El Gobierno demanda a 80 alcaldes catalanes por no izar la bandera española
El Estado presenta 270 recursos contra ayuntamientos por su apoyo al soberanismo.
Mariano Rajoy y Artur Mas no dialogan y el Parlamento catalán y el Congreso apelan a legitimidades diferentes para amparar o rechazar la consulta soberanista. La crisis independentista se refleja desde diferentes prismas y uno de ellos se dirime en los juzgados. La Delegación del Gobierno y los Ayuntamientos catalanes mantienen una batalla judicial inagotable a propósito de las decisiones de Consistorios que respaldan el secesionismo. La institución que dirige Llanos de Luna ha presentado de oficio desde 2011 hasta 270 recursos contenciosos-administrativos contra decisiones de consistorios vinculadas al soberanismo. De estos recursos, 80 son para obligarles a izar la bandera española. La Asociación de Municipios por la Independencia, a la que se han adherido 692 municipios de 947 que hay en Cataluña, además de 38 consejos comarcales (hay 41) y Diputaciones, lamenta que el Estado gaste partidas por no estar conforme con decisiones políticas. La AMI tiene constancia de 230 demandas y subraya que el Estado ha perdido o no ha conseguido que se admitieran a trámite 24 recursos.
Además de los 80 recursos por asuntos de banderas, la Delegación del Gobierno ha presentado un centenar contra otros tantos ayuntamientos que aprobaron lo que denominan “soberanía fiscal”: traspasan directamente los tributos IRPF y el IVA a la Agencia Tributaria de Cataluña en lugar de a Hacienda y después es la Generalitat quien paga a la Administración central. Hay otros 60 recursos contra ayuntamientos que se han declarado “territorio libre y soberano” y 35 más contra los consistorios que pagan cuotas a la AMI, presidida por Josep Maria Vila d'Abadal, alcalde de Vic por CiU, formación en la que ya no milita.
Los partidos soberanistas achacan ese frenesí jurídico a la hostilidad de De Luna contra el secesionismo. El Parlament aprobó hace un año pedir la destitución de la delegada por esa actitud y por no respetar a las instituciones catalanas. El PP y Ciutadans votaron en contra y el PSC se abstuvo. El Ayuntamiento de Girona declaró a De Luna poco después “persona no grata”.
La delegada del Gobierno nunca ha escondido que su objetivo es garantizar la presencia del Estado en Cataluña y cuenta con el apoyo absoluto del Gobierno y del PP, que tachó de "indignidad" la moción del Consistorio de Girona. De Luna defiende que se limita al escrupuloso cumplimiento de la ley, que descansa en dos textos. La delegada apela a la Ley de Banderas, de 1981, que exige la presencia de la insignia española, en este caso junto a la senyera, tanto fuera como en el interior de los edificios oficiales. En segundo lugar, se ampara en dos sentencias del Tribunal Supremo que instan a las instituciones a no invertir dinero público en asuntos que no son de su competencia y las insta comportarse con objetividad al servicio de la comunidad. La Delegación sostiene que la neutralidad de De Luna se refleja, por ejemplo, en que obligó al Consistorio de Bolvir (Girona) a exhibir también la senyera.
Los abogados del Estado están seguros de que puede ganar en el juzgado los recursos contra las banderas —la Delegación afirma que una veintena de Consistorios han accedido a colocarla antes de conocer la sentencia— y la de las cuotas de la AMI.
Los partidos soberanistas achacan ese frenesí jurídico a la hostilidad de De Luna contra el secesionismo
No está tan clara, sin embargo, la postura que mantienen los jueces respecto a la soberanía fiscal y a la declaración del territorio libre y soberano porque hay algunos que consideran que esas mociones son de carácter político y carecen de efecto jurídico.
La Delegación admite que en el caso de la soberanía fiscal no se han admitido el 20% de los recursos, en su mayoría en juzgados de Tarragona y Girona, aunque resalta que ya tienen tres fallos a su favor en el caso del territorio libre y soberano.
“De los 24 casos que ha perdido el Estado, 9 están relacionados con la soberanía fiscal”, señala un portavoz de la AMI, que cifra en 170 los Ayuntamientos que han dado ese paso. El colectivo esgrime como una victoria la reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, que rechazó un recurso del abogado del Estado contra la entidad municipal de Jesús, de las Tierras del Ebro, que hace un año aprobó la soberanía fiscal. En el fallo, los magistrados señalan que solo pueden valorar decisiones que tengan la finalidad inmediata de “engendrar o destruir una relación de derecho”. “Y por tanto”, aducen, “tratándose de manifestaciones políticas o declaraciones de intenciones, sin existencia en el mundo del derecho, sin concreción ni efecto práctico ni jurídico posible, las pretensiones deducidas han de declararse inadmisibles”.
Local cedido
“La sentencia legitima la razón de ser de la AMI y sus Ayuntamientos asociados. Siempre hemos defendido que la justicia debe pronunciarse sobre cuestiones jurídicas y no políticas”, señala Vila d'Abadal en la página web de la AMI, en pugna constante con Llanos de Luna, que amenazó con presentarle otro recurso por haber cedido aquel dependencias municipales a la AMI. Fuentes de la Delegación sostienen que el alcalde de Vic dio marcha atrás en su pretensión. La AMI también renunció a ocupar las oficinas en litigio.
La entidad está especialmente molesta con la persecución de sus asociados. “Los Ayuntamientos más pequeños pagan cuotas simbólicas de 75 euros al año a la Asociación. Es una suma ínfima en contraste con el gasto que supone poner en marcha toda la maquinaria judicial del Estado”, afirman fuentes de la entidad. Vila d'Abadal llegó a amenazar con demandar a la Delegación del Gobierno por malversar dinero público.
COMENTARIO:
En primer lugar existen las leyes, estemos de acuerdo o no existe la constitución. ¿Podría Artur Mas imponer sus decisiones en el parlamento catalán? No podría, sus leyes no se lo permiten y así debería funcionar a nivel nacional. Es una aberración politizar con las lenguas, te lo planteare diferente, si yo aspiro a un trabajo en Cataluña, ni siquiera pensaría si me gusta o no el catalán, no lo vería como algo político, sino como una alternativa a mi desarrollo personal. Lo mismo con el Ingles, francés, Holandés, Ruso, Alemán. Por mencionar algunos. Toda lengua abre más caminos hacia una mejor búsqueda de oportunidades. Independiente de si están de acuerdo o no de sentirse españoles, el lenguaje no debería tener ese tinte de rechazo. España quiere que se imparta el castellano junto con el catalán y no que se sustituya este por el otro. Es una pena que se repudie todo lo que representa la marca España en Cataluña y viceversa. Me parece más interesante lo que se está discutiendo entre el reino unido y la UE. Referente a pesos y medidas, sistema imperial VS el sistema métrico.
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