La Policía Judicial registró una sede de la Conselleria de Mónica Oltra horas antes de su dimisión
Los agentes se personaron en la Dirección Territorial de Igualdad para recabar el polémico expediente que se utilizó presuntamente para desacreditar a la víctima de abusos del exmarido de la hasta ahora vicepresidenta valenciana
La Policía Judicial se personó el pasado lunes en una de las sedes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para recabar información sobre el expediente reservado que el departamento abrió tras tener conocimiento de los abusos del exmarido de Mónica Oltra a una menor tutelada y que, según el titular del Juzgado de Instrucción número 15, se utilizó para desacreditar a la víctima.
Los agentes realizaron el registro durante alrededor de ocho horas en la Dirección Territorial de Igualdad en Valencia apenas un día antes de que Oltra dimitiera de todos sus cargos en el Gobierno autonómico y dejara su acta como diputada en las Cortes Valencianas tras ser imputada por la gestión de unos hechos ocurridos en 2017.
El objetivo del mismo era intervenir la documentación original, pese a que ya había sido aportada a la causa por una de las trece personas imputadas, entre funcionarios y trabajadores del centro en el que el educador Luis Ramírez Icardi, condenado a cinco años de cárcel, agredió sexualmente a una niña de 14 años que vivía en la residencia.
Una de ellas, la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero, sigue en su cargo a pesar de mantener la misma situación judicial que Mónica Oltra. En ese sentido, fue la actual directora territorial de Igualdad en Valencia, Carmen Fenollosa, quien entregó al magistrado una copia del documento durante su declaración como investigada en sede judicial.
Según ha podido saber ABC, estas actuaciones se enmarcarían en una pieza separada, declarada secreta, que el juez Vicente Ríos abrió el pasado mes de marzo en relación a este asunto. Las diligencias solicitadas a la Policía Judicial -a petición de una de las acusaciones, la de la asociación Gobierna-te, presidida por la cofundadora de Vox Cristina Seguí- son anteriores a la decisión de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de asumir la causa en su totalidad.
No obstante, tras la dimisión de Oltra y la perdida de su condición de aforada, este trámite no se va a llegar a completar, por lo que Instrucción 15 volverá a estar a cargo de una investigación que partió de la denuncia de la víctima por su supuesta desprotección, representada por el abogado y líder de España 2000, José Luis Roberto. La dirigente de Compromís estaba llamada a declarar el próximo 6 de julio, pero esa citación deberá reprogramarse.
El informe reservado, en el centro del caso
Los agentes que se trasladaron a dependencias de la Generalitat escanearon el expediente -con su pertinente certificación de autenticidad- que articula, en gran parte, la acusación contra la exconsellera y su equipo. Ese documento administrativo sobre los abusos lo inició la entonces subdirectora de Infancia y Adolescencia, Gemma Plaza, a instancias de su superior, Rosa Molero, el 8 de agosto de 2017, cuando un juez ya había dictado una orden de alejamiento del agresor sobre la víctima. Esta investigación «paralela» a la judicial, según el juez, se centró en quitar credibilidad al testimonio de la menor.
La Fiscalía también apunta en la dirección de que fue Oltra la que, a través de una orden «verbal», ordenó que se abriera ese expediente, cuatro días después de recibir una notificación judicial en su casa y de conocer, como ella misma ha defendido siempre, por primera vez los abusos. De hecho, la propia consellera aseguró que había sido ella la que había pedido que se dilucidara qué había fallado, puesto que la menor había relatado lo ocurrido en febrero, pero el caso no llegó a los tribunales hasta junio.
No obstante, pocas semanas después, tras la declaración de Molero y Plaza ante el juez instructor en la que contradecían su versión, Oltra se desdijo y situó sus palabras en el ámbito de la defensa del trabajo de los funcionarios de su departamento ante la «cacería de la extrema derecha» que estaban padeciendo.
El «Informe Reservado 1/2017», que no daba credibilidad al relato de la niña, se concluyó en noviembre y se envió a la Fiscalía. Sin embargo, pese a su carácter exculpatorio, no se incluyó en el juicio contra Icardi, que tuvo que repetirse parcialmente por esta cuestión.
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