España no puede seguir sin Presupuestos

El país necesita nuevas cuentas públicas para recuperar credibilidad institucional, ordenar sus prioridades económicas y devolver al Parlamento el papel que le corresponde

El Gobierno acumula ya tres prórrogas de los Presupuestos Generales del Estado sin cumplir su obligación constitucional de presentar un proyecto de cuentas públicas antes del 1 de octubre de cada año. La negativa a someter la política fiscal al control de las Cortes degrada la calidad democrática y está provocando distorsiones contables cada vez más difíciles de justificar y que están levantando recelos y sospechas en Europa que comprometen el buen nombre del país. La ley vigente de 2023 fue diseñada para un contexto económico y geopolítico muy distinto del actual. Desde entonces han cambiado las condiciones monetarias, las prioridades europeas y las necesidades de gasto. Gobernar con unas cuentas prorrogadas obliga a recurrir constantemente a modificaciones de crédito, reasignaciones internas y soluciones excepcionales que evidencian el agotamiento del modelo.

El uso de recursos vinculados al Plan de Recuperación para cubrir obligaciones del sistema de pensiones constituye el ejemplo más grave de esa deriva. El Tribunal de Cuentas constató que se movilizaron 2.389 millones de euros asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para atender gastos de pensiones ante la insuficiencia de recursos disponibles en las cuentas prorrogadas. El Gobierno sostiene que se trató de una operación temporal de tesorería y Bruselas ha evitado apreciar ilegalidad, aunque lo investigará. Sin embargo, el problema político y reputacional permanece intacto. Los fondos europeos nacieron para impulsar la modernización económica y la competitividad, no para cubrir carencias derivadas de la falta de apoyo parlamentario de un Gobierno.