Otras consejerías de la Junta de Andalucía repartieron más de 3.500 millones con el «método ERE».
La juez Pilar Ordóñez da un plazo de 45 días al Gobierno andaluz para remitirle todas las transferencias a la agencia IDEA durante doce años.
La juez de instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez Martínez, ha impulsado una causa penal por supuesta corrupción en la Junta de Andalucía con una dimensión económica que puede dejar cortas las cifras manejadas en el caso ERE (855 millones de euros). La magistrada analiza si otras consejerías del Gobierno socialista utilizaron durante doce años (2000-2011) el mismo sistema fraudulento del caso ERE para nutrir de fondos a la agencia IFA/IDEA y eludir los controles administrativos a la hora de gastar.
¿En qué consistía el «método ERE»? La Consejería de Empleo enviaba al citado ente público los fondos, mediante el discutido mecanismo de las denominadas transferencias de financiación, que sirvieron para pagar ayudas a prejubilados y empresas en crisis. Este método carecía de las más elementales exigencias de vigilancia y publicidad para repartir subvenciones e impedía a los interventores de la Junta fiscalizarlas.
El radio de acción de la nueva investigación judicial, que ha irrumpido en la precampaña de las elecciones andaluzas, superaría los 3.500 millones de euros.
En una providencia, que ha adelantado ABC, la instructora da un plazo máximo de 45 días a la Consejería de Economía y Hacienda para que le remita la certificación de «todas las transferencias de financiación de explotación o de capital y finalistas acordadas y realizadas por las distintas Consejerías de la Junta a IFA-IDEA, desglosadas por Consejerías, anualidades, programas y aplicaciones presupuestarias, con indicación del centro directivo al que corresponden, durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2011, ambos inclusive».
La juez solicita también a la Consejería «los calendarios de pagos aprobados por la Dirección General de Tesorería de cada una de ellas y los documentos acreditativos de las transferencias realizadas al IFA-IDEA».
Estas pesquisas forman parte del Caso Transferencias de Financiación, una investigación que llevaba dos años paralizada y que ha cogido impulso bajo la batuta de Ordóñez.Esta juez sustituye a María Núñez Bolaños, apartada temporalmente del caso mientras se resuelve la recusación planteada por los letrados del PP andaluz, que denunciaron que María Guija Villa, cuñada de Núñez, es técnica del Área de Control y Seguimiento de la Dirección de Finanzas de IDEA e interviene en la gestión de fondos públicos que maneja la agencia, «incluidas las transferencias de financiación». Esgrimen que Núñez puede ser juez y parte.
En la citada resolución —firmada el 1 de octubre aunque se conoció ayer—, Ordóñez da otro plazo de 45 días a IDEA para enviarle el organigrama de todo el personal adscrito al departamento donde trabajaba la cuñada de la anterior instructora del caso, y el personal de la Unidad de Control Interno de la agencia entre los años 2000 y 2011, especificando los puestos y funciones de cada uno.
Acuerdos del Consejo de Gobierno
El trabajo se le acumula al Gobierno andaluz. La magistrada solicita a la agencia IDEA que en un mes «elabore y remita a este juzgado un cuadro resumen de los gastos propios o pagos por cuenta de terceros realizados con fondos provenientes de transferencias de financiación de explotación o de capital y finalistas de las distintas Consejería de la Junta de Andalucía, desglosados por Consejerías, anualidades, programas y aplicaciones presupuestarias», salvo los programas 22E y 31L que ya se investigan en el caso ERE. Reclama, además, todos los expedientes de gastos/pagos tramitados, las resoluciones de los órganos rectores de IFA-IDEA e incluso los acuerdos alcanzados por el Consejo de Gobierno. La juez designa a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para investigar los hechos.
El «método ERE» generó una «zona de sombra» que impedía conocer cuál era el destino final del dinero. El juez que instruyó la rama política del caso ERE sentó en el banquillo a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a 20 ex altos cargos más de sus gobiernos, acusados de diseñar y mantener durante diez años un método estructurado desde el poder andaluz que habría propiciado la adjudicación irregular de ayudas por afinidad política, el cobro de comisiones por intermediarios y la inclusión de intrusos en ERE que recibieron ayudas a la prejubilación sin haber trabajado en las empresas afectadas.
Según los datos obtenidos por los letrados del PP andaluz (acusación popular en la causa) a través de las cuentas generales de la Junta, el importe total de las transferencias corrientes y de capital que han servido para financiar la agencia IFA/IDEA mediante distintos programas presupuestarios asciende a 4.315,5 millones de euros entre 2001 y 2010. La cuantía incluye los 855 millones que se endosaron a los programas 22E y 31L que nutrieron el fondo de los ERE.
LA CORRUPCIÓN POLITICA EN ESTAÑA CADA DIA PARECE QUE ES MAYOR.
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