El Tribunal de Cuentas, el órgano al que la Constitución tiene encomendado fiscalizar el buen fin y destino de los dineros de las 600 administraciones públicas que hay en España, lleva 24 años pagando dietas alegales a numerosos funcionarios. En el tribunal las llaman “dietas urbanas” y “carecen de cobertura legal”, según admiten distintas fuentes del órgano fiscalizador. Ninguna otra administración abona dietas a su personal al margen del salario sin justificación previa. No son cantidades elevadas, ocho euros por cada día laboral, unos 160 euros al mes, pero se otorgan sin que los beneficiarios, entre 60 y 100 funcionarios cada día, tengan obligación de aportar las facturas.
Fuentes oficiales del tribunal señalan que, en temas de personal, ellos se rigen por su propia normativa interna y que tales pagos son fruto de un antiguo acuerdo de la comisión de gobierno, que tiene potestad reglamentaria. "Un acuerdo adoptado por tres señores no es una norma; no existe tal norma y, por tanto, rige la ley, que prohíbe pagos sin justificación, y cuando menos es ilegal lo que se está haciendo", señalan otras fuentes de esta institución.
Los funcionarios que reciben estas “dietas urbanas” son los auditores y los miembros de sus equipos, que realizan el trabajo en Madrid capital pero fuera de la sede del tribunal, situado en la calle de Fuencarral de Madrid. La ley permite pagar dietas por desplazamiento dentro del término municipal donde se halle el puesto de trabajo, pero han de justificarse. “Es decir: si, por ejemplo, un funcionario ha de utilizar un autobús o taxi para desplazarse, pues pasa la factura y se le abona. Pero en este caso se abona una cantidad, los días que dure el trabajo, y no se pide ninguna factura. Esto no ocurre en ninguna otra administración. Aquí el problema es nadie controla al controlador", zanjan los citados medios.
"Si, por ejemplo, un funcionario ha de coger un taxi para desplazarse, pues pasa la factura y se le abona. Pero en este caso se abona la dieta sin más"
“La ilegalidad de esta dieta”, añaden, “radica en que el trabajador no está obligado a justificar la percepción de ese dinero. No es que sea mucho, pero se supone que un tribunal como este debe dar ejemplo y ser especialmente escrupuloso. Y, más aún, cuando los funcionarios que perciben estas dietas son los mismos que luego abren decenas de procedimientos en ayuntamientos y otras administraciones precisamente por cuestiones de este tipo”, razonan. Las dietas de los funcionarios están reguladas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo
Versión del tribunal
El Tribunal de Cuentas señala que "tiene potestad reglamentaria para todo lo relativo a su personal, de acuerdo con el art. 3 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. Y que, de acuerdo con el artículo 37, de esta Ley Orgánica, y con el artículo 88 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, el personal del Tribunal de Cuentas se rige por su propia normativa y, de forma supletoria, por el Régimen General de la Función Pública". Y añadió que, "de acuerdo con esas competencias, la Comisión de Gobierno dictó [1992] los acuerdos en relación a los gastos urbanos".
“Diariamente trabajan en la capital, fuera de la sede del tribunal, entre 60 y 100 funcionarios, todos ellos del departamento de fiscalización, auditorías, y cobran esa dieta”, explican los citados medios. Se da la circunstancia de que la mayoría de los organismos públicos que fiscalizan los auditores radican en la capital. La ley permite cobrar dietas a los funcionarios que han de realizar su trabajo fuera del término municipal de Madrid: manutención, desplazamientos, hotel... Pero en este caso sí están obligados a justificar los gastos con facturas.
La dieta urbana es una aportación "concedida a título gracioso" por la comisión de gobierno, aunque se sobreentiende "que cuesta igual desplazarse desde casa al tribunal que a cualquier otro sitio de la capital". "La llamamos urbana", subrayan, "pero no está diseñada para el transporte: de hecho, algunos funcionarios suelen pedir ayudas específicas para ir al tribunal con cargo al fondo social, que contiene una partida de unos 60.000 euros y que incluye igualmente ayudas sanitarias a hijos de empleados. Eso sí, el cobro de esta ayuda debería ser, y no lo es, incompatible con cobrar la dieta urbana".
El órgano fiscalizador, cuyo presupuesto ronda los 60 millones anuales, paga a sus empleados un 20% de sueldo más de media que otros organismos públicos. Una secretaria de un directivo cobra unos 1.500 euros netos. El sueldo de la secretaria de un consejero del tribunal se eleva a 2.000 euros netos.
“La ilegalidad de esta dieta radica en que el trabajador no está obligado a justificar la percepción de ese dinero"
El Tribunal de Cuentas ha extremado en los últimos tiempos el control sobre el horario de sus más de 700 empleados. Los que trabajan fuera de la sede, pero dentro de la capital, “no tienen, por tanto, que fichar, ni están sujetos al férreo horario laboral. Y aún así cobran esa dieta". Distintas fuentes coinciden en que la dieta urbana “puede favorecer que muchas auditorías que se hacen dentro de la capital se mantengan durante meses y a veces incluso superen el año, frente a otras que requieren viajar fuera de Madrid "pero que son lo servido por lo comido con el añadido de estar fuera de casa". "Es curioso pero algunas veces las auditorias fuera de Madrid, que sí disponen de sus dietas reglamentarias previa justificación de gastos, suelen durar mucho menos tiempo que las de la capital, en las que se cobra y no se ficha”.
Fuentes del Tribunal de Cuentas reconocen que la dieta urbana existe desde 1992. Aunque han pasado 24 años, se mantiene en la actualidad. La comisión que le dio luz verde la integran el presidente del tribunal (cargo que desde hace cuatro años ejerce Ramón Álvarez de Miranda) y los presidentes de las Secciones de Fiscalización y Enjuiciamiento. Es decir, tres de los doce consejeros que forman el tribunal. Los consejeros son elegidos por los partidos políticos, habitualmente en proporción a su representación parlamentaria. Siete de los doce actuales fueron designados a propuesta del PP y cinco del PSOE (uno de estos consensuado con IU).
Nepotismo
El órgano fiscalizador de las cuentas públicas se ha visto salpicado en los últimos años por casos de nepotismo, como adelantó EL PAÍS. Casi un centenar de sus empleados tienen lazos de parentesco entre sí, con representantes sindicales o con altos cargos. El presidente tiene en la plantilla a su concuñada y a un sobrino. Su número dos, el presidente del departamento de Fiscalización, Javier Medina, tiene a su hermana, a su esposa y a una pariente de su esposa. Y hasta hace unos meses, también tenía a su hermano, quien durante años ocupó el cargo de gerente. Su hermano dejó el tribunal hace unos meses y ahora trabaja en Mercamadrid. Tras dejar la gerencia, fue aupado a una plaza de alto directivo en comisión de servicio mediante un procedimiento que el Tribunal Supremo anuló posteriormente. Pese a las revelaciones de nepotismo e irregularidades en las contrataciones destapadas por este periódico en 2014, nadie del tribunal ha dimitido. La hoy ministra de Defensa y secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, se reunió en secreto con el sector conservador del tribunal en julio de 2015 y volvió a avalar a su cúpula dirigente, cuando tocaba su renovación.
Entre los grupos familiares destaca la familia de Julio Ronda, durante años presidente del comité de empresa por UGT. Tiene en el tribunal a su exesposa, a su actual pareja, su nuera, su cuñada, su sobrino, otro sobrino y un amigo de la infancia. También, a un hijo con su primera esposa. La segunda esposa de Ronda, que empezó como limpiadora en el Ministerio de Defensa, es ahora jefa de equipo, y su sueldo supera los 3.000 euros al mes.
ES LA ZORRA QUE CUIDA LA GALLINAS,ASI VAMOS Y ESTAMOS.
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