Regularización contra la UE

La inmigración exige políticas serias, coordinadas y compatibles con el ordenamiento europeo, no decisiones guiadas por cálculos electorales

Las dudas del Tribunal Supremo sobre la legalidad europea de la regularización masiva de inmigrantes promovida por Sánchez confirma la improvisación con la que el Ejecutivo aborda una cuestión de enorme trascendencia. El Alto Tribunal aprecia indicios de que constituye un régimen general de regularización para los extranjeros en situación irregular, susceptible de afectar hasta 1,6 millones de personas, sin la necesaria coordinación con las instituciones comunitarias. La UE ha advertido de los riesgos que este tipo de medidas entrañan para la política migratoria común, especialmente por el efecto llamada que pueden provocar. Pese a ello, el Gobierno vuelve a actuar por libre, ignorando a sus socios y debilitando la posición de España en Europa. La inmigración exige políticas serias, coordinadas y compatibles con el ordenamiento europeo, no decisiones guiadas por cálculos electorales. Convertir un asunto tan delicado en un instrumento de supervivencia política es una irresponsabilidad que amenaza la cohesión social, la seguridad jurídica y la confianza entre los Estados miembros.