El Congreso da luz verde al asalto del Poder Judicial y remite la reforma al Senado
La Cámara Baja aprueba el recorte de funciones del órgano por 196 votos a favor frente a 150 en contra
La cuenta atrás activada por el PSOE y Podemos en diciembre para forzar al PP a negociar el relevo del Consejo General del Poder Judicial se agota sin haber logrado su objetivo. La ley que permitirá al Gobierno tomar el control del máximo órgano de los jueces ha regresado este jueves al hemiciclo para su aprobación y su posterior remisión al Senado para la luz verde definitiva. Será entonces cuando entrará en vigor e impedirá que este órgano realice nuevos nombramientos mientras siga en funciones.
El texto ha salido adelante por 196 votos a favor(los dos socios de coalición y el bloque republicano), frente a 150 en contra (PP, Vox y Ciudadanos) y una abstención. La amplia mayoría obtenida ignora las numerosas advertencias enviadas por la Comisión Europea respecto a que cualquier reforma judicial debe llevarse a cabo dando audiencia a todos los agentes implicados, incluyendo la Comisión de Venecia.
El Gobierno y la mayoría progresista en el Congreso han desoído una y otra vez estos avisos europeos así como las peticiones del propio Poder Judicial para que se le permitiera informar de la reforma.
Paralelamente, la presión de los socios de coalición no ha torcido el brazo a los populares y las opciones de acuerdo siguen rotas ante el empeño del PSOE de mantener el nombramiento del juez Ricardo de Prada como obligatorio.
Una condición que los populares han advertido repetidamente que no pueden aceptar porque fue éste quién incluyó en la sentencia del caso Gürtel afirmaciones que posteriormente el Tribunal Supremo consideró «excesivas» sobre la caja B del PP y que precipitaron la moción de censura que echó a Mariano Rajoy de La Moncloa.
«Si quieren pacto, que quiten a De Prada»
«Si quieren el pacto ya saben lo que tienen que hacer: quitar a De Prada. Cuando lo hagan que nos llamen. Mientras tanto, que no se molesten», explicaban en días pasados fuentes populares. El Gobierno, por su parte, se ha mantenido en que no acepta vetos de Génova porque no se los ha puesto a los populares.
El debate parlamentario de este jueves ha dejado constancia de que las posturas siguen completamente enquistadas. Aunque el tono ha sido bastante menos bronco que cuando la iniciativa fue tomada en consideración por el hemiciclo y llovieron los insultos a los jueces, PP y PSOE se han acusado mutuamente de querer controlar el Poder Judicial, mientras Vox y Ciudadanos les acusaban de politizarlo y desprestigiarlo al querer perpetuar el sistema de reparto.
El PSOE pide «grandeza» al PP
La posición socialista fue defendida por el diputado Francisco Aranda insistiendo en la necesidad de establecer un marco normativo que regule la actividad del Poder Judicial cuando se encuentra en funciones. El parlamentario socialista pidió «grandeza» a los populares a los que advirtió que «solo les queda Vox» en alusión a la moción de censura en Murcia y la convocatoria electoral en Madrid.
Desde el PP, fue el diputado Luis Santamaría quien expuso el rechazo de su grupo reprochando que se trata de una reforma realizada de espaldas a los jueces y a los órganos consultivos, con el único objetivo de hacer chantaje a Génova.
Vox, por su parte, y por boca de su secretario general, Javier Ortega Smith, cargó contra los «intereses bastardos» de PP y PSOE a los que acusó de bloquear la Justicia solo para poder repartirse los nombramientos en el máximo órgano de gobierno de los jueces.
En cuanto a Unidas Podemos, el líder del Partido Comunista,Enrique Santiago, tomó la palabra para acusar a los jueces de intervenir en el poder legislativo y realizar nombramientos que consideró ilegítimos por encontrarse en funciones. No obstante, centró sus reproches en el PP al que acusó de bloquear la renovación del Poder Judicial con una actitud «sediciosa». Según aseguró, Podemos no ha propuesto ningún nombramiento para este órgano porque «nadie» le ha preguntado.
Desde Ciudadanos, su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, fue muy crítico con el PSOE por saltarse la petición de informes de los órganos consultivos y considerar que la Justicia tiene ya suficientes recursos. No obstante, cargó contra socialistas y populares al mismo tiempo al acusar a ambos de estar interesados únicamente en el reparto de los cargos de la Justicia.
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