Existen momentos en los que una sociedad se define a sí misma a través de sus contradicciones. Pitar el himno de Egipto se considera una gravísima ofensa; pitar el himno de España, en cambio, se ampara bajo la libertad de expresión. Del mismo modo, corear "musulmán el que no bote" se convierte en una vergüenza mundial, mientras que "español el que no bote" se celebra como una ocurrencia más, igualmente protegida por esa libertad. El contraste no es anecdótico: evidencia un doble rasero cada vez más arraigado.
Menudo país de sinvergüenzas nos ha tocado. La expresión podrá resultar incómoda, pero refleja el hartazgo de quienes observan cómo los límites se fijan en función de intereses y no de principios.
A los responsables del intento de golpe en Cataluña -que insultaron, agredieron a policías, incendiaron, saquearon y destruyeron patrimonio público- se les indulta, se les concede amnistía, se les perdonan deudas derivadas del despilfarro e incluso se les integra como socios políticos. El mensaje que se proyecta es difícilmente compatible con la idea de igualdad ante la ley.
Conviene recordar, además, una obviedad que en el debate público parece haberse desdibujado: llamar "musulmán" a alguien no es racismo, pues se trata de una identidad religiosa, no de una categoría racial. Existen musulmanes de múltiples razas, etnias, países, colores y orígenes. Sin embargo, no es infrecuente que se confunda religión con raza, mezclando ignorancia con arrogancia.
Con todo, lo más preocupante no es únicamente la persistencia de determinados discursos políticos, sino la creciente aceptación social de los mismos. Se ha instalado la dinámica de convertir cualquier situación en una oportunidad para la confrontación y el protagonismo. Ya lo advertía Zapatero: tensionar el ambiente político puede resultar rentable. Resolver problemas, en cambio, exige esfuerzo, responsabilidad y menos titulares.
Tras siete años de gobierno junto a los sanchistas, la vivienda y la sanidad emergen ahora como problemas centrales. La pregunta es obligada: ¿por qué no antes? Mientras tanto, la presión sobre los servicios públicos aumenta y el acceso a la vivienda continúa deteriorándose.
Se plantean medidas como la regularización de inmigrantes sin exigir referencias, documentación, profesión, estudios o historial delictivo que facilite su integración en el mercado laboral. En paralelo, el sistema sanitario se encuentra ya saturado. Y, como es lógico, nadie quiere vivir bajo un puente: necesitarán vivienda... una vivienda que escasea.
A ello se suma la descomposición del sistema industrial, energético y de los sectores primarios, al tiempo que se fomenta un turismo cada vez más invasivo y se facilita la compra de vivienda por parte de extranjeros. El resultado era previsible: la vivienda deja de estar al alcance de quienes residen en el país.
La cuestión de fondo es inevitable: ¿en qué parará todo esto? La respuesta apunta hacia un deterioro progresivo de la seguridad y del Estado del bienestar, con consecuencias que afectarán tanto a los ciudadanos actuales como a quienes lleguen en el futuro.
Se asiste, en definitiva, a la erosión de un modelo basado en la democracia, el bienestar, la seguridad, la igualdad, los derechos y las libertades, debilitado por políticas erráticas y por una gestión orientada más al poder que a la solución de problemas.
Europa, por su parte, parece avanzar hacia una preocupante desorientación. Al alejarse de alianzas que durante décadas han sostenido su modelo de Estado de Derecho, corre el riesgo de transitar, poco a poco, hacia su propia descomposición. De Estado de derecho... a Estado de desecho.
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