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sábado, 25 de enero de 2020

LA MARAÑA LEGISLATIVA SE CUADRUPLICA EN 40 AÑOS Y ROZA LAS 12.000 NORMAS AL AÑO.

Consejo de política fiscal y financiera

La maraña legislativa se cuadruplica en 40 años y roza las 12.000 normas al año

Un estudio publicado por el Banco de España avisa de que la presión regulatoria reduce el número de empresas.

El Estado, las comunidades autónomas y la administración provincial y local produjeron en conjunto 11.737 normas solo en 2018, según cifras de la base de datos de Aranzadi recopiladas por Juan S. Mora-Sanguinetti, economista, abogado e investigador del Banco de España. Esa producción normativa supone cuadruplicar las 3.012 normas aprobadas en 1978, al inicio del periodo democrático, y tiene un efecto nocivo sobre la eficiencia y productividad del tejido empresarial del país.
Según un documento de trabajo de Mora-Sanguinetti y el economista de la Universidad Carlos III Ricardo Pérez-Valls publicado esta semana por el supervisor, esa «sobrerregulación» se traduce en la constitución de menos empresas. En concreto, el estudio calcula que un aumento del 1% en el volumen de regulación estaría relacionado con un 0,05% menos de empresas en promedio. El informe detalla que esa maraña legislativa favorece el aumento del número de personas físicas empresarias, pero reduce en mayor medida la creación de sociedades limitadas.
«La regulación dificultaría la presencia de competidores grandes que podrían trabajar en varios mercados regionales al mismo tiempo y, por el contrario, parece favorecerla presencia de pequeñas empresas, como pequeños emprendedores, más conectadas con un mercado local o provincial», concluyen los investigadores en su análisis del impacto que la carga normativa tiene sobre la demografía empresarial en España, en el que apuntan además a posibles efectos negativos sobre la eficiencia y la productividad.

Los mercados necesitan evidentemente normas. Ahora bien, un número desproporcionado de legislación y normas confusas o que se solapen o dupliquen según el nivel administrativo pueden acabar asfixiando la actividad empresarial y, por tanto, el crecimiento económico. En España, entre 1979 y 2018 se han aprobado un total de 364.267 normas, entre leyes orgánicas, reales decretos ley, leyes autonómicas, decretos legislativos regionales, decretos forales y ordenanzas municipales.
¿A qué se debe esa creciente complejidad normativa? Básicamente al desarrollo del Estado de las autonomías, lo que hizo que a partir de 1978 aumentase el número de administraciones con capacidad de aprobar normativa con rango de ley, según explican los autores del citado estudio. A ello hay que sumar un incremento notable de la legislación local en los últimos cinco años.
Esa tendencia queda reflejada en el peso que cada nivel de la Administración pública ha ido adquiriendo sobre el total de legislación aprobada en España. Si en 1979 la Administración central era responsable del 88,6% de los nuevos textos legales y las comunidades autónomas del 11,3%, al cierre de 2018 sucedía prácticamente lo contrario: el Estado generó ese año el 14,7% de la normativa del país y las regiones el 71,8%. Los municipios y las provincias se encargan del 13,5% restante, «un peso no despreciable», según Mora-Sanguinetti y Pérez-Valls.

Las autonomías, clave

Es más, en esos 40 años la producción legislativa de la Administración central se ha mantenido más o menos estable en torno a las 2.000 normas anuales. Y eso que entretanto, el Estado ha tenido que ir transponiendo al ordenamiento jurídico nacional toda la legislación que emana de la Comisión Europea, normalmente a través de directivas comunitarias.
Las comunidades autónomas, por contra, han disparado el número de hojas de sus boletines oficiales y solo en 2018 aprobaron 8.436 normas de las 11.737 de todas las administraciones. «Este nivel de gobierno, por tanto, es el más importante para explicar los posibles impactos económicos que puedan encontrarse», dice el documento publicado por el Banco de España.
Cataluña, según este estudio, es la comunidad con mayor producción normativa, pues ha generado el 12% de la legislación autonómica desde 1983, cuatro puntos porcentuales más que Andalucía y Castilla y León (8%) y el doble que Madrid, País Vasco, Navarra y Aragón, responsables de un 6% cada una. La Rioja y Cantabria, responsables de un 3% de la legislación cada una, son las que menos legislan (ver gráfico).
Ahora bien, la intensidad legisladora de cada región está muy relacionada con su tamaño y su peso sobre el PIB nacional. A mayor población y mayor peso sobre la economía nacional, como es el caso de Cataluña, más actividad legislativa. En este sentido, La Rioja, Cantabria, Extremadura, Navarra y Asturias serían algunas de las comunidades más reguladas.
Lo cierto es que toda esta maraña legislativa es una preocupación constante entre los empresarios del país y es motivo de toque de atención a España por organismos europeos e internacionales. La CEOE, por ejemplo, lleva años reclamando una simplificación normativa y que se acabe con su fragmentación, armonizando las reglas para que sean iguales para las empresas en todo el territorio español y eliminando las duplicidades y contradicciones que se dan entre normas de diferentes administraciones.
Esa sobrerregulación genera confusión e incertidumbre en las empresas, además de exigirles mayores recursos para poder analizar toda la normativa a la que se enfrentan, sobre todo a compañías que operan en varias comunidades o todo el territorio. «Incluso teniendo capacidad para conocer todo el marco normativo, las empresas podrían tener dificultades para conocer la norma aplicable si es que existe una multiplicidad de fuentes», dice el informe de Mora-Sanguinetti y Pérez-Valls.

Ley de unidad de mercado

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en julio de 2013 la ley de Garantía de la Unidad de Mercado, encaminada precisamente a coordinar a nivel nacional toda la legislación para evitar duplicidades y contradiccionesque hacen que las empresas tenga que cumplir normativas distintas dependiendo de la región en la que se instalen, aumentando sus costes y mermando considerablemente su competitividad.
Esta actuación era una reclamación constante a España del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea. Sin embargo, casi siete año después de su aprobación, los efectos de su aplicación han sido más bien escasos y la propia norma ha sido cuestionada por el Tribunal Constitucional, que anuló su principio de eficacia nacional.
Por ello, el Ejecutivo comunitario no ha dejado de reclamar una aplicación más decidida de la norma. «El carácter restrictivo y fragmentado de la regulación en España impide a las empresas aprovechar las economías de escala», estrangula su crecimiento y es una de las razones de «la brecha de productividad» frente a otros Estados miembros y de la «menor capacidad de absorción de conocimientos y tecnología», decía Bruselas en sus recomendación a España en Semestre Europeo 2019.
Los efectos de toda esta sobrerregulación y fragmentación normativa, según los diferentes estudios, es múltiple: afecta a la productividad y eficiencia de las empresas, puede reducir el potencial de crecimiento de la economía, eleva la ineficiencia de la Administración y conduce también a un colapso de la Justicia.
ASI NO SE CUMPLE NINGUNA

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