CÓMO SE CONVIRTIÓ PORTUGAL EN UN REFERENTE MUNDIAL EN LA REGULACIÓN DE LAS DROGAS.

Cómo se convirtió Portugal en un referente mundial en la regulación de las drogas.

Se cumplen 20 años desde que el país luso descriminalizó el consumo de estupefacientes, que ha traído consigo reducciones del consumo de heroína y cocaína y bajada del VIH.

Las drogas entraron con fuerza en Portugal al terminar la dictadura. Llegaron de la mano de la libertad hasta crear una auténtica crisis social. “No había familia sin algún adicto”, recuerda João Goulão, director del Servicio de Intervención de Comportamientos Adictivos y Dependencias (SICAD). Los Gobiernos democráticos trataron de atajar el problema con mano dura: tolerancia cero con traficantes, y también con consumidores, a quienes les caía el peso del sistema penal si eran sorprendidos in fragranti. Pero la situación no hacía sino empeorar: el consumo crecía al mismo ritmo que las enfermedades infecciosas y la saturación de las prisiones. Hasta abril de 1999. Hace 20 años el país dio un giro a sus políticas y lo convirtieron en un referente mundial.

Fue entonces cuando el Gobierno aprobó una nueva estrategia que se empezaría a implementar dos años después, tras largos debates con la sociedad civil y en el Parlamento. La legislación no era ni mucho menos revolucionaria: despenalizar el consumo a aquellos que portasen un máximo de 10 dosis de una determinada sustancia ilícita. No muy distinto de lo que sucede en España, por ejemplo. Pero lo que marcó la diferencia fue el cambio de sensibilidad hacia los drogodependientes: dejaron de ser tratados como a delincuentes, se aplicaron programas de atención, sustitución de heroína por metadona, se les incluyó en el sistema sanitario para atender sus enfermedades. Los resultados no tardaron en llegar. Aunque el consumo en general de estupefacientes no ha descendido, el de heroína y cocaína, dos de los más problemáticos, ha pasado de afectar al 1% de la población lusa a un 0,3%; las infecciones de VIH entre los consumidores han caído a la mitad (en el total de la población ha pasado de 104 nuevos casos al año por millón en 1999 a 4,2 en 2015), y la población carcelaria por motivos relacionados con drogas ha bajado del 75% al 45%, según datos de Agencia Piaget para el Desarrollo (Apdes).

Jose Queiroz, su director, define esta política como “una aproximación humanista que no juzga y se basa en la confianza y en la relación con la gente”. La ley puso las bases, pero de poco habría servido si no hubiera sido acompañada por medidas sociales y fondos destinados a servicios de lo que se conoce como reducción de daños, es decir, mitigar en lo posible las consecuencias negativas de las drogas desde una perspectiva no basada tanto en la persecución como en la información, la atención médica y los servicios a los adictos. Los más frecuentes son ofrecer materiales esterilizados a quienes se inyectan, metadona a los que buscan dejar la adicción a la heroína, espacios de consumo supervisado (también conocidos como narcosalas) o, según las tendencias más recientes y progresistas, centros donde examinar las sustancias para que los usuarios sepan exactamente qué se meten en el cuerpo. Cada vez más países, a través de ONG, proporcionan este servicio en lugares lúdicos, como festivales de música y, poco a poco, van abriendo sedes fijas, como sucede en el propio Portugal, Holanda o Suiza.

Existe una amplia literatura científica que muestra cómo este tipo de políticas reducen la muerte por sobredosis y mejoran la salud de los consumidores. Especialmente, las tasas de VIH caen automáticamente donde se ponen en marcha: el virus del sida, que lleva años bajando en todo el mundo, sigue expandiéndose entre esta población, particularmente en los países del Este de Europa, donde la mayoría de las soluciones de reducción de daños están prohibidas. Una de cada ocho personas que se inyecta drogas en el mundo es seropositivo, y solo un 1% vive en un país donde se apliquen este tipo de políticas, según Harm Reduction International, que ha celebrado su 26º congreso esta semana en Oporto.

El consumo de heroína y cocaína, dos de los más problemáticos, ha pasado de afectar al 1% de la población lusa a un 0,3%

Algunas investigaciones muestran incluso que la seguridad ciudadana allá donde se llevan a cabo medidas más avanzadas en materia de drogas sube, como sucedió en Vancouver desde que abrió una narcosala. Pero la ideología no siempre se alinea con a evidencia: los países más conservadores siguen restringiéndolas, incluso persiguiendo a los drogadictos, como sucede en Rusia o Filipinas.

Desde que Portugal dio el giro en sus políticas el consenso ha mantenido la ley y ningún Gobierno desde hace 20 años, ni de derechas ni de izquierdas, ha tenido la tentación de revertirla. Pero según cuenta Queiroz, sí que se han visto recortes de fondos, como en la época de la crisis, que dan al traste con todos estos esfuerzos. “No es necesario cambiar la legislación, basta con dejar de invertir para que el sistema deje de funcionar como debería”, relata. Pone el ejemplo de España, que con una legislación similar en todo el país tiene comunidades que son incluso “mucho más avanzadas que Portugal”, como el País Vasco y Cataluña. Y otras donde apenas hay atención a los drogodependientes. “Todo depende de la voluntad política”, resalta Queiroz.

Un buen ejemplo de cómo los fondos se canalizan a la ayuda a los toxicómanos es la propia Apdes. Tiago Teixeira, físico y trabajador del sistema sanitario portugués, es el supervisor del programa de sustitución de opiáceos de la agencia. Comenzó como voluntario, pateando las calles para ofrecer a quienes consumían información sobre VIH y hepatitis C (un 80% de los toxicómanos padece o ha padecido), condones (las prácticas de riesgo son mucho más frecuentes en esta población), agujas esterilizadas para inyectarse, etcétera. Pero el contacto con ellos habría sido prácticamente imposible sin los pares, personas que pasan o han pasado por la misma situación de quienes consumen en las calles, que gozan de su confianza, que no son vistos como parte de un sistema que viene a imponerles conductas. Por eso, decía Queiroz, la receta portuguesa se basa en la comunicación: “Es un colectivo que está sufriendo fuertes situaciones de violencia, estigma, obstáculos para acceder a buenas medicinas, al sistema de salud. Padece normalmente pobreza estructural y exclusión. Nuestro papel es conectar con ellos, que haya una relación de confianza; de lo contrario todas estas políticas de reducción de daños no les llegarían”.

Los pares son una conexión entre los drogadictos y las organizaciones que les ayudan. Y figuras como la de Teixeira, quien los enlaza con el sistema de salud. “Les atendemos, les hacemos controles de VIH, de tuberculosis [otra dolencia que se dispara entre los consumidores de drogas, entre otras circunstancias porque suelen consumir juntos y hacinados, compartiendo el bacilo que viaja por el aire], les ofrecemos la metadona. Cuando ven una de nuestras furgonetas [de Apdes] ya saben que pueden confiar en nosotros. Y esto ha servido para derribar barreras con el hospital. Muchos usuarios han tenido malas experiencias con el sistema sanitario, han sido tratados de forma inadecuada por profesionales que quizás no están acostumbrados estas situaciones. Esto les alejaba del sistema de salud y era un círculo vicioso”, cuenta Teixeira.

También ha cambiado radicalmente la acción policial. Los agentes de Portugal tuvieron que pasar de la noche a la mañana de tratar a los consumidores como delincuentes a hacerlo como enfermos. Ya no se les arresta, aunque se mantienen multas por el consumo, que pueden ser eliminadas con la integración en programas de desintoxicación. “Se tardó en cambiar la mentalidad de los funcionarios. Y ni siquiera podemos decir que estemos 100% adaptados, pero la diferencia es enorme: existe una nueva mirada hacia los usuarios de drogas, el policía ha pasado a ayudarles. Y esto también ha redundado en una reducción drástica del papeleo que antes se producía con cada intervención, las detenciones…”, enumera António Leitão da Silva, jefe de la policía municipal de Oporto.

En las afueras de la ciudad, en lo que se conoce como la Casa Velha, van cada día medio centenar de usuarios a consumir. La mayoría fuma crac, heroína o ambas. Son las ruinas de lo que parece una antigua casa señorial, con vegetación que brota del suelo entremezclada con papelinas, pequeños botes de metadona, trozos de papel de plata… Allí está Mario, 53 años, delgado, con pocos dientes y las secuelas que la heroína marcadas en el rostro. Dejó esta droga hace ocho años. Gracias a las políticas de reducción de daños la cambió por metadona, que toma a diario para suplirla. Sigue enganchado al crac, que fuma en pipa mientras voluntarios de ONG van repartiendo utensilios limpios y comida. Para esto no se ha inventado un sustituto que quite el mono y que sea menos lesivo. Ha estado en la cárcel nueve veces, sobre todo en los noventa, cuando todavía era detenido simplemente por consumir. “Ahora está todo mejor. Voy a un centro de atención donde puedo bañarme, cambiarme de ropa, me siento más limpio. Cada año me vacunan contra la gripe, me atienden si estoy enfermo…”, enumera.

Los policías de Portugal tuvieron que pasar de la noche a la mañana de tratar a los consumidores como delincuentes a hacerlo como enfermos

La mejora de la atención de este colectivo no solo redunda en ellos, como señalan los expertos, es beneficioso para la salud pública: redunda en menores costos para la sanidad, que se ahorra atención de casos más graves; contiene brotes de enfermedades contagiosas.

Todas estas medidas hicieron que Portugal se convirtiera en un referente para muchos otros países. Pero las cosas no son ni mucho menos perfectas. Las ONG se quejan de que los fondos son escasos. Las asociaciones de consumidores de que las leyes siguen sin ser suficientemente progresistas: quieren poder consumir de manera informada sustancias legales. Lo más parecido es la marihuana, que sigue prohibida excepto para uso medicinal, siempre bajo prescripción médica y cuando otros remedios no hayan funcionado. Y, pese a todos los avances, en todo el país todavía no existe ni una sala de uso supervisado, algo que se ha demostrado muy valioso para reducir infecciones y sobredosis, pero que suele llegar con enorme polémica entre los vecinos. Según la Red Internacional de Locales de Consumo de Drogas, no suman ni un centenar en todo el mundo. La mayoría están concentrados en Holanda (20), Suiza (18), Alemania (26) y España (15, en su gran mayoría en Cataluña). Australia, Canadá, Francia, Dinamarca, Noruega y Luxemburgo son otros países que tienen centros de este tipo.

Pero el congreso de reducción de daños de Oporto ha traído buenas noticias para los partidarios de la reducción de daños en el país. Durante su inauguración, según cuentan fuentes cercanas, influido por el ambiente proclive a estas políticas, el alcalde de la ciudad, Rui Moreira, anunció que se abriría uno próximamente. Por la improvisación del anuncio se conocen pocos detalles, pero supone un nuevo paso adelante del país al que el mundo de las drogas miraba hace 20 años.

Como recuerda, Alexandre Quintanilha, presidente del comité parlamentario de Educación y Ciencia, muchos por entonces les advertían de que su regulación estaba fuera del sistema legal internacional, de que acabaría en los tribunales. “En tiempos dominados por el miedo y la regresión está bien escuchar una historia de éxito. Pero lo que fue innovador en el pasado tiene que mantenerse bajo control permanente. Las políticas públicas tienen que adaptarse a las nuevas tendencias y abordar los desafíos emergentes y de largo plazo. No nos podemos dormir en los laureles. Todos los países, todas las ciudades, todas las comunidades pueden hacer más y mejor para la reducción de daños”, reflexionaba en Oporto Jorge Sampaio, presidente de Portugal cuando la medida se aprobó.

Más allá de la reducción de daños

En la 26ª Conferencia de Reducción de daños, que se ha celebrado en Oporto esta semana, ha habido tiempo para repasar casos de éxito como el portugués, pero también para subrayar los enormes retos que hay por delante. Más allá de llevar estas políticas a los países donde no las tienen, algunas voces apostaban por seguir avanzando hacia una regulación más progresista en materia de estupefacientes. Lo dijo la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien afirmó que la “guerra contra las drogas ha fracasado”, ya que el consumo en lugar de disminuir crece. Entre 2000 y 2015 ha habido un aumento del 60% en las muertes relacionadas con las drogas: 450.000 fallecimientos en 2015, según la Organización Mundial de la Salud.

Más contundente se muestra Michel Kazatchkine, de la Comisión Global para Política de Drogas: “Necesitamos descriminalizar a los consumidores, pero no solo esto. En muchos países se cree que poniéndoles multas van a solucionar el problema, pero lo normal es que no puedan pagarlas, lo que les lleva al sistema criminal y a la encarcelación. La demanda de drogas existe y seguirá existiendo y si no se encuentra de forma legal, será en el mercado ilegal, con todas sus malas consecuencias: adulteración, mafias, epidemias de VIH, hepatitis, corrupción, violencia e inseguridad”. El comisionado se muestra a favor de legalizar los estupefacientes, como se está haciendo en algunos países con el cannabis, pero también con los duros. “Los gobiernos deberían apostar por un uso seguro de estas sustancias. Hay que enfrentarse al mundo tal como es, y uno libre de drogas no existe”.

UN PORTUGAL ES EJEMPLO EN TODO PARA ESPAÑA