La vivienda que debería ser uno de los pilares de cualquier sociedad justa, se ha transformado en una de las mayores fuentes de incertidumbre para miles de familias. El mercado inmobiliario ha alcanzado un nivel de especulación difícil de justificar, pisos de segunda mano con más de treinta, cuarenta o incluso cincuenta años superan con facilidad los 300.000 euros, aun cuando requieren reformas integrales para resultar habitables. Cocinas obsoletas, instalaciones eléctricas antiguas, baños que deben demolerse por completo... y, aun así, precios que parecen ignorar la realidad material del inmueble.
No se trata solo de cifras elevadas. El problema es más profundo, la vivienda ha dejado de percibirse como un bien esencial para convertirse en un activo financiero. La lógica del beneficio ha desplazado a la del derecho. Comprar un piso antiguo que exige una inversión posterior considerable termina resultando, en muchos casos, más caro que adquirir una vivienda nueva. Sin embargo, la falta de suelo en zonas urbanas consolidadas empuja la construcción hacia los extrarradios, obligando a elegir entre precio, ubicación o calidad de vida.
Este escenario no es fruto del azar. Durante años se ha permitido que el mercado avance con escasa intervención pública, confiando en que la oferta y la demanda se autorregularían. El resultado es visible, jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan más de la mitad de sus ingresos a la vivienda y compradores que asumen hipotecas prolongadas en el tiempo para inmuebles que requieren obras inmediatas.
La vivienda de protección oficial ha perdido presencia, el alquiler social sigue siendo insuficiente y las políticas públicas llegan tarde o con un alcance muy limitado. Mientras tanto, la sensación general es que la necesidad básica de tener un hogar compite en desigualdad con intereses especulativos. No se trata de negar el funcionamiento del mercado, sino de recordar que existen ámbitos donde la regulación no es una opción ideológica, sino una responsabilidad social.
A ello se suma una cuestión fiscal que muchos ciudadanos consideran injusta, la eliminación de la deducción por vivienda habitual para quienes compraron a partir del 2013. Aquella decisión, impulsada durante la etapa del ministro Cristóbal Montoro, marcó una diferencia generacional evidente.
Mientras quienes adquirieron su vivienda antes mantuvieron beneficios fiscales, los nuevos compradores quedaron fuera, incluso cuando la vivienda representaba su residencia principal y un esfuerzo económico considerable.
Recuperar algún tipo de incentivo ligado a la vivienda habitual no significa fomentar la especulación, sino reconocer el carácter esencial del acceso a un hogar. La política pública puede, y debe, distinguir entre inversión inmobiliaria y necesidad residencial. No es lo mismo acumular propiedades que intentar pagar la primera.
El debate, por tanto, no debería centrarse únicamente en ayudas puntuales, sino en un modelo. Regular precios en zonas tensionadas, aumentar el parque público de vivienda, facilitar la rehabilitación de edificios antiguos y revisar la fiscalidad vinculada a la vivienda habitual son medidas que aparecen de forma recurrente en el análisis de expertos y colectivos sociales. No son soluciones mágicas, pero sí señales de dirección.
La pregunta que queda en el aire es hasta qué punto una sociedad puede normalizar que el acceso a la vivienda se convierta en un obstáculo estructural.
Cuando comprar un piso exige endeudarse durante décadas por un inmueble que, además necesita ser reconstruido por dentro, el problema deja de ser individual para convertirse en colectivo.
El derecho a una vivienda digna no debería depender del momento en que se compra, del barrio en el que se nace o de la capacidad de asumir reformas costosas. Regular no es impedir, es equilibrar, y quizá ese equilibrio sea hoy una de las urgencias más evidentes para el presente y el futuro.
