Los ministros Montero y Planas autorizaron el préstamo irregular de 8,4 millones a Isofotón
El juez y la Fiscalía Anticorrupción piden el acta de la reunión que validó la operación.
La onda expansiva del caso Isofotón, la empresa a la que la Junta concedió 80,5 millones de euros poco después de venderse por un euro, alcanza al Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. Los actuales ministros de Hacienda y de Agricultura, María Jesús Montero y Luis Planas, formaron parte de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos celebrada el pasado 3 de julio de 2012 que autorizó concederle un préstamo de 8,39 millones de euros a la empresa fabricante de placas solares plagado de irregularidades que investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla.
Ya son tres los ministros salpicados por esta causa. Como desveló ABC, la actual vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez, dirigió para Isofotón la implantación del proyecto estratégico de la fábrica de placas solares con Samsung que la Junta de Andalucía financió con dicho préstamo.
Según la Fiscalía Anticorrupción, la Junta de Andalucía concedió el crédito público a pesar de que los informes técnicos ya ponían de manifiesto la crisis que atravesaba la compañía y el riesgo que corría de perder el dinero público.
Mediante una providencia, la juez que instruye esta causa de supuesta corrupción en la que están imputados 37 antiguos responsables de los gobiernos socialistas en Andalucía ha solicitado a la Consejería de Presidencia de la Junta el acta de dicha sesión. La magistrada Patricia Fernández da este paso después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara un escrito el pasado 3 de febrero ante el juzgado en el que solicitaba el citado documento para esclarecer qué miembros del Gobierno de José Antonio Griñán tomaron parte en esta decisión.
En su escrito, al que ha accedido ABC, el Ministerio Público ya apunta a que los actuales ministros de Hacienda, María Jesús Montero, y el de Agricultura, Luis Planas, estaban representados en dicha comisión a través de las consejerías que dirigían, Salud y Bienestar Social, en el caso de Montero, y Agricultura, en el caso de Planas. La presidencia de dicha comisión la ostentaba el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, pero no asistió a dicha reunión.
En la comisión que ratificó la ayuda también participaron dos consejeros de Izquierda Unida: Elena Cortés y Rafael Rodríguez, responsables de Obras Públicas y de Turismo, Comercio y Deportes, así como el consejero de Economía, Antonio Ávila; la consejera de Educación, María del Mar Moreno, y el responsable autonómico de Cultura, Luciano Alonso, los tres últimos por parte del PSOE, según el acta de dicha reunión a la que ha tenido acceso ABC. Moreno es actualmente consejera del Consultivo de Andalucía. Por aquellas fechas, Griñán gobernaba la Junta con esta formación de izquierdas.
Los informes técnicos de la agencia pública IDEA, previos a la autorización del crédito, ponían en entredicho los datos económicos y la solvencia de la sociedad, e incluso avisaban de que la empresa tenía dificultades para saldar otro préstamo de 8 millones que había sido avalado con fondos de la Administración autonómica.
Pese a las señales de alarma recogidas en los documentos, los gestores de la Junta de Andalucía autorizaron el crédito a la empresa fabricante de placas solares un mes antes de que Teresa Ribera, actual vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, fuera fichada como directiva por la firma malagueña. Su misión era liderar su expansión internacional con el respaldo financiero del Gobierno socialista.
Los peores presagios no tardaron en confirmarse. En enero de 2013, la compañía de energía fotovoltaica presentó un preconcurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil de Málaga. La solar se clausuró definitivamente un año después. En enero de 2014 echó el cierre a su planta principal en el Parque Tecnológico de Málaga y despidió a 354 empleados.
Más de 80 millones en ayudas
Por el camino, Isofotón se había fundido 44,15 millones de euros de los 80,5 millones que la Junta de Andalucía le fue concediendo, en forma de ayudas a fondo perdido, avales y préstamos, entre los años 2005 y 2012. El supuesto desvío de fondos públicos recibidos con la «connivencia» de ex altos cargos socialistas ha dado pie, años después, a la apertura de una investigación penal que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla.
Dos informes técnicos elaborados por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) con carácter previo a la concesión del crédito por parte de la empresa pública Soprea —filial de IDEA— avisaron de la «excesiva concentración de riesgo en la deuda por parte de la Junta de Andalucía». La ficha informativa de la operación, del 15 de febrero de 2012, y la posterior propuesta de inversión, del 20 de abril de 2012, hicieron constar que «los datos económicos presentados son poco fiables y no se deberían valorar hasta que se obtuviera una auditoría “limpia” (sin salvedades, ni limitaciones en el alcance)».
Los informes señalaban también que la auditora PricewaterhouseCoopers «no ha verificado independientemente» algunos de los datos del plan de la empresa «ni presta garantía alguna respecto a la exactitud de dicha información». Además, el analista de la agencia IDEA anticipaba que «la Junta va a ejecutar un aval cercano a 8 millones» como anticipo de otras ayudas a fondo perdido de la misma Administración porque la empresa «no ha cumplido con los requisitos».
A pesar de las sombras que rodeaban a Isofotón, según el informe de la Policía Judicial entregada al juez, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos ratificó la concesión del préstamo ordinario por importe de 8.395.845 euros en favor de la empresa de energía fotovoltaica donde estuvo trabajando Teresa Ribera entre septiembre de 2012 y mayo de 2013.
La citada comisión rebajó la cuantía del préstamo inicial aprobado por el consejo de administración del fondo, que se cifró en 10 millones de euros. La Policía Judicial considera que esta modificación y la adición de nuevas garantías al préstamo demuestran que la situación crítica de la empresa «fue conocida al más alto nivel de la Junta de Andalucía». «Se tuvo que tener conocimiento de la existencia de las graves dificultades que se daban para la aprobación de este préstamo», esgrime.
OTRA CORRUPCIÓN SIN LUGAR A DUDA O MALVERSACIÓN DE DINERO PUBLICO
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