Ana Botella, una Robin Hood al revés
Si estuviéramos en un proceso penal, esa malversación conllevaría una sanción mínima de cárcel de dos a seis años.
Robin Hood saqueaba a los ricos para beneficiar a los pobres. Es el modelo inverso al de Ana Botella de Aznar. Que como alcaldesa de Madrid facilitaba evacuar a los pobres de las viviendas protegidas para enriquecer más a los ya ricos.
Botella acaba de ser condenada por el Tribunal de Cuentas a devolver, junto con sus cómplices —dos de ellos aún viceconsejeros en la Comunidad de Madrid—, 22,5 millones por una operación varias veces ilegal. A saber, la venta a la empresa Fidere, del grupo especulador del ladrillo Blackstone, de miles de viviendas públicas municipales —protegidas—, en alquiler, por un precio:
—Inferior al “jurídicamente exigible”.
—Inferior al valor catastral de los inmuebles.
—Inferior al precio que deberían haber abonado los arrendatarios en ejercicio de su derecho a opción de compra.
Al vender a bajo precio causó un quebranto a las arcas locales. Si estuviéramos en un proceso penal, esa malversación conllevaría una sanción mínima de cárcel de dos a seis años.
La sentencia es recurrible: por tanto, sigue rigiendo la presunción de inocencia en favor de Botella y los demás munícipes. Pero la lectura de sus 90 folios es también instructiva. El tribunal administrativo concluye que se trató de un procedimiento ilegal, no solo porque el precio fue inferior al real, sino porque no se garantizó la competencia en el concurso.
Faltó la transparencia. Bueno, y más detallitos. La empresa municipal encargada de arruinar a los vulnerables facilitó informes “con carácter previo y por tanto privilegiado” sobre la operación a la compradora, entre otros pocos, reza la resolución.
Y la consultora que apadrinó el presunto latrocinio municipal fue PWC, la que asesoró a Fidere (que ya ha echado a bastantes inquilinos), siguiendo el lema de yo me lo guiso, yo me lo como.
Los acusados alegan que ellos no hicieron nada. Que solo se limitaron a aprobar y ratificar el Plan de Viabilidad de la empresa municipal encargada de saquear a los inquilinos. Hasta el punto de que les negó la condición de interesados, y por tanto de ejercer su opción de compra, reconocido por la Cámara de Cuentas (la homóloga autonómica del Tribunal de Cuentas).
Y que este plan cubría del todo la operación. Pero en realidad se aprobó “cuando la operación estaba a punto de concluir”, como “respaldo jurídico a posteriori”, revela el tribunal. Así que, nada de coartadas: Botella y su equipo mandaban al 100% en la empresa. Y ahora no quieren devolver el dinero evaporado.
LA FAMILIA TODA IMPLICADA EN LA RAPIÑA
No hay comentarios:
Publicar un comentario