Ofensiva ante la Fiscalía Anticorrupción: la izquierda presenta más pruebas contra el hermano de Ayuso
Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos piden ampliar las investigaciones ante la aparición de nuevos indicios
La izquierda madrileña (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) ha puesto en marcha una ofensiva judicial contra los contratos realizados por la Comunidad de Madrid durante la pandemia, poniendo el foco en la participación del hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, en algunos de ellos.
El viernes ya acudieron ante la Fiscalía contra la Corrupción para denunciar el contrato más polemico que ha desencadenado la crisis con el Partido Popular y esta mañana han vuelto a desplazarse ante este organismo judicial para ampliar esta denuncia con nuevos indicios y con nuevos datos que aportó el viernes la presidenta, al reconocer que su hermano cobró 55.000 euros pero solo por un trabajo de intermediación, nunca por una comisión.
La Ficalía ha abierto diligencias pero hasta ahora no ve ninguna razón para trasladar la denuncia al Tribunal Supremo, ya que Díaz Ayuso está aforada, al ser presidente de la Comunidad y parlamentaria autonómica.
Cuatro indicios
Más Madrid ha presentado cuatro indicios. El primero, según señaló la portavoz parlamentaria Mónica García, tiene que ver con las facturas con la empresa de su hermano y quieren saber qué ha pasado con las otras tres facturas; el segundo con las mascarillas «si en el contrato se hablaba de mascarillas FFP2 y FFP3, no sabemos muy bien por qué llegaron las KN95»; el tercero «tiene que ver con el testaferro. No acabamos de entender que una empresa que se dedica al textil y que tiene 47 vacas nodrizas en un pueblo de Toledo contrata con la Consejería de Sanidad, que tiene una extensa cartera de servicios de proveedores; y el cuarto indicio es «el resto de contratos, los 18 del hermano de la señora Ayuso en los que seis fueron adjudicados en menos de seis meses y dos de ellos en menos de dos días y esto es claramente un delito».
A ello, Más Madrid añade «los contratos que llevamos denunciando hace tiempo y es el sobrecoste del hospital Zendal. Hoy traemos la sala de prensa, que costó 300.000 euros, sirvió para hacer dos ruedas de prensa y en la que había nueve televisores de 55 pulgadas que costaron 8.000 euros cuando cualquier madrileño los puede comprar entre 2.000 y 3.000 euros». El montaje de la sala «costó 40.000 euros y supone que serían en un salario medio 3.500 horas de trabajo y esto es absolutamente increíble».
García advirtió de que van a ir llevando todos los contratos ante la Fiscalía porque todo esto es solo «la punta del iceberg», aunque van a mantener abierta la vía política. Esta formación política va a pedir la comparecencia de Ayuso aprovechando la conferencia de presidentes porque legalmente tiene que dar cuenta «y aprovecharemos para que, por fin, de la cara en la Asamblea de Madrid y explique por qué el dinero de los madrileños se va siempre por el desagüe de la corrupción» .
Corrupción
La portavoz de Más Madrid mantuvo que Ayuso «durante una pandemia ha beneficiado a familiares y amigos y a empresas que ya eran sospechosas habituales de la privatización y la corrupción sanitaria. La Justicia le pondrá los apellidos que le tenga que poner: de malversación, de prevaricación, de tráfico de influencias o lo que sea. Nos queda mucho por delante y nos parece aberrante que se utilizara una pandemia para que el Partido Popular se comportara como el Partido Popular de siempre».
El portavoz del PSOE, Juan Lobato, desgranó la ampliación de la denuncia que presentó el viernes su partido, subrayando que se ha trasladado a la Fiscalía la «confesión de la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando reconoció que su hermano se había beneficiado de esa adjudicación directa a una empresa de un amigo de ambos. Tanto la factura como la solicitud de investigacion sobre las otras tres facuras que la presidenta reconoció que existe entre su hermano y la empresa de amigo de ambos».
Lobato cree que la Fiscalía «debe de ampliar el objeto de su investigación para tratar de determinar si esas cuatro facturas corresponden, o no, con el trabajo que debió hacer el hermano para que se produjera ese contrato».
La segunda petición del PSOE se refiere al «transporte y llegada del material, ya que hemos visto que no parece muy lógico que en un expediente de un caso tan delicado y tan grave haya documentación son sellos dobles, con fechas de entrada en Ifema, en concreta en un albarán de fecha 15 y en otra de 1, dándose la circunstancia de que además la Comunidad de Madrid pagó un vuelo con mercancia similar a la que tiene objeto este contrato precisamente el día 14 de abril de 2020 y el sello de entrada en Ifema es del día 15».
Lobato pide a Ayuso que «de la cara, que no se esconda, no puede estar tres semanas aisladas y de vacaciones parlamentarias sin atender preguntas por parte de la oposición». El PSOE ha pedido para el 4 de marzo un pleno extraordinario para que Ayuso comparezca.
Contratos menores
Unidas Podemos puso en conocimiento de la Fiscalía, concretamente, «varios contratos menores que se habrían producido para sortear los principios de la contratación pública, a dedo y sin publicidad, a la empresa Artesolar», según señaló la portavoz adjunta, Alejandra Jacinto. Esta formación política afirma que «hasta ayer mismo figuraba el hermano de Díaz Ayuso como jefe comercial de esa empresa, ayer se borró en Lindkedin y ahora tratan de desviar la atención diciendo que ese señor no trabaja para esa empresa, pero lo cierto es que sí».
A esta empresa, según la versión de Jacinto, «se le adjudicaron una decena de contratos menos y ponemos en conocimiento dos concretos, del 4 y el 5 de mayo de 2020, que tendrían como único fin desgranar los contratos para sortear la contratación pública». Además quieren saber en concepto de qué «ha percibido esa mordida de 55.000 euros».
De esos dos contratos aseguran que en el Portal de la Tranparencia no aparecen desgranados los conceptos que justificarían la adjudicación de los contratos menores, más allá de conceptos genéricos como lámparas, mamparas, que no parecen justificación de esos contratos menores». Unidas Podemos exige una empresa independiente para auditar a la Comunidad de Madrid.
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