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miércoles, 17 de febrero de 2021

PSOE,PODEMOS E INDEPENDENTISTAS TUMBAN EL PLAN DEL PP PARA PODER DESALOJAR A LOS OKUPAS EN 12 HORAS.

 PSOE, Podemos e independentistas tumban el plan del PP para poder desalojar a los okupas en 12 horas

La propuesta incluía también medidas para endurecer la legislación actual como la inclusión de penas de cárcel.

La nueva ley anti okupas propuesta por el PP ha sido tumbada en el Congreso gracias a la mayoría que forman PSOE, Unidas Podemos y los grupos independentistas. La propuesta incluía medidas para endurecer la legislación actual como la inclusión de penas de cárcel, facilitar que la Policía pueda desalojar a los okupas en un plazo de 12 horas, la prohibición a los ayuntamientos de empadronar a quienes residan ilegalmente en inmuebles ajenos a su propiedad o aumentar la protección de los vecinos afectados.

La diputada popular Ana Zurita, que ha defendido la proposición, insistió en la necesidad de diferenciar entre un frenar un desahucio y amparar una okupación y cargó contra el Gobierno por «incitar» a esta práctica al hacer que «los ilegales no gocen de la misma protección» que la gente que cumple la ley. Según Zurita, la ley integral del PP revierte el procedimiento actual, porque defiende la propiedad privada y trata la okupación como lo que es, un delito penal. «No se puede hacer política de vivienda bajo el paraguas de la okupación».

Sin embargo, la iniciativá se ha topado con las críticas del bloque de investidura de Sánchez. El PSOE tildó la propuesta del PP de anécdota, innecesaria y supérflua». Unidas Podemos, Bildu, ERC, Compromís o el BNG, por su parte, aseguraron que los populares están «sobredimensionando» el problema de la okupación.

En concreto, la iniciativa de los populares consideraba necesario mejorar la defensa de las viviendas pues «el ordenamiento jurídico debe ser adaptado y mejorado para permitir una protección efectiva de los titulares de derechos». «Y, además, ha de tener en cuenta un bien jurídico a proteger que hasta ahora no ha tenido debida consideración: la convivencia vecinal pacífica y respetuosa en aras de la seguridad de las personas y las cosas», añade.

Además, la propuesta del PP abría la puerta a que en los procesos intervinieran las comunidades de propietarios, a las que se les dotaba de medios de defensa jurídica. La clave de esta propuesta era que las comunidades de vecinos y los propietarios que son personas jurídicas pudieran acudir directamente a los tribunales, pues bajo esta figura no solo se encuentran los fondos de inversión, sino también inmobiliarias, pequeños autónomos o pymes.

No obstante, el texto precisaba que esta reforma nada tiene que ver con «la debida protección de los más desfavorecidos», las «situaciones en precario» y la garantía de la vivienda. «No deben, por tanto, confundirse las necesidades de vivienda y su cobertura con la lucha contra la delincuencia, las actividades incívicas y las conductas que pongan en riesgo la seguridad de las personas y las cosas», concluía el PP.

ES EL COMUNISMO QUE QUIEREN EN ESPAÑA.

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