POR ENCIMA DE LA LEY SECTARISMO

 Por encima de la ley, sectarismo

Las leyes no representan un impedimento para Marlaska, y tampoco la presunción de inocencia, aún menos cuando en su punto de mira sitúa a personalidades de la talla política de Rajoy

La condición de magistrado de Fernando Grande-Marlaska y su experiencia en los tribunales de Justicia representaron, a priori, una garantía para el respeto más escrupuloso al ordenamiento jurídico por parte del Ejecutivo al que se incorporó en junio de 2018. Sin embargo, el sectarismo con que el titular de Interior ha actuado -dentro de su propio departamento y también como miembro de un Gobierno que no ha dudado en doblegar de forma sistemática las leyes, cuando no quebrantarlas- lo invalidan como defensor de la misma legalidad que un día aplicó como juez. La imparcialidad se quedó colgada hace cuatro años, junto a la toga. ABC publica hoy el informe elaborado por la Abogacía del Estado sobre la presunta infracción por parte de Mariano Rajoy del confinamiento decretado por Pedro Sánchez, más tarde declarado inconstitucional.

A partir de una grabación emitida de forma machacona y continuada por una de las emisoras de televisión más próximas a la factoría de propaganda de La Moncloa, la Dirección General de la Policía propuso para sanción, y con la máxima celeridad, al expresidente del Gobierno, señalado en las pantallas y las redes sociales -en un momento crítico para la sociedad, víctima de un arresto domiciliario y arbitrario- y acusado por los agentes que deben obediencia a Grande-Marlaska, quien no tuvo empacho entonces en proclamar de forma solemne la primacía del «principio de legalidad» y en asegurar que la identidad de un sospechoso, en este caso Mariano Rajoy, no determina la aplicación de la norma. A tenor del texto elaborado por la Abogacía del Estado, la Policía hizo todo lo contrario, y fueron el nombre y la relevancia pública de Rajoy los factores que inclinaron la balanza de una persecución genuinamente política. La Abogacía desmonta de forma detallada la farsa de una prueba inexistente, y no con la intención de descalificar a Marlaska, sino de evitar que el exjefe del Ejecutivo fuera objeto «de un procedimiento sancionador de manera infundada».

Si la Justicia es o debe ser ciega, el ministro de Interior hace todo lo posible para quitarle la venda de los ojos. No son nuevas las marrullerías políticas de un juez que parece haber olvidado aquel ‘principio de legalidad’ del que hablaba mientras sometía a Mariano Rajoy a un acoso que de la pantalla televisiva, referencial durante el primer estado de alarma, no tardó en saltar a la Delegación del Gobierno. El pasado agosto, una juez de Ceuta ya puso de manifiesto la singular interpretación del principio de legalidad por parte de un ministro de Interior que pasó por alto la norma que a todos obliga al tratar de repatriar sin garantía jurídica alguna a los menores que habían entrado en la ciudad autónoma. Las leyes no representan un impedimento normativo para el magistrado Marlaska, y tampoco el principio de presunción de inocencia, aún menos cuando en el punto de mira del ahora ministro se sitúan personalidades de la talla política de un expresidente del Gobierno o cualquier otro dirigente de lo que suele calificar de ‘extrema derecha’, tal como hizo a partir del fantasmal envío de balas durante la campaña electoral de Madrid, en la que para combatir ‘el odio’ llegó a sacar a escena a la directora de la Guardia Civil. A Fernando Grande-Marlaska, que tuvo su mejor época como juez, no hace falta que la Abogacía del Estado o un mero juzgado de instrucción le reconvengan y le marquen la línea roja de nuestro ordenamiento jurídico. Él mismo se empeña en devaluar su propia trayectoria al hacer del departamento que dirige una oficina de intereses, particulares y políticos.