La izquierda y los nacionalistas rechazan la propuesta de Vox para proteger a los denunciantes de corrupción
La formación de Abascal ha llevado al Congreso una Proposición de Ley que también incluía la reforma de los indultos y castigar las consultas ilegales. Solo lo han apoyado PP, Ciudadanos y Foro Asturias.
Los grupos parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos y de los partidos independentistas y nacionalistas han rechazado este martes en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley, presentada por Vox, para la protección de los denunciantes de corrupción. Las formaciones en el Gobierno y sus socios han esgrimido algunos razonamientos técnicos para negar la propuesta, pero especialmente las disposiciones incluidas para la modificación de la ley de indultos y castigar la celebración de referendos ilegales, entre otras. Solo lo apoyaron PP, Ciudadanos y Foro Asturias, que como el resto votará esta tarde-noche, aunque ya avanzaron sus intenciones.
La Proposición de Ley, que ya se llevó a la Cámara Baja en 2019, ha sido defendida por la diputada Macarena Olona. Abogada del Estado de profesión, Olona ha explicado la «soledad» que sintió en su labor contra la corrupción y ha aludido a varios episodios que, según su experiencia, han marcado la redacción del texto. La también portavoz adjunta de Vox en el Congreso ha detallado el contenido de la propuesta, centrada en trasladar una directiva comunitaria en lo referente a establecer un marco de protección para aquellos que alerten de ilícitos penales en las instituciones públicas. Así, basada en la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana, como ha indicado la propia Olona, prevé la constitución de una autoridad independiente que vele por el buen funcionamiento de la Administración, salvaguardar a quienes actúen como fuente de los medios de comunicación, parte esencial en la denuncia de la corrupción, y un régimen sancionador con multas de hasta 400.000 euros para quienes tomen represalias contra los denunciantes.
Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, ha sido especialmente cariñoso y receptivo con la propuesta de Olona, habida cuenta de que trabajaron juntos en la lucha contra la corrupción, también como abogado del Estado. «Es un trabajo magnifíco que adapta a la perfección la normativa europea», ha dicho Bal, que solo ha mostrado reticencias en la cuestión de premiar con un 10 por ciento para el denunciante –más allá de las posibles indemnizaciones– y las obligaciones de confidencialidad. Pedro Navarro, del PP, detalló el apoyo claro de su grupo con la salvedad de que lo que más les preocupa es quién desempeñará el cargo de la autoridad indepediente y sus funciones. « Si depende del ministro de Justicia, acabamos viendo de presidente de la autoridad independiente a cualquier ministro», ha señalado el diputado popular.
Si bien el caso de la corrupción es un argumento recurrente en la cámara, desde la trama Gürtel a los ERE, lo cierto es que la mayoría de los grupos se ha posicionado en contra y han rechazado que traslade correctamente la directiva europea. Quien más beligerante ha sido en ese sentido es el diputado de Unidas Podemos Pedro Antonio Honrubia, que en un tono bastante bronco ha reprochado a Vox su relación con el PP, su supuesto silencio con la corrupción de la Monarquía y las «amenazas» que lanzaron al secretario de Facua, Rubén Sánchez, cuando acusó de prácticas corruptas al entonces líder de la formación en Andalucía, Francisco Serrano. «No tienen ni la más mínima credibilidad», ha espetado.
El denominador común de sus exposiciones, sin embargo, ha sido vetar la Proposición de Ley por incluir la reforma de los indultos. Joan Baldoví, de Compromís, ha asegurado estar a favor en muchas de las cuestiones planteadas, pero no podía apoyas las «extravagancias y animaladas» relativas a la medida de gracia a los condenados por el referéndum ilegal o las consultas. Elvira Román, diputada socialista, ha hecho lo propio y ha rechazado la propuesta por dos motivos fundamentales: porque el Gobierno ya tiene avanzado un proyecto de Ley en ese sentido y porque, a su juicio, ni Vox se ha tomado en serio la moción. «Ha sido una excusa para hablar del tema de la semana de los indultos», ha declarado Román, que también ha tenido tiempo para aflorar los casos de corrupción del PP justo el mismo día que el Gobierno de Pedro Sánchez ha indultado a los políticos presos por el 'procés', condenados por malversación y sedición.
Reforma de los indultos
La proposición de Vox incluía una serie de disposiciones finales que, más allá de la protección al alertador, aspira a modificar la Ley de Indultos de 1870, el Código Penal, la legislación penitenciaria o la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar los plazos en la instrucción de causas judiciales, entre otras. Así, la formación de Abascal planteaba prohibir por ley la medida de gracia para condenados por terrorismo, financiación ilegal de partidos políticos, o contra la Administración Pública, la Administración de Justicia, la Hacienda Pública, la Seguridad Social o los de traición, rebelión, sedición y contra la Constitución.
El texto abogaba también por penar las consultas populares al margen de los cauces establecidos con nuevos artículos en el Código Penal. En ese sentido, prevé castigos de hasta cinco años de prisión para las autoridades o funcionarios públicos que sin tener competencias convoque consultas populares o referendos de los previstos en la Constitución o las instituciones del Estado.
También condenas para las autoridades o funcionarios que faciliten la celebración de estas consultas ilegales, con penas de uno a tres años de cárcel e inhabilitación absoluta por un tiempo superior a la pena de prisión, y castigos de tres a cinco años para aquellos que doten estas iniciativas de fondos públicos, subvenciones o ayudas a asociaciones ilícitas o partidos políticos suspendidos por conductas relacionadas con delitos de terrorismo.
ES QUE MANDAN LOS CORRUPTOS,ESPAÑA ESTÁ EN UNA MAFIA TOTAL.
No hay comentarios:
Publicar un comentario