EL DÉFICIT PÚBLICO EMPEORA EN AGOSTO.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (centro), junto a los secretarios de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta (izquierda), y de Hacienda, Miguel Ferre

El déficit público del Estado empeora en agosto y supera el objetivo anual.

Las comunidades rebajan el desfase un 90% por el efecto del sistema de financiación.

El déficit público del conjunto de las Administraciones Públicas españolas, excluidos los Ayuntamientos, ascendió durante los primeros siete meses del año a 36.443 millones de euros, el equivalente al 3,27% del PIB, según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Hacienda. Los números rojos acumulados hasta julio son un 7,9% superiores a los registrados en el mismo periodo del año pasado, lo que ensombrece la perspectiva de alcanzar el objetivo de déficit público marcado por Bruselas, en el 4,6% este año.

El Gobierno prevé aprobar este viernes el decreto para elevar la recaudación del impuesto de sociedades en unos 6.000 millones de euros para tratar de enderezar la torcida senda de consolidación fiscal. Aún así, las Administraciones Públicas tendrán que hacer un esfuerzo de control presupuestario en el último trimestre del año para alcanzar la meta marcada en rojo por la Comisión Europea.

Hacienda ofrece los datos excluyendo las ayudas a instituciones financieras, por avales y seguros, que hasta este año no computaban como gasto. Sin estas ayudas, el déficit público sería del 3,09% del PIB. El ministerio explica que "en julio se efectuó la liquidación definitiva del sistema de financiación de 2014, que ascendió a 8.589 millones de euros, 7.611 millones más que la liquidación abonada el año pasado". Y abunda: "Los datos de ejecución presupuestaria están afectados por dicha liquidación del sistema, que supone una mejora del saldo de las comunidades autónomas y, como contrapartida, unos menores recursos para el Estado por el mismo importe".

Como consecuencia de ello, el desfase presupuestario de la Administración Central ascendió a 29.750 millones de euros, incluidas las ayudas a la banca, una boquete equivalente al 2,67% del PIB y un 29% más que en el mismo periodo del año anterior.

Las comunidades sanean sus cuentas

Por su parte, las comunidades autónomas redujeron sus números rojos en un 90,3% durante los siete primeros meses del año hasta los 830 millones, la menor cifra en este periodo desde, al menos, antes de la crisis."Esta evolución se debe, entre otras causas", apunta Hacienda, "a la liquidación definitiva de 2014 con un saldo a favor de las comunidades de 7.666 millones de euros, mientras que la liquidación definitiva de 2013 resultó a favor de las mismas pero por importe de 1.750 millones".

Las cuentas de las comunidades reflejan un situación mucho más saludable que hace un año. Siete comunidades han registrado superávit: Andalucía (0,08%), Asturias (0,56%), Baleares (0,87%), Canarias (0,63%), Galicia (0,19%), La Rioja (0,07%) y País Vasco (0,15%). En el lado contrario, Extremadura y Cantabria, dos de la comunidades más favorecidas por el reparto del sistema de financiación son las que más desajustes presentan hasta julio, un 0,99% y un 0,92% respectivamente, superando incluso el objetivo oficioso de déficit para estas administraciones territoriales (0,7%).

La Seguridad Social, el organismo público que está desatando más preocupación por la debilidad de sus cuentas, registró durante los siete primeros meses del año un déficit de 0,53%, un 176% más que el año anterior. Tanto el Gobierno como los partidos de la oposición han reclamado una reforma en las fuentes de financiación de los fondos de la Seguridad Social pero el bloqueo político dificulta alcanzar un acuerdo.

Hacienda destaca "la evolución de los ingresos por cotizaciones sociales con un crecimiento del 3,2% hasta julio, triplicando la tasa registrada en el mismo periodo de 2015 cuando el crecimiento de las cotizaciones se situaba en el 1,1%". Pese a ello, el crecimiento de los gastos, por las pensiones y otras prestaciones, avanza a mayor ritmo por el envejecimiento de la población, entre otros factores.

El Estado empeora

Las cifras difundidas este martes por Hacienda también recogen la situación de la Administración central hasta agosto —la rendición de cuentas del Estado va un mes por delante del resto de organismos públicos territoriales—.  Durante los ocho primeros meses del año el Estado acumuló un déficit de 31.091 millones de euros, equivalentes al 2,79% del PIB, unas cifras que empeoran los números rojos del mismo periodo del año pasado. La Administración General del Estado incumpliría así el objetivo para todo el año, en el 1,8% del PIB para el Estado en 2017.

"Los ingresos acumulados hasta agosto disminuyeron un 0,4%, caída inferior a la registrada hasta julio (0,9%)", explica la Agencia Tributaria en el informe de recaudación tributaria. El dato está afectado por el descenso de la devoluciones que compensa en gran medida los menores ingresos brutos (-1,6%). "Los ingresos en términos homogéneos (ingresos corregidos, entre otros factores, de los distintos ritmos de devolución en 2015 y 2016, la devolución del céntimo sanitario y los aplazamientos de entes públicos) descendieron un 1,8%", reconoce la Agencia.

Buena culpa de esta caída de la recaudación se achaca a la reforma fiscal que entró en vigor en 2015 y se extendió hasta 2016, que rebajaba el IRPF y el impuesto de sociedades. Existe cierta polémica por el batacazo en la capacidad recaudatoria de este último impuesto que pagan las empresas. Los ingresos por el impuesto de sociedades descienden hasta agosto un 23% y de seguir así cerrará el año con la peor cosecha de la historia del impuesto.

La supresión del régimen de pagos fraccionados, que eliminó las retenciones del 12% que las empresas adelantaban a las arcas públicas en abril, octubre y diciembre, han mermado el impuesto. Para recuperar la recaudación el Gobierno ultima un decreto para recuperar el pago fraccionado para las empresas, con una retención de hasta el 20%. Con esta medida que aprobará el consejo de ministros este viernes espera recuperar unos 6.000 millones de euros.

¿QUIÉN Y CÓMO LO VAMOS A PAGAR?