Entiendo perfectamente la preocupación de la Iglesia católica, ortodoxa y protestante, e incluso la de los Estados aconfesionales, por la inmigración sin control del islamismo en toda Europa. En un mundo globalizado cabrían todas las religiones y creencias de no ser por el fanatismo que lleva implícita la radicalidad islamista sobre personas adoctrinadas desde niños.
Son conocidos los atentados cometidos en distintos lugares del mundo bajo la justificación de que la inmolación tendría como recompensa una vida eterna. Sin intención de profundizar en este asunto, resulta evidente cómo determinados grupos se aprovechan de personas en situaciones de vulnerabilidad psicológica, crisis de identidad, aislamiento social, dificultades económicas o sometidas a fuertes tensiones geopolíticas. La promesa de una recompensa eterna se combina con un supuesto propósito heroico y con el reconocimiento social para la familia. El ejecutor es presentado como un mártir al que se promete el perdón de sus pecados, el acceso al Paraíso y otros privilegios en el más allá.
Aunque estas narrativas pertenecen fundamentalmente a grupos extremistas y terroristas, Europa no puede ignorar el riesgo que supone la existencia de millones de jóvenes vulnerables, especialmente cuando las entradas irregulares y descontroladas dificultan conocer quién llega, cuál es su situación y qué puede haber detrás de determinadas redes de captación.
Por eso Europa debe ponerse manos a la obra y proteger sus fronteras ante una inmigración que, cuando se produce sin control, puede alterar la seguridad, la convivencia, las libertades y el bienestar de los ciudadanos. Y no hablamos solamente de seguridad: también de unos servicios públicos cuyos recursos no son ilimitados, como la sanidad, la vivienda, la educación o los servicios sociales.
En este tema también se aprecia una preocupante contradicción en determinados sectores del feminismo institucional y político. Durante años hemos asistido a enormes campañas por cuestiones como el beso de Rubiales y contra las agresiones sexuales cometidas por españoles. Sin embargo, cuando aparecen casos protagonizados por inmigrantes, especialmente si afectan a mujeres o menores, el discurso parece perder fuerza. La defensa de la mujer no puede depender de quién sea el agresor. Si creemos realmente en la igualdad, debe aplicarse siempre y sin excepciones.
No se puede utilizar la ideología para dividir y confrontar a la sociedad mientras se mira hacia otro lado ante problemas reales. La defensa de las mujeres, niñas, menores y también de los propios inmigrantes vulnerables debería estar por encima de cualquier interés político, cargo, subvención o chiringuito.
Y conviene dejar algo muy claro: estar en contra de quien entra sin permiso, violentando fronteras, ocupando espacios y utilizando unos servicios públicos que no son ilimitados, no significa estar en contra del inmigrante que pide permiso, viene a trabajar, respeta las leyes y quiere integrarse.
Al Gobierno, sus socios y buena parte del activismo periodístico que lo rodea puede interesarles mezclarlo todo para convertir cualquier crítica a la inmigración irregular en una acusación contra la inmigración en general. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Por eso resulta irresponsable abordar la inmigración únicamente desde la emoción. La compasión no puede sustituir a la política. Un Estado tiene que saber cuántas personas puede acoger, cómo integrarlas, dónde alojarlas y qué impacto tendrá esa llegada sobre la vivienda, la sanidad, la educación, los servicios sociales y la seguridad.
Ayudar al vulnerable es una obligación moral. Pero ningún país puede convertir esa obligación en un compromiso ilimitado. Los recursos no son infinitos y las fronteras tampoco pueden convertirse en una cuestión secundaria.
Y hay otra palabra que debemos recuperar: integración.
Quien llega a España debe ser bienvenido dentro de la ley, pero también debe aceptar las leyes, las normas de convivencia, la igualdad entre hombres y mujeres y los principios básicos de nuestra sociedad. Integrarse no significa crear comunidades paralelas ni exigir al país receptor que renuncie a sus propias reglas.
Defender unas fronteras controladas, una inmigración ordenada y una integración real no es estar contra el inmigrante. Es exigir que exista una política migratoria responsable, que proteja tanto la dignidad de quien llega como la seguridad, la libertad y el bienestar de quienes ya viven aquí.
Europa no puede permitirse ni la ingenuidad ni el silencio. Solidaridad sí, pero también control. Acogida sí, pero dentro de nuestras posibilidades y de la ley. Y, sobre todo, igualdad y seguridad para todos.
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