El naufragio anunciado o cómo el Gobierno traiciona a la economía real y condena a España
Es 25 de febrero de 2025 y España se hunde lentamente mientras el Gobierno de Pedro Sánchez sigue vendiendo espejismos de prosperidad. Nos hablaron de una recuperación heroica tras la pandemia, de un crecimiento económico que lideraría Europa, de los 140.000 millones de euros del fondo europeo como salvación. Pero la verdad es cruda y no admite propaganda: la economía real -las pymes, los autónomos, los que generan más del 90% de la riqueza de este país- está siendo abandonada a su suerte, mientras el presupuesto público, esa máquina voraz que devora impuestos, no solo se sostiene, sino que engorda indecentemente. Esto no es un descuido; es una traición al país que ataca la línea de flotación de quienes lo mantienen a flote, y el hundimiento, a medio plazo, es inevitable.
Volvamos a 2020, cuando Sánchez prometió un "Plan Marshall" con esos 140.000 millones de euros, de los cuales 72.700 millones serían ayudas directas. ¿Qué pasó? Hasta octubre de 2024, España había recibido apenas 48.300 millones, y gran parte se diluyó en proyectos estatales o en manos de grandes empresas, no en las pymes ni autónomos que se ahogaban. En lugar de alivio, les endosaron créditos ICO -más de 140.000 millones en préstamos-, una deuda que aún hoy, en 2025, sigue asfixiándolos. Según la Seguridad Social, el número de autónomos cayó de 3,3 millones en 2019 a 3,15 millones en 2024, una pérdida de 150.000 emprendedores que no resistieron. Las pymes, mientras tanto, enfrentan un 2024 con un crecimiento del PIB del 3,2% (según Countryeconomy), pero este dato maquillado oculta que el sector privado sigue lastrado por deudas y una presión fiscal que no cede.
Frente a este drama, el Gobierno presume de fortaleza económica. El gasto público ha pasado de 579.000 millones en 2020 a 680.952 millones en 2023 (45,4% del PIB), y en 2024, según el plan presupuestario, supera los 700.000 millones. ¿Quién paga esto? La economía real, que sigue aportando impuestos mientras ve cómo sus recursos se esfuman. En 2023, el empleo público creció un 2,1%, mientras el privado apenas repuntó un 1,5% (INE). En 2024, el turismo y las grandes empresas tiraron del carro, pero las pymes manufactureras y los autónomos siguen cayendo: el índice de producción industrial bajó un 1,2% en 2024 respecto a 2023 (INE). La narrativa oficial dice que el PIB está un 2% por encima de niveles prepandemia, pero para la economía real esto es irrelevante cuando la deuda ICO sigue creciendo y las quiebras aumentaron un 10% en 2024 (Registro Mercantil).
Y ahora, la estocada final. En 2025, el Gobierno negocia condonar 15.000 millones de deuda a Cataluña y abre la puerta a más comunidades autónomas. ¿Quién lo pagará? Los mismos que ya no pueden más: las empresas y autónomos que, tras años de lucha, ven cómo sus impuestos rescatan a otros mientras sus propias deudas -esas de los ICO- quedan olvidadas. Esto es la ruptura del contrato social en letras mayúsculas: los que producen riqueza son exprimidos para mantener a los que no la generan. El déficit público, que bajó al 3% del PIB en 2024, se sostiene con una recaudación récord de 382.755 millones en impuestos, pero a costa de una economía real que no levanta cabeza.
El hundimiento está a la vista. Si las pymes y autónomos colapsan -y en 2024 ya cerraron 28.000 empresas-, la base impositiva se derrumbará. El Estado, que vive de esos impuestos, verá cómo su castillo de promesas se desmorona. Pero este Gobierno tiene una última oportunidad de evitar el naufragio: condonar de una vez los créditos ICO que están matando a las pequeñas y medianas empresas, en lugar de regalarle 15.000 millones a Cataluña para comprar favores políticos. No hacerlo no es solo negligencia; es un sabotaje deliberado a la economía real, una traición al país que nos llevará a todos al fondo. Sánchez aún puede elegir, pero el reloj corre, y la historia no perdona a los traidores.
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