La política ha sido transformada por los dirigentes actuales en un auténtico frente de trincheras. Conceptos esenciales como la democracia, la separación de poderes, la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, el valor de la palabra dada, el cumplimiento de los compromisos electorales, la ética, la dignidad o incluso la propia Constitución han dejado de ser principios inquebrantables para convertirse en elementos maleables, reinterpretables según la conveniencia del momento y de quien gobierna. En este contexto, resulta imposible plantear diálogo, disentimiento constructivo o una búsqueda honesta de ecuanimidad y consenso.
No es serio ni honesto situar al mismo nivel a EH Bildu y a Vox. Tampoco es comparable el ejemplo político y moral que representaron figuras como Julio Anguita o Santiago Carrillo con la actuación de los actuales líderes de Podemos y Sumar, cómplices directos de todas las indecencias y decisiones más cuestionables de este Gobierno.
Del mismo modo, no es lo mismo lo que representaron Felipe González, Alfonso Guerra y su generación, que la política que hoy encarna el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. González convocó un referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN y lo ganó, pese a la intensa campaña en contra impulsada por artistas, escritores, cantantes e intelectuales. Aquello fue un ejercicio real de respeto a la democracia y al pueblo soberano.
Hoy, sin embargo, resulta casi imposible mantener una conversación política sin acabar alterado. Todo gira en torno a Sánchez, y este clima de polarización ha causado un daño profundo a la sociedad. Antes, vecinos, compañeros de trabajo, amigos y familiares podían discrepar abiertamente; todos conocían la ideología del otro y ello no impedía el diálogo ni la convivencia. Hoy no. Hoy, discrepar del presidente implica ser automáticamente señalado como afín a Alberto Núñez Feijóo o a Santiago Abascal, y etiquetado como "facha". En estas condiciones, el entendimiento resulta imposible.
Defender la democracia en mayúsculas implica asumir que la alternancia en el poder es un principio esencial para evitar la degradación del sistema. Como recordó George Bernard Shaw:
"Los políticos son como los pañales: deben cambiarse con frecuencia y por la misma razón".
Quien se aferra al poder sabiendo que, de celebrarse elecciones, las perdería por goleada, no actúa como un demócrata. Actúa movido por el afán de poder y por el desprecio al pueblo soberano. Es así de simple.
Del mismo modo, incumplir promesas electorales fundamentales -no pactar con Bildu, no integrar a Podemos en el Gobierno, traer a Puigdemont y a otros fugados ante la justicia, garantizar penas íntegras a los responsables del procés, no indultarlos o no promover una amnistía de dudosa constitucionalidad- no es un ejercicio de democracia. Es una quiebra del contrato con el electorado. Simple.
La coherencia con la propia hemeroteca también es un requisito democrático. En 2018, Sánchez afirmaba que "sin Presupuestos no hay nada que gobernar", y acusaba a Mariano Rajoy de indecencia por la corrupción que afectaba al Partido Popular. Hoy, sin embargo, gobierna rodeado de imputados, condenados y personas en prisión, y permanece anclado al poder sin asumir responsabilidades. Las preguntas son inevitables; las respuestas, evidentes para muchos.
A todo ello se suma el control partidista de instituciones que deberían garantizar la neutralidad del sistema: tribunales, fiscalía, organismos reguladores, medios públicos y estructuras de fiscalización. Se sustituyen el mérito y la capacidad por cuotas, paridades y afinidades ideológicas. Luego llegan las tragedias, las emergencias y los fallos del sistema, y nadie asume responsabilidades.
La deriva no termina ahí. El uso sistemático del decreto ley como rodillo parlamentario, ignorando a la oposición incluso en decisiones de política exterior -Sáhara, Marruecos, China, el apoyo a la guerra de Ucrania o el posicionamiento en el conflicto Israel-Palestina-, erosiona aún más la calidad democrática. Lo mismo ocurre con una política migratoria desbordada, con un creciente efecto llamada que afecta directamente a la estabilidad social del país.
En definitiva, se ha tomado el poder para ejercerlo sin consenso, sin diálogo y sin cesiones. Quien alcanza la presidencia no gobierna solo para sus votantes, sino para el conjunto de los ciudadanos. La oposición no es un estorbo, sino una pieza clave del sistema democrático, más aún cuando el pueblo soberano la respalda reiteradamente en elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas. Y, pese a ello, el presidente sigue aferrado al poder.
No sirve escudarse en la condición de monarquía parlamentaria cuando se pacta con quienes se prometió no pactar jamás, comprando apoyos a cambio de prebendas, competencias y concesiones evidentes. Eso no es parlamentarismo: es mercadeo político.
Puede sonar duro, pero lo que estamos presenciando no es democracia. Es trapicheo y trueque indecente.
Y conviene no olvidar que Bildu rinde y ha rendido homenajes a terroristas que asesinaron a socialistas que lucharon por la democracia y la libertad, como Fernando Múgica, Fernando Buesa, Juan María Jáuregui o Ernest Lluch. Y muchas de las contrapartidas de Bildu por el apoyo a Sánchez tienen que ver con los presos terroristas.
Entregar impunidad a corruptos, delincuentes y prófugos de la justicia española a cambio de votos parlamentarios premia la ilegalidad y castiga la dignidad. Si esto no es corrupción, se le parece mucho.
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