SÁNCHEZ QUIERE YA EL CONTROL DEL TC.

 Sánchez quiere ya el control del TC

Bajo estas condiciones del Gobierno, Carlos Lesmes jamás debería llevar a votación en el CGPJ esta cuestión porque el Poder ejecutivo hurta al judicial un debate independiente

La propuesta urgente del Gobierno para asegurarse una mayoría ideológica afín en el Tribunal Constitucional es un intento desesperado de politizar más la institución, y la enésima maniobra para manipular las previsiones legales a conveniencia de la izquierda. Rigen criterios de oportunismo y de control de las instituciones como respuesta reactiva a una atmósfera de legislatura viciada para el PSOE por el resultado de las elecciones andaluzas. Además, es una ofensiva legislativa improvisada en sentido exactamente contrario al que en su día aprobó la mayoría de la izquierda para maniatar al Consejo General del Poder Judicial, vetándole hacer nombramientos allí donde ya hay más de 60 ya en lista de espera. De este modo, Pedro Sánchez vende como un desbloqueo institucional lo que no es sino una autorización selectiva al CGPJ para hacer estrictamente los nombramientos que le interesan a Moncloa en el TC.

Los doce magistrados del TC se renuevan por cuartos cada tres años. El mandato de cuatro de los actuales magistrados venció el 12 de junio. Cuatro son renovados por el Congreso, cuatro por el Senado, y de los cuatro finales –el actual turno de renovación- dos son designados directamente por el Gobierno y otros dos, por el CGPJ. Pero al tener cercenada cualquier designación de nuevos cargos gracias a la ley que aprobó Sánchez, el CGPJ no podía proponer tampoco nuevos consejeros del TC. En su día, Sánchez actuó de ese modo por temor a que el sector conservador, mayoritario en el CGPJ, copase las designaciones de plazas judiciales determinantes en el Supremo o los tribunales superiores.

Por eso Sánchez rectifica ahora con la intención de dar un vuelco ideológico al TC para varios años, asegurándose tres de las cuatro plazas en juego. La primera consecuencia fue la reacción de Alberto Núñez Feijóo avisando de que Sánchez rompe así cualquier puente posible de negociación para renovar el CGPJ, que lleva ya tres años en prórroga. Pero Sánchez no quiere negociar ninguna renovación institucional con el PP, sino imponer sus cuotas llevando al límite la propia ley aunque sea a costa de contradecirse.

Sánchez lo hace acuciado por las prisas tras sus fracasos electorales. Moncloa busca una acumulación de poder en el mayor número de instituciones posible –este es un caso acelerado similar al de Indra-, y de paso, repartir cargos entre afines cuanto antes. Si llegase a fructificar esta renovación, el Gobierno se garantizaría así la posibilidad de mantener una mayoría progresista aun en el supuesto de que el PP ganase las elecciones generales, y bloquear desde ahí futuras renovaciones de modo idéntico a como ocurre ahora.

En clave política, el movimiento es un atajo torticero y arbitrario y daña la credibilidad de la justicia. El ministro de Presidencia Félix Bolaños es consciente de que Carmen Calvo fue fulminada por su incapacidad para torcer el brazo al TC durante sus debates sobre el estado de alarma. Por eso Moncloa actúa de modo más expeditivo retorciendo la ley. Además, está dando por descontado que el CGPJ pactará dos candidatos y que el propio TC avalará la idoneidad de los cuatro. Pero, ¿y si no es así? Los vocales progresistas no disponen en el CGPJ de los votos necesarios para proponer candidatos y necesita a la mayoría conservadora. Y dada la tensión existente, el Gobierno no tiene fácil salir victorioso.

Bajo estas condiciones del Gobierno, Carlos Lesmes jamás debería llevar a votación en el CGPJ esta cuestión porque el Poder ejecutivo hurta al judicial un debate independiente. También haría bien el TC en resolver de una vez por todas el recurso de inconstitucionalidad contra aquella reforma de Sánchez que prohibía al CGPJ hacer nombramientos, porque esa sentencia es la clave de bóveda para evitar este abuso. Abuso, por otra parte, que Sánchez necesita negociar con los independentistas, nacionalistas y partidos antisistema, que querrán colocar en el TC a su propio magistrado.

La regeneración de la Justicia es una exigencia urgente de higiene democrática. Y este criterio afecta por igual al PSOE y al PP porque ambos contribuyen de manera idéntica al desprestigio y manoseo de las instituciones. Esto, sin un pacto de Estado leal, ya no es asumible por más tiempo.