Multa a familiares de emigrantes muertos por no declarar pensiones.
Hacienda exige además la presentación de una declaración complementaria por el IRPF.
Las multas que la Agencia Tributaria ha comenzado a imponer a emigrantes retornados que no declararon sus pensiones extranjeras desde 2008 se extienden incluso entre los difuntos. Hacienda está multando a familiares de emigrantes fallecidos con sanciones de 200 euros por cada ejercicio no tributado correctamente por su pariente retornado. Además exige la presentación inmediata de una declaración complementaria por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el pago de impuestos atrasados en caso de resultar positiva.
Los requerimientos son enviados directamente a sucesores de los fallecidos. En los escritos se explica que con la información que obra en poder de la Administración “se pone de manifiesto que el contribuyente identificado en la cabecera ha percibido rendimientos derivados de pensiones satisfechas en el extranjero y no consta que haya cumplido con la obligación de presentar la declaración anual” del impuesto sobre la renta. La Agencia Tributaria se encarga de recordar al familiar del emigrante que su pariente “ha fallecido por lo que de acuerdo con la Ley General tributaria y el Real Decreto 1065/2007, se le comunica que está obligado al cumplimiento de las obligaciones tributarias pendientes”. Hacienda aclara que si existen otros sucesores, deberá ser este familiar el encargado de identificar y detallar la proporción que aportará cada uno de ellos.
Emilia, una vecina de Barbadás (Ourense), deberá pagar algo más de 1.000 euros por la pensión extranjera que su marido, Eulogio, ya fallecido, percibió en 2008. Y también tendrá que abonar la multa administrativa de 200 euros impuesta por no haber declarado esos ingresos durante la campaña de la renta de 2009. Los pagos que ahora debe afrontar en solitario se extienden a ejercicios fiscales posteriores. Su caso no es único. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) detectó más de 400 afectados en la comarca pontevedresa de O Morrazo y vecinos de Lalín, O Carballiño, Silleda o Celanova también han recibido reclamaciones de la Agencia Tributaria. Decenas de ellas han sido dirigidas a familiares de difuntos que tienen un plazo de 10 días para presentar la documentación requerida a través de Internet o en la delegación de Hacienda más próxima. De no hacerlo en plazo y forma, la Administración advierte de que iniciará un proceso por una “infracción grave sancionable con una multa pecuniaria”.
Los nacionalistas recuerdan que los “emigrantes que tuvieron ingresos inferiores a 11.200 euros anuales no están obligados a someterse a este atraco a mano armada”, algo que Hacienda olvida aclarar en esos escritos. “Es un atraco, porque además en muchos casos los afectados también lo son por el timo de las preferentes”, explica la diputada Tareixa Paz. El BNG anuncia que en próximos días convocará actos de protesta. “Estamos ante un nuevo engaño masivo. El Gobierno organiza amnistías fiscales a la carta para grandes evasores fiscales que campan a sus anchas, pero a las personas del común se las machaca”, denuncia Paz.
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