LA PELEA EN EL GOBIERNO POR EL FONDO DE 11.000 MILLONES EN EL ABISMO A UN MILLÓN DE PYMES Y AUTÓNOMOS

 La pelea en el Gobierno por el fondo de 11.000 millones deja en el abismo a un millón de pymes y autónomos

Unidas Podemos busca ampliar las ayudas a fondo perdido hasta los 8.000 millones y a todos los sectores mientras Economía, Hacienda y Moncloa consideran que puede ser «improductivo» dar fondos públicos a empresas «zombies».

El nuevo pulso en el seno del Gobierno de coalición mantiene en el aire la aprobación mañana del nuevo paquete de ayudas de 11.000 millones de euros que el presidente del Gobierno anunció el pasado miércoles 24 en el Congreso y del que nada concreto se sabe hasta la fecha. Los ministros del PSOE y Moncloa se sitúan en un bando mientras los representantes de Unidas Podemos en el contrario. Y de fondo, como foco del conflicto, el porcentaje de ayudas directas que se dedican del monto total.

El debate ha escalado de las tradicionales disputas entre los ministerios económicos y participan ya de la discusión tanto el gabinete del presidente del Gobierno como la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo. No obstante, pilota las conversaciones el ministerio de Economía y, por parte de Unidas Podemos, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, que, según fuentes de su entorno, este fin de semana propuso que de los 11.000 millones del fondo un total de 8.000 fueran en ayudas directas, punto al que no accedió Calviño. El plan todavía no está cerrado por lo que la posibilidad de que vaya mañana al consejo de ministros es aún una incógnita y el Gobierno podría darse una semana más de plazo si las posiciones no se acercan.

El debate no es menor, pues se desarrolla en un momento en que en torno a un millón de empresas se encuentran en una situación límite. De hecho, las cifras del Consejo General del Poder Judicial arrojan que en 2020 se registraron 13.741 concursos de acreedores, lo que supone un incremento del 14,2%, pese a estar vigente la moratoria concursal impulsada por el Gobierno y que elimina la obligación de presentación.

En ese casi millón de empresas estarían los cerca de 600.000 autónomos que están parados y cobrando el cese extraordinario de actividad y en torno a 250.000 empresas que tienen su plantilla en ERTE, hoy en torno a 900.000. Recuerda Lorenzo Amor, presidente de ATA, que las empresas que están cobrando el paro de los autónomos han tenido una caída del 50% en sus ingresos y que las que mantienen a sus trabajadores bajo el paraguas de las extinciones no están muy holgadas de liquidez.

Por ello asegura que «el Gobierno debería asumir su responsabilidad y, como han hecho otros ejecutivos europeos, compensar a las empresas a las que se ha obligado a restringir su actividad». Para el también vicepresidente de la CEOE «el plan de ayudas que prepara el Gobierno debería destinar, como mínimo 6.000 millones en transferencias directas que faciliten la liquidez. Esta es la única opción para salvar actividades y empleos», dice.

En el entorno de Podemos se pelea por ampliar el montante de ayudas a fondo perdido que contemplen el programa, mientras desde el ala socialista se pide mesura pues se considera que puede ser «improductivo» dar fondos públicos a empresas «zombies». Desde Moncloa, Hacienda y Economía, sin embargo, se busca controlar el destino de los fondos, y se propone instrumentar algún tipo de condicionante que obligue al pago de, por ejemplo, los gastos fijos de las empresas, dado que se considera que el mantenimiento de la plantilla ya se está asumiendo con los ERTE. Lo que se rechaza es hacer «una transferencia sin condiciones ni filtros».

En concreto, desde la formación morada defienden que las ayudas no se filtren por sectores, sino que sean accesibles a todas las empresas que haya sufrido una caída drástica, de entre el 30% y el 40% de su facturación en 2020. Y que cubran hasta un 80% de sus costes fijos. La cobertura de los costes fijos es uno de los puntos de concordancia con el ministerio de Economía, que también verían con buenos ojos este extremo.

La tensión en el mundo empresarial sobre este paquete de ayudas es máxima. Las empresas más afectadas por la pandemia han reclamado en numerosas ocasiones que las ayudas sean a fondo perdido y no de carácter financiero. Al igual que la banca, que ha rechazado la posibilidad de aprobar quitas a los préstamos ICO. Sin embargo, la ministra Calviño ha situado el sobreendeudamiento de algunas compañías en el centro del problema, lo que hace pensar que los instrumentos puedan ser de carácter financiero.

Unidas Podemos, sin embargo, se ha alineado con las tesis empresariales y defiende que este sobreendeudamiento es consecuencia de la caída de los ingresos y además se considera que sería mejor posponer el proceso de reestructuración hasta que la recuperación esté ya asentada. Además se critica desde la formación morada que la reestructuración de los ICO solo vaya a beneficiar a aquellas empresas que optaron por endeudarse con estos créditos y no a las que han soportado estos meses de crisis con sus ahorros, extremo en el que también ha incidido la CEOE. Las diferencias llegan en la condicionalidad que la formación de Pablo Iglesias busca establecer a estas ayudas y que reside en el mantenimiento del empleo. Fuentes cercanas apuntan a que defienden imponer el compromiso de mantener entre el 70% y el 80% de la plantilla en 2021 y 2022.

Otro punto de conflicto está siendo si las ayudas se canalizan desde el Estado o desde las Comunidades Autónomas. Mientras desde Unidas Podemos se defiende que la manera más eficaz de ejecutarlas sería el ministerio de Economía, o la Agencia Tributaria, desde el departamento de calviño se ha señalado en diversas ocasiones a las comunidades, pues ya han puesto en marcha sus propios programas y, además, se considera están más cercanas a los problemas de las empresas de sus territorios.

TODOS A GOLPES POR CAERSE CON EL BOTÍN.