LA JUEZ DEJA EN LIBERTAD A TRAPERO PERO CON MEDIDAS CAUTELARES.

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, a su llegada a la Audiencia Nacional.

La juez deja en libertad a Trapero pero con medidas cautelares.

La Fiscalía pide prisión incondicional para Jordi Sànchez, líder de la ANC, imputado por sedición.

El comisario mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha evitado este lunes el ingreso en prisión incondicional que solicitaba para él la Fiscalía de la Audiencia Nacional por un supuesto delito de sedición. Sin embargo, la juez Carmen Lamela, instructora del caso, le ha impuesto medidas cautelares: presentación cada 15 días en el juzgado más próximo a su domicilio, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España. En caso de incumplir las medidas, la juez podría ordenar el endurecimiento de las mismas. Además, la fiscalía ha pedido prisión incondicional para el líder de la ANC, Jordi Sànchez, que solo ha respondido a preguntas de su abogado, según fuentes del colectivo.

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha emepzado a declarar poco después de las siete de la tarde.

En su auto, la magistrada se ciñe a los hechos de los días los días 20 y 21 de septiembre, sin llegar a la fecha del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional y prohibida por la justicia, el 1 de octubre. Según la juez, existen elementos que vinculan a Trapero (Santa Coloma de Gramenet, 1965) con la estrategia para la ruptura de Cataluña con España, como el contenido del documento EnfoCAT hallado en el domicilio de Josep Maria Jové, número dos de Oriol Junqueras o la pasividad, aún por investigar, que se atribuye a los Mossos en la jornada del referéndum. El atestado de la Guardia Civil habla de una “actividad de contravigilancia” de los Mossos para proteger a determinadas personas frente a posibles actuaciones de la Policía y la Guardia Civil. Sin embargo, la actuación de Trapero, “no aparece todavía suficientemente perfilada hasta el punto de poderle vincular en este momento a hechos tan graves como los que en esos días sucedieron”, todo ello, “sin perjuicio de lo que pueda determinarse en una fase más avanzada de la investigación”.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ya había decidido esta mañana dejar en libertad con medidas cautelares a la intendente de los Mossos d’Esquadra, Teresa Laplana, después de que la Fiscalía haya solicitado para ella el ingreso en prisión bajo fianza de 40.000 euros, según informan fuentes jurídicas. La magistrada ha rebajado esta petición y ha acordado para Laplana la prohibición de salir de España, la entrega del pasaporte y la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado más próximo a su domicilio.

Trapero y la intendente Laplana han señalado que durante el acoso de los manifestantes a la consejería de Economía, “abrieron los pasillos para los detenidos y para la salida de la comisión judicial”. Sin embargo, estos corredores “no fueron utilizados en los momentos en que estaban previstos”, y ha señalado que los Mossos no actuaron para disolver la concentración “porque ello podría haber generado una grave alteración del orden público sin consecuencias prácticas”, según el auto.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional había pedido esta mañana prisión incondicional para el comisario mayor de los Mossos d’Esquadra. La juez instructora del caso, Carmen Lamela, ha hecho, a última hora de la mañana, un receso de tres horas, aproximadamente, para tomar una decisión. Así, Trapero, tras declarar durante unas dos horas, ha podido salir de la Audiencia Nacional antes de acudir a la vista en la que le serán comunicadas las posibles medidas cautelares.

El auto en el que se recogen las medidas cautelares contra Laplana y Trapero, sin embargo, pone el acento en el papel que tuvieron los líderes de ANC y Òmnium en las protestas de los días 20 y 21. Según la resolución de la juez Lamela, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart “se erigieron como interlocutores de la concentración” e intentaron al menos cinco veces negociar con las fuerzas de seguridad “planteando opciones que les convenían exclusivamente para sus fines políticos”. Sin embargo, nunca aceptaron las opciones que les ofrecían las fuerzas de seguridad “para evitar o disminuir riesgos”. Según el auto, este control sobre las masas “nunca lo utilizaron para desconvocar o diluir una concentración que habían convocado y que estaba coaccionando e impidiendo a los agentes cumplir las órdenes del juez”.

Laplana era la responsable de la dotación de los Mossos d'Esquadra responsable de la seguridad en la Consejería de Economía el pasado 20 de septiembre, que fue bloqueada por miles de personas cuando una comisión judicial entró para efectuar un registro por orden del Juzgado de Instrucción numero 13 de Barcelona.

El comisario mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, la intendente del cuerpo Teresa Laplana y los líderes de las dos grandes organizaciones movilizadoras del independentismo, Jordi Sànchez, de la ANC, y Jordi Cuixart, de Òmnium, estaban citados este lunes en la Audiencia Nacional como imputados por sedición, diez días después de que fuesen interrogados por primera vez. La juez Lamela quería indagar sobre su papel en las concentraciones masivas organizadas para forzar que se celebrara el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional y que la Justicia había ordenado impedir.

El 7 de octubre los imputados salieron de la Audiencia sin ninguna medida cautelar y se les volvió a citar después para poder examinar documentación facilitada por la Guardia Civil. En esos informes se asegura que Trapero está "totalmente involucrado en el proceso separatista".

El instituto armado asegura que Trapero ordenó a la policía autonómica que hiciera "funciones de protección y seguridad" para los organizadores de la consulta y que dio "instrucciones o pautas de actuación" a sus subordinados para que no actuaran para cerrar colegios el día del referéndum.

A los presidentes de ANC y Òmnium, la Guardia Civil y la Fiscalía les acusan de haber sido los organizadores y movilizadores de las protestas contra las actuaciones contra el referéndum.

CONOCIENDO MUY BIEN COMO FUNCIONAMOS EN ESPAÑA, ME TEMO QUE NADIE PAGUE NADA DE ESTA SEDICIÓN Y  QUE NADIE VAYA A LA CÁRCEL Y SI LO HACE LA PENA VA SER MUY TENUE, SIMBÓLICA CON MUCHA PROPAGANDA DE LA PENA PARA DAR SENSACIÓN DE  QUE EL ESTADO DE DERECHO FUNCIONA, QUE POR CIERTO YO CADA DIA LO TENGO MÁS CONFUSO , PERO SI ALGUIEN TIENE QUE PAGAR , LO PAGARÁ EL CONSERJE DE ALGÚN COLEGIO POR DEJAR LA LLAVE A LOS VOTANTES  Y ESE PAGARÁ POR TODOS.

CUANTO MÁS ALTO TENGA LOS CARGOS MENOS VAN A PAGAR.ASI FUNCIONAN LAS COSA EN ESTE PAIS ,NO ES NADA NUEVO, NI ESTOY DESCUBRIENDO LA PÓLVORA.