EL CONGRESO DEROGARÁ HOY LAS PENAS DE CÁRCEL PARA LOS PIQUETES VIOLENTOS.

 El Congreso derogará hoy las penas de cárcel para los piquetes violentos

La norma llegará al Senado donde el PSOE pedirá la tramitación urgente para que la norma esté lista el Primero de Mayo.

El Congreso dará hoy luz verde a la derogación del artículo del Código Penal que incluía las penas de cárcel entre los castigos a los piquetes violentos de las huelgas. Se trata de la última votación antes de su remisión al Senado, donde la iniciativa completará su tramitación. Este último trámite se prevé exprés, pues el PSOE ya anunció que solicitará la vía de urgencia para reducir los plazos a la mitad, de tal forma que pueda estar en vigor para el día 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador. No obstante, si los senadores aprueban enmiendas, el Congreso tendría que volver a pronunciarse sobre ellas.

Con la derogación del artículo 315.3 del Código Penal se satisface una de las viejas reivindicaciones de los sindicatos, así como una promesa constante de los partidos del ala izquierda, que han venido reclamando su anulación al haberse juzgado y condenado a más de 300 personas, en su mayoría sindicalistas, por su participación en piquetes violentos en las huelgas generales del 29 de septiembre de 2010, del 29 de marzo de 2012 y el 14 de noviembre de ese año. Fue la primera vez en democracia que los sindicatos convocaron dos huelgas generales en un mismo año, en ambos casos contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Ninguno de los acusados, sin embargo, ha ingresado en prisión»

El mencionado artículo 315.3 establece que «quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses». No obstante, su eliminación implica recortar también otro derecho fundamental, el de acudir al trabajo, según coinciden expertos juristas consultados por este diario, y tal y como ha denunciado también el Partido Popular.

La iniciativa que se vota hoy fue planteada por el PSOE en septiembre de 2020 e incluye, además de la derogación del artículo, la revisión de las sentencias firmes dictadas de conformidad con la legislación que se deroga. El Gobierno cuenta con el apoyo de sus aliados parlamentarios habituales, a excepción del PNV, socio prioritario, que se ha desmarcado en esta ocasión. De hecho, el diputado vasco Mikel Legarda ha defendido en su enmienda que se mantengan las penas de cárcel para los abusos que puedan cometer los piquetes en una huelga, aunque rebajando los años de prisión previstos a solo uno, o dos en caso de que se lleven a cabo con coacciones y ha alertado del «efecto bumerán» que puede suponer aplicar el tipo genérico del delito de coacciones.

PP, Vox y Ciudadanos han mostrado su rechazo de plano y ha alertado de que esta medida puede suponer un incentivo a la violencia. El PP, en palabras del diputado Jaime de Olano, ha reclamado mantener la actual redacción para evitar un «trato de favor a los encausados» por este delito. Olano ha remarcado además su defensa por el derecho de huelga, aunque ha insistido en proteger también el derecho al trabajo. «Hay que proteger a los trabajadores en las dos esferas», ha dicho.

Desde Vox, el diputado Juan José Aizcorbe, ha aseverado que «España necesita trabajo, oren y ley», al tiempo que ha acusado al PSOE de «armar de insolencias el desorden». Ciudadanos, por su parte, se ha preguntado si es necesario plantear este debate, cuando millones de trabajadores están sin trabajo. Pablo Cambronero, diputado que ha defendido la postura del grupo naranja, se ha mostrado tajante: «No van a quedar trabajadores, ahora hay que hablar de crear empleo».

La defensa de la derogación ha corrido por cuenta de los miembros del Gobierno de coalición, así como de buena parte del bloque en que se sustentó su investidura. Desde EH Bildu, Oskar Matute ha defendido que «nadie hace huelga por capricho, es una necesidad, para autodefenderse y mantener el puesto de trabajo». Desde ERC, el diputado Jordi Salvador ha aprovechado su defensa para renovar la advertencia lanzada el martes por su portavoz, Gabriel Rufián: «Nuestra paciencia se está acabando», ha dicho al criticar la lentitud con que se ha llevado a cabo la reforma, en línea con otros de los compromisos de la coalición.

Desde Unidas Podemos, Aína Díaz, ha calificado el artículo 315.3 como un «artículo que criminaliza un derecho fundamental» y, tras recordar sus orígenes sindicalistas, ha ironizado con que «el piquete más efectivo y violento es el de la patronal, que vulnera derechos fundamentales con total impunidad. Por eso no hay empresarios juzgados por el 315.3, solo sindicalistas sin antecedentes penales». Desde el PSOE, la diputada Sandra Fernández, ha celebrado el saldo de una «deuda pendiente con el sindicalismo» y ha vuelto a sacar a relucir la crisis de 2008: «Su salida de la crisis fue abaratar despidos y reducir salarios. Cortaron los cables del ascensor social», ha dicho.

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