La Fiscalía rebaja en casi 6 millones la factura judicial contra los líderes del golpe secesionista de Cataluña
En noviembre fue apartada del caso la magistrada instructora, Margarita Mariscal de Gante, en enero la Abogacía del Estado retiró sus acusaciones y ahora la Fiscalía reduce a la tercera parte la liquidación provisional que firmó la juez
La causa que se sigue en el Tribunal de Cuentas (TCu) contra los líderes del golpe independentista catalán continúa desinflándose. Lleva meses haciéndolo, y este viernes confirmó un paso más en esa dirección, al hacerse público a cuánto asciende la demanda que la Fiscalía ha presentado finalmente contra los cabecillas de aquella intentona secesionista, entre los que se cuentan el ‘expresident’ fugado Carles Puigdemont y el que era su vicepresidente en la Generalitat, Oriol Junqueras.
En total, la Fiscalía reclama a los 35 acusados un total de 3,4 millones de euros por las dos causas abiertas contra ellos en el Tribunal de Cuentas. La cantidad dista enormemente de la que calculó el propio TCu y que ha sido el punto de partida de cara al juicio que tendrá que seguirse próximamente.
La liquidación provisional recogida en las diligencias ascendía a un total de 9,05 millones de euros, a la que añadía casi medio millón de euros más en concepto de intereses. Es decir, la Fiscalía pide a los cabecillas del ‘procés’ casi 6 millones de euros menos de lo apuntado en esa liquidación provisional que certificó quien instruyó las diligencias en el TCu, la magistrada Margarita Mariscal de Gante, que en el pasado fue ministra de Justicia del presidente José María Aznar (PP).
Sánchez, independentistas y el PP de Casado
Tras conseguir que el Gobierno de Sánchez indultara a los líderes políticos del golpe que fueron condenados a prisión por el Tribunal Supremo, los partidos independentistas pusieron en su punto de mira a Mariscal de Gante. Apartarla de la causa se convirtió en un objetivo político y procesal en defensa de los cabecillas del proceso secesionista. Y esta aspiración la hicieron valer el pasado otoño, cuando tuvieron en su mano –una vez más– al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El Gobierno dependió de los votos del secesionismo para aprobar en el Congreso el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022. Al final, Sánchez se garantizó esos votos y, a la par, se activó la renovación del Tribunal de Cuentas con la que se apartó a Mariscal de Gante. Eso sí, con el concurso decisivo del PP de Pablo Casado, porque aquella renovación del TCu fue bendecida en un pacto que rubricaron en octubre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea. Sellado el pacto, en noviembre se consumó lo acordado: la instructora de la causa del ‘procés’ en el TCu fue apartada, entraron nuevos consejeros y este tribunal estrenó consejera, Enriqueta Chicano, avalada por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos.
El Gobierno retiró a su Abogacía
Aquello fue un paso decisivo, pero solo el primero. En enero, la Abogacía del Estado, que depende orgánicamente del Gobierno, se retiró de la causa. Es decir, desistió en las acusaciones que había ejercido hasta entonces. Así que, como la Generalitat no ha querido personarse para recuperar el dinero que los independentistas le desviaron ilíticamente para el ‘procés’, se da la paradoja de que en esta causa del TCu se intenta que los culpables repongan los caudales públicos que fulminaron para su golpe independentista, pero ninguna Administración pública los reclama en el procedimiento.
Para más inri, se permite que la Generalitat avale a los acusados de haberla defraudado, de forma que va a responder por sus fianzas. El TCu no lo permitió en su momento, pero en febrero reculó. Así que, de momento, los bolsillos de los cabecillas del ‘procés’ pueden respirar más tranquilos: la Administración autonómica directamente perjudicada, en vez de actuar judicialmente contra ellos avala sus fianzas, gracias a ese cambio de criterio rotundo del renovado Tribunal de Cuentas, que para ello ha admitido la tesis de la «indefensión» que alegaron los independentistas.
Y ahora, la Fiscalía
Con todos estos antecedentes, ahora se conoce la posición de la Fiscalía, la demanda que ha presentado en este proceso que encara la celebración del juicio en el Tribunal de Cuentas. Los 35 cargos públicos y funcionarios que están encausados responden por dos causas distintas, pero perfectamente conectadas por la hoja de ruta independentista. Por una parte, el TCu dirime el dinero público que la Generalitat desvió para costear la organización material del referéndum secesionista ilegal del 1 de octubre de 2017, el que sirvió para la fugaz declaración de independencia tras la que huyó Puigdemont. Por otra parte, se dilucida el dinero público que utilizaron, previamente, para promocionar las tesis independentistas valiéndose del presupuesto del departamento de Acción Exterior de la Generalitat, con el organismo Diplocat como entidad de bandera.
Cifras multimillonarias
La liquidación provisional que hizo el TCu en las diligencias cifró en 5,15 millones los fondos públicos ilícitamente desviados por la Acción Exterior de la Generalitat para sus desvaríos secesionistas. Y en 3,9 millones los gastados en la organización material del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Ahora, sin embargo, la Fiscalía rebaja drásticamente la cifra. Su demanda es de mucho menor importe: cifra en 2,21 millones lo desviado por Acción Exterior y 1,22 millones los fondos públicos destinados al referéndum ilegal.
La posición de la Fiscalía va a resultar decisiva ante un Tribunal de Cuentas en el que, a la par, se ha producido un sustancial cambio de atmósfera desde que el Gobierno logró renovarlo tras sus pactos con los partidos independentistas y de acuerdo con el PP de Casado.
Al peso que la Fiscalía tiene en cualquier proceso judicial se le añade el hecho de que, en esta causa en concreto, solo queda otra parte personada, la acusación popular que ejerce Sociedad Civil Catalana. Nadie más ejerce acusación, una vez que el Gobierno retiró del proceso a la Abogacía del Estado y la Generalitat, que sigue en manos del independentismo, no ha querido actuar contra los cabecillas del ‘procés’ que pusieron sus fondos públicos al ilícito servicio del golpe secesionista.
La demanda de Sociedad Civil Catalana, por cierto, también pide que se le reclamen a los procesados más millones de los que les solicita la Fiscalía. Y eso que la acusación popular ha contado con limitaciones a la hora de acceder a pruebas con las que respaldar documentalmente su reclamación de cantidades.
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