello, no a quienes se enfrentan a ellos o se resisten a ser identificados o retenidos.
Cuando una persona desobedece o se enfrenta a la autoridad, la única respuesta legítima es la actuación conforme a la ley. Ante una orden policial, lo que corresponde es respeto. Sea quien sea: blanco, negro o amarillo. La ley no distingue identidades, distingue conductas.
Es injusto y peligroso contribuir al desprestigio de quienes velan por nuestra seguridad. Quien no comparte las normas básicas de convivencia tiene alternativas y aeropuertos para elegir destino, pero no puede pretender imponer el desorden.
No se puede exigir a la Policía ni a la Guardia Civil que actúen sin respaldo ni garantías; deben tenerlas todas. Sin ellas, pasarían a situaciones de debilidad, como ocurre en otros lugares donde la autoridad se ha visto erosionada.
En España, estas instituciones figuran habitualmente entre las más valoradas por la ciudadanía. No debemos permitir que se erosionen injustamente, y menos aún desde fuera. Aquí se respeta a todo aquel que viene a integrarse, a convivir y a trabajar: será uno más. Fuera de ese marco, corresponde actuar conforme a la ley. No faltaría más que se pusiera en duda nuestro sistema garante de seguridad ciudadana, tan valorado: Policía y Guardia Civil.
El apoyo de determinados grupos políticos a discursos que cuestionan sistemáticamente a las fuerzas del orden responde, en muchos casos, a una estrategia de confrontación. Durante años han buscado generar tensión social, pero cada vez cuentan con menor respaldo ciudadano.
Las Irene, Belarra, Pablo, Pam, Ana Redondo, Iglesias, Echenique, Ramón, Monedero, Errejón... fueron un mal sueño. Han dejado un rastro de división y confrontación difícil de revertir. Les queda poco para desaparecer del mapa electoral. Pero cuidado: los últimos coletazos pueden ser aún más dañinos; Pedro las necesita y seguirán contando con plataformas de influencia y poder. Fueron y son útiles a sus intereses, cómplices durante estos años. Poco han solucionado más allá de su propia situación, y difícilmente aportarán soluciones reales.
No se irán así como así; el acceso al poder genera dependencia. La gran mayoría no ha trabajado más de seis meses fuera de la política. ¿Cómo es posible que hayan tenido tanto poder e influencia sin una trayectoria que lo respalde? En gran medida, por la necesidad de sostener determinadas mayorías.
Todo esto pone en cuestión la fragilidad de nuestra democracia. No cualquiera debería tener la capacidad de influir de forma decisiva en cuestiones de Estado.
Ahora queda reparar el daño causado: decisiones y leyes que han fomentado la división, el deterioro de la convivencia y la pérdida de confianza en principios fundamentales como la unidad de España, la igualdad ante la ley o la solidaridad entre territorios.
La ciudadanía, con el tiempo, pone a cada uno en su lugar. Mientras tanto, es fundamental mantener el respeto institucional y reforzar todo aquello que garantiza nuestra convivencia.
Este tipo de partidos populistas y defensores de la inmigración sin control han contribuido, en varios países de Europa, a tensiones en la convivencia, con un aumento de delitos y una sensación de desbordamiento en las fuerzas policiales.
Países como Dinamarca, a pesar de tener gobiernos progresistas, y Suiza han sabido controlar qué tipo de inmigración estaban dispuestos a admitir. Aun teniendo un porcentaje considerable de población inmigrante, han aplicado criterios como preparación, profesión, situación legal y antecedentes.
España está a tiempo de no destruirse desde dentro, de no verse desbordada por personas que no se integren o que generen dinámicas violentas. No se trata de rechazar, sino de ordenar y exigir condiciones claras.
En esta Europa actual existen barrios controlados por bandas, donde la Policía tiene serias dificultades para actuar. ¿Eso es lo que queremos para España?
Cuando nos lo contaban de otros lugares, no lo creíamos. Pero esa realidad existe, y está más cerca de lo que parece.
España está a un paso de enfrentarse a ese escenario si no se actúa con determinación.
