El Gobierno se muestra seguro de que los independentistas no reincidirán y cree que penas de prisión tan altas no se entendían en Europa
En el Ejecutivo defienden que la decisión es lo mejor para «el interés general»
Los indultos han sido hoy aprobados por el Consejo de Ministros. El Gobierno de Pedro Sánchez, tras haberse comprometido al cumplimiento íntegro de las penas, gira definitivamente y adopta una decisión trascendental. Lo hace con incertidumbre respecto a si el nuevo escenario podrá alumbrar algún tipo de acuerdo. En esto hay mucho escepticismo. Pero en el Ejecutivo sí se muestran convencidos de que su movimiento debilita el relato independentista. Y en el equipo del presidente del Gobierno se muestran convencidos de que la retórica independentista no pasará a los hechos. A eso se aferra Sánchez. A poder transmitir en el futuro que su decisión ha impedido otro referéndum ilegal y una nueva declaración unilateral de independencia.
Desde el Gobierno defienden que la sentencia es «inamovible» y que el indulto no la revoca. El concepto de utilidad pública, uno de los que requiere la Ley del indulto, está en el centro del argumentación que el Ejecutivo ha preparado en los informes. Fuentes gubernamentales definen la decisión como «lo mejor para el interés general» y como «un primer paso para poder restablecer la concordia y la convivencia en términos de normalidad».
En el Ejecutivo están convencidos de que van a poder restar argumentos al independentismo. Y que no proceder así habría agravado la situación. En la defensa de ese concepto de utilidad pública, desde el Ejecutivo se traslada que su obligación es «remover obstáculos que impiden la convivencia». Es ahí donde el Gobierno pone el foco, en la idea de que defiende el Gobierno de que son imprescindibles para la convivencia.
Sánchez espera un cambio de rumbo
Sánchez y su equipo esperan que la decisión marque un cambio de rumbo en la relación con los independentistas: «En este momento la prisión era el principal escollo para hablar», dicen. Justifican esta decisión política porque el hecho de que estas nueve personas estuvieran encarceladas «era un callejón sin salida que se planteaba siempre» en cualquier intento de negociación con los independentistas: «Esperamos que los indultos ayuden a generar un clima propicio para poder hablar. Los indultos son el inicio del camino».
Aunque el Gobierno considera «muy graves» los hechos de 2017 y los atribuye a la violación de la legalidad de los líderes independentistas, consideran que su estancia en prisión «era algo muy excepcional». Defienden que el hecho de que hubiera penas tan elevadas para lideres políticos «hacía que no se entendiese bien» en el contexto internacional. Y creen, por tanto, que su permanencia en prisión solo contribuía a la «desafección y victimismo del independentismo».
El Gobierno acepta el marco de que «ha habido errores de todos», aunque pone mayor responsabilidad en los independentistas por la vulneración de la ley y por haber «ignorado» la mitad de Cataluña que no era independentista. Pero, pensando en el Gobierno de Mariano Rajoy, se critica que «se ha dado la espalda» a la realidad del sentimiento independentista en Cataluña.
Fuentes gubernamentales reconocen que la decisión es « compleja pero creemos que acertada». El Gobierno pone en valor de que se toma la iniciativa por su parte y que «ahora le toca al independentismo». Desde el Ejecutivo dicen estar seguros de que los líderes independentistas no lo volverán a hacer. Primero porque la inhabilitación se mantiene y porque existe condicionalidad de no reincidir. Pero creen que no solo por las características del indulto, sino porque «políticamente no lo pueden hacer».
POR FAVOR NO NO TOMEN EL PELO
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