Las decisiones de ayer pasan factura hoy; las de hoy la pasarán mañana. En política legislativa no es una advertencia, es una constante. Por eso, las leyes deberían nacer del consenso, del debate riguroso y de una evaluación seria de sus efectos. Cuando eso falla, lo sensato no es acelerar, sino frenar.
En España se ha instalado en los últimos años una forma de legislar preocupante: normas de gran impacto social aprobadas con escaso consenso, tramitación urgente y evaluación insuficiente. No es un problema aislado, es un método.
Sus efectos ya se perciben. En la protección del menor, por ejemplo, se ha debilitado en la práctica la autoridad de padres, profesores y tutores. Muchos adultos han dejado de intervenir por miedo a conflictos o consecuencias legales. Y cuando la autoridad adulta se retira, no queda un espacio neutro: queda un vacío.
Ese vacío se traduce en menor capacidad para afrontar problemas como el acoso escolar, que exige precisamente lo contrario: implicación, autoridad y capacidad de actuar de los adultos. Si esa cadena falla, el sistema deja de proteger.
Al mismo tiempo, se han ampliado las decisiones de menores en ámbitos de enorme trascendencia personal -incluida la identidad de género- sin necesidad de consentimiento paterno, mientras la responsabilidad legal sigue recayendo en los padres. Una contradicción difícil de sostener.
En paralelo, la legislación sobre aborto y eutanasia casi a la carta ha avanzado en decisiones profundamente sensibles e irreversibles sin el consenso social que cabría exigir en materias de tal calado. Y las leyes de violencia de género e igualdad siguen generando debate sobre su eficacia y su encaje en el principio de igualdad ante la ley.
El problema no es cada norma por separado. Es el patrón: urgencia, mayorías ajustadas y falta de evaluación. Las leyes no solo ordenan la realidad; la moldean.
Cuando ese proceso se acelera sin equilibrio, llegan los efectos no previstos: tensiones sociales, inseguridad jurídica y la sensación de que la norma corre más que la sociedad. Y entonces corregir es mucho más costoso que haber legislado con prudencia.
A este contexto se suma una dinámica política marcada por mayorías frágiles y acuerdos condicionados por intereses diversos. El resultado es una percepción creciente de incoherencia y de que la agenda política se impone a los problemas reales.
Mientras tanto, los problemas estructurales siguen ahí: acceso a la vivienda cada vez más difícil, un sistema sanitario tensionado, una dependencia insuficientemente atendida y un coste de vida al alza.
En el mercado laboral, pese a la creación de empleo en determinados momentos, va directo a la precariedad general. Los salarios no acompañan y la estabilidad sigue siendo limitada.
Los jóvenes lo tienen claro: marcharse fuera es, muchas veces, la única forma de progresar. España forma talento que otros países aprovechan. Y aquí, en demasiadas ocasiones, lo que se ofrece es precariedad.
En este escenario, la gestión de la inmigración añade más tensión al debate. La falta de planificación a largo plazo y determinadas propuestas de regularización generan dudas sobre su impacto en el mercado laboral, la cohesión social y el propio sistema de bienestar.
A ello se suma una sensación creciente de que muchas decisiones responden más a cálculos políticos que a una estrategia de país.
El resultado global es una sociedad más polarizada, con un debate público más duro y una convivencia más frágil. Y, en el fondo, una percepción de pérdida de referentes: esfuerzo, disciplina, respeto a la autoridad, igualdad ante la ley.
Para unos, es modernización. Para otros, un deterioro.
Pero hay una certeza difícil de discutir: cuando se legisla sin consenso, sin medir consecuencias y con la mirada puesta en el corto plazo, el coste acaba llegando. Siempre.
Y entonces ya es tarde para lamentarse: toca corregir lo que nunca debió hacerse deprisa.
Pedro Sánchez ha encontrado en determinadas políticas -como la regularización de inmigrantes sin un control riguroso, la ampliación de inmigrantes mediante la reagrupación familiar y el uso reiterado de la memoria histórica para conceder la nacionalidad a millones de descendientes de españoles que nunca han residido en el país- una herramienta para ampliar su base electoral foránea y afianzarse en el poder.
Estas decisiones no son neutras: condicionan quién influye en la gestión del Estado del Bienestar. Se está produciendo un desplazamiento progresivo del peso de quienes lo construyeron hacia colectivos cuya vinculación con ese esfuerzo no existió. La solidaridad y la humanidad empiezan en casa.
El resultado es una política orientada más a la acumulación de apoyos que a la construcción de un proyecto de país sólido, coherente y consensuado. La prioridad no parece ser el interés general, sino la permanencia en el poder, aun a costa de alterar los equilibrios sobre los que se ha sostenido el sistema.
Los recursos de un país no son ilimitados. Si la carga social recae sobre una economía demandante de recursos, con empleo de baja calidad y sostenida sobre una deuda pública galopante, una inflación disparada y unos políticos ineptos e ineficaces, el resultado será la destrucción de lo que tantos años costó construir: el Estado del bienestar, las libertades, la igualdad, la seguridad ciudadana, la sanidad y la educación pública y de calidad, y la convivencia entre arraigo y cultura... en definitiva, todo al garete, como les ocurrió a muchos países a lo largo de la historia por dirigentes nefatos como el nuestro, y por un pueblo adormecido que, cuando empiece a darse cuenta, será tarde.
Nos lo habrían contado hace 20 o 40 años y pensaríamos que era un sueño. Pues no: lo tenemos aquí. Casi todos los países latinos conocen bien esa historia de progreso a la inversa. Ahí vamos directos. Nos lo dicen los cubanos y los venezolanos, que lo tienen más reciente.
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