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lunes, 6 de junio de 2016

FRANCIA E ITALIA SE OPONEN A LAS SANCIONES A ESPAÑA POR EL DÉFICIT


Renzi (I) y Hollande durante la cumbre europea sobre inmigración

Francia e Italia se oponen a las sanciones a España por el déficit.


El ministro de Economía francés, Michel Sapin, asegura a EL PAÍS que Francia será “indulgente”

Francia se opone a las sanciones a España y Portugal por incumplir el déficit. Italia tampoco quiere multas. Bruselas abrirá ese procedimiento de infracción en julio, y se trata de un esquema prácticamente automático, pero la Comisión Europea es consciente de que, una vez más, no hay apetito por las sanciones. El ministro de Economía francés, Michel Sapin, aseguró a EL PAÍS que Francia será “indulgente”, y aventuró que también lo serán Alemania y la Comisión. Berlín prefiere esperar al resultado del 26-J para fijar su posición. A tres semanas de las elecciones, el Gobierno español defiende que “nadie en Europa quiere la multa”.
La Comisión abrirá a primeros de julio un procedimiento de infracción contra España y Portugal por los incumplimientos de las reglas fiscales. Bruselas considera que ninguno de los dos países ha tomado “acciones efectivas”. Ni siquiera España objeta nada al respecto, más allá de las malas excusas acerca de por qué no consiguió alcanzar sus metas de déficit en 2015, pese a crecer a todo tren. Los ministros de Finanzas de los Veintiocho tienen previsto aprobar la apertura del procedimiento el 12 de julio, y a partir de ahí la Comisión tendrá 20 días para presentar una propuesta de sanciones de hasta 2.200 millones.
“Pero la sanción será nula o se cancelará a lo largo de ese proceso, que al final requeriría el visto bueno del Ecofin. No hay apetito para una multa”, admiten fuentes comunitarias. La razón es que Francia se opone. E Italia, con la boca pequeña. Incluso Alemania emplea un doble juego: muestra dureza en público, pero está esperando a las elecciones del 26-J para fijar su postura definitiva, según fuentes alemanas. “Alemania no quiere la multa. Así lo ha negociado con el Gobierno español”, asegura uno de los ministros del Eurogrupo. “Nadie quiere sanciones”, añade tajante una fuente del Ejecutivo español.
Bruselas deberá encontrar una escapatoria legal
Más allá de lo que al final haga Berlín, hay otros países que ya muestran explícita o implícitamente su oposición. Francia es el caso más claro: su ministro de Finanzas, Michel Sapin, asegura a este diario que la imposición de sanciones “no está en el espíritu del Eurogrupo”. Francia será “indulgente” con España, dice Sapin. Y no solo Francia: “Alemania tendrá una actitud benevolente hacia España. Y también la Comisión”, añade Sapin. Las fuentes consultadas apuntan que tampoco Italia está por la labor: como París, Roma sabe que si ese melón se abre ambos países podrían ser candidatos a futuras multas.
Conocedora de esas posiciones, Bruselas deberá encontrar una escapatoria legal para tratar de salvarle la cara al Pacto de Estabilidad, herido de muerte desde hace tiempo. Alemania y Francia lo enmendaron cuando les convino, cuando vieron que podían ser multadas. Francia, de nuevo, evitó hace poco una sanción. ¿La razón? “Porque es Francia”, espetó la semana pasada Jean-Claude Juncker. Todo el mundo lo sabía, pero nadie en la Comisión había dicho nunca con tanta claridad que el rey está desnudo.

 Ganas de pelea

Las promesas de rebajas de impuestos de Rajoy no gustan en la Comisión
España y Portugal sustituyen así a Grecia como escenario de la penúltima batalla entre dos visiones de Europa: la alemana y la francesa. Juncker ha actuado hasta ahora como árbitro, con una posición flexible pese a tener a varios comisarios en contra. Sabe que varios países —Holanda, Finlandia, varios del Este— quieren mano dura. Pero ya ni siquiera está claro que Berlín esté en esa nómina, pese a que ha promovido una opinión legal del Consejo que suspende el año de prórroga para el déficit español y portugués hasta que Bruselas se pronuncie sobre las sanciones. El jefe del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, afirma que hay “serias razones” para multar a España. Hasta el BCE ha criticado la credibilidad del pacto. Da igual: Bruselas se va convenciendo de que esta vez tampoco habrá multas.
“La propuesta será muy descafeinada, pero hay que buscar un encaje legal adecuado”, explica una fuente europea. Las reglas son lo suficientemente flexibles, aunque con ellas en la mano habría argumentos más que de sobra para multar. Hay que esperar al referéndum británico y al panorama político español tras 26-J, pero si el nuevo Gobierno se mueve con habilidad, Bruselas sabrá encontrar salidas. “Hay que abrir el procedimiento de infracción, de lo contrario el Pacto de Estabilidad estaría muerto. Pero si España no hace gamberradas, es muy posible que no haya multa si se confirma la oposición de alguno de los grandes países”, cierran fuentes diplomáticas.
Las promesas de nuevas rebajas de impuestos de Rajoy no gustan en Bruselas. Las promesas de gasto de Podemos, tampoco. Ni el deseo de renegociar la senda del déficit que proponen PSOE y Ciudadanos. Si España quiere evitar el estigma de estrenar sanciones en su ya muy maltrecha credibilidad, el Ejecutivo que salga del 26-J deberá pensárselo dos veces antes de cumplir las promesas electorales.

Otra revisión del Pacto de Estabilidad

En las procelosas aguas de la economía, “procíclico” es el eufemismo adecuado para no decir “estúpido”: las reglas fiscales europeas, acordadas en Maastricht y mil veces enmendadas durante el último cuarto de siglo, han obligado a varios países a duras curas de austeridad en plena recesión. Y por lo tanto son “procíclicas” (o “estúpidas”), porque esos recortes suelen agudizar la caída del PIB. Diseñado para un mundo que desapareció con la Gran Crisis, el Pacto de Estabilidad es ahora, además, sumamente complicado para tener cierto margen en su aplicación. “Al final no convence ni a los países duros ni a los flexibles”, apuntan fuentes europeas, que añaden que está cerca su enésima revisión.
Bruselas esperará al referéndum británico. Pero quiere un cambio: hace unos años se consideraba que el pacto no funcionaba porque atendía únicamente a dos cifras (3% de déficit sobre PIB; 60% de deuda pública); después se ha convertido en un instrumento puramente jurídico, de una gran complejidad y poco compatible con las necesidades reales de la economía. Para sortear esos problemas, Bruselas estudia dotarse de una regla de gasto sencilla: sin abandonar un ancla fiscal (un nivel de deuda pública, probablemente algo más alto que el 60% actual), pasaría por fijar un límite al crecimiento del gasto público. Su diseño no está cerrado.
QUE SANCIONEN, TOTAL NO PODEMOS PAGAR Y NO VAMOS A PAGAR

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