Torra admite que desobedeció, pero alega que la orden de retirar los lazos era “ilegal”
El 'president' ataca a la Junta Electoral Central y lanza un discurso político a favor de los políticos presos.
Lo había anunciado la víspera: "No iré a defenderme, iré a atacar al Estado". Y lo ha cumplido, aunque solo a medias. Quim Torra ha disparado con munición pesada contra la Junta Electoral Central (JEC), que le dio la orden de retirar símbolos independentistas del Palau de la Generalitat en plena campaña electoral para las europeas y las municipales de abril de 2019. En una declaración de una media hora, muy calculada y en la que ha respondido solo a la defensa, Torra ha acusado a los miembros de la JEC de prevaricar y hasta de cometer un delito de coacciones. El presidente catalán ha admitido que desoyó la orden (la tildó de "acto de censura") pero que si lo hizo fue porque se trataba de una orden "ilegal".
Torra y su abogado, Gonzalo Boye, han tratado de reproducir en la sala de vistas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) una escena de Hollywood. "Como en las películas... ¿cumplió la orden de la JEC?", ha preguntado Boye. "No, no la cumplí. Sí, la desobedecí. Pero era imposible cumplir una orden ilegal", ha recogido el guante Torra, que no ha citado la película en cuestión pero que bien podría ser Algunos hombres buenos, en aquella escena en la que Tom Cruise, que interpreta a un abogado militar, acorrala al coronel del cuerpo de Marines al que da vida Jack Nicholson con una pregunta: "¿Ordenó usted el código rojo?"
Poca tensión cinematográfica ha tenido, por lo demás, una declaración muy medida que ha sido un calco de la que ya prestó en fase de instrucción. Torra ha intentado llevarla al terreno político nada más comenzar, cuando ha anunciado que no iba a contestar ni a la Fiscalía ni a Vox por ser este "un partido franquista". "Este país ha sufrido 40 años de dictadura franquista...", ha empezado el president antes de ser interrumpido por el otro presidente, el que manda en la sala de vistas, Jesús Barrientos. "Tiene derecho a contestar o no, pero no voy a permitir descalificaciones", le ha advertido a Torra, que afronta una petición de 20 meses de inhabilitación por un delito de desobediencia.Apenas ha intervenido Barrientos después, cuando Torra ha cuestionado la competencia de la Junta Electoral Central —"no es un órgano superior al de presidente de la Generalitat"— y la imparcialidad de algunos de sus miembros, de quienes ha destacado sus comentarios públicos "despectivos contra Puigdemont" y contrarios al independentismo. La orden de retirar estelades y lazos amarillos del Palau de la Generalitat, en cualquier caso, era "ilegal", y así se lo dijeron a Torra las personas con las que se asesoró, según ha declarado. Torra ha subrayado que la JEC no pretendió otra cosa que llevarle al banquillo de los acusados, donde se ha sentado delante de su mujer, de uno de sus hijos, de su jefe de gabinete y del vicepresidente del Parlament, Josep Costa.
Ventilado el ataque frontal a la JEC, Torra se ha lanzado entonces a un discurso político sobre los lazos amarillos con ciertas dosis de victimismo. Ha defendido que no son "propaganda" ni tampoco "partidistas" y se ha remontado a la Guerra de Sucesión y a los hechos de 1714 para recordar que "los austracistas llevaban lazos amarillos". En cuanto a la pancarta a favor de los "presos políticos", también ha negado que —contra lo que sostiene la Fiscalía— sea favorable a las posiciones de los partidos independentistas. "No es patrimonio de nadie. Es de la gente. A los catalanes, y puedo hablar en nombre de todos ellos, la judicialización de la política nos repugna. Somos gente demócrata y no entendemos que ante unos mandatos populares se pueda aplicar el Código Penal", ha dicho en alusión a los líderes independentistas condenados por sedición por el Tribunal Supremo.
La ofensiva no ha supuesto, sin embargo, una renuncia a la defensa más técnica o jurídica, aunque esta ha aparecido con cuentagotas. Torra ha insistido en que, si cumplía la orden de la JEC, estaría "prevaricando" él mismo —porque se trataba de un mandato "ilegal"— y ha recordado que los edificios de los que se debían retirar los símbolos independentistas no son todos propiedad de la Generalitat. "No he considerado que tuviera que dar ninguna orden a un director de escuela o de hospital sobre cualquier decisión".
NO TIENE MIEDO A LA JUSTICIA TOTAL NO LE VAN HACER CASI NADA.
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