Nos están timando. No en abstracto ni por ideología, sino en lo cotidiano, en lo que cualquiera reconoce. Antes ibas al médico y te atendían. Hoy llamas y no te cogen el teléfono. Antes una derivación preferente significaba días; ahora significa meses o años. Esto no es mala suerte ni una crisis puntual: es un sistema degradado por decisiones políticas. Y lo más grave no es el colapso, sino que lo hayamos aceptado como normal.
La democracia ha seguido el mismo camino. La Constitución se interpreta según convenga, las leyes se moldean al interés del poder, los tribunales se presionan y la separación de poderes se debilita sin rubor. La igualdad ante la ley, pilar del Estado de derecho, ha dejado de ser un principio intocable para convertirse en una consigna selectiva. El ciudadano ya no es soberano: es un votante al que se engaña cada cuatro años con promesas que nadie piensa cumplir. La corrupción no provoca dimisiones; provoca silencio y costumbre.
La vivienda es el fracaso más visible. Trabajar ya no garantiza poder vivir. Jóvenes con empleo no pueden independizarse, familias viven asfixiadas por alquileres abusivos y comprar una vivienda es una quimera. Se anuncian planes, leyes y medidas una y otra vez, pero nada cambia. Cuando un problema persiste durante años, no es incapacidad: es desinterés.
La inmigración se presenta como necesaria, pero se gestiona sin control real, sin planificación y sin integración efectiva. Se reparte población por el territorio sin recursos suficientes ni exigencias claras de adaptación a las normas básicas de convivencia. Luego, cuando surgen problemas, se niegan o se desacredita a quien los señala. Negar la realidad no es solidaridad: es irresponsabilidad.
El turismo se ha convertido en un dogma intocable. Invade barrios, expulsa vecinos, colapsa servicios públicos y encarece la vida diaria. Utiliza infraestructuras pagadas por todos, mientras los beneficios se concentran en unos pocos. Cuando una actividad económica hace imposible la vida de quienes habitan el lugar, deja de ser progreso y pasa a ser expolio.
El resultado es demoledor: nuestros hijos se van. Los mejor preparados, aquellos en los que se ha invertido años de educación y dinero público, emigran porque aquí no encuentran oportunidades ni futuro. España forma talento para regalarlo a otros países. Aquí se quedan los mayores, el turismo masivo y una inmigración mal integrada. Un país que expulsa a los suyos y no protege a quienes deberían sostenerlo mañana se empobrece sin remedio.
Es especialmente grave haber construido durante décadas un Estado del bienestar para desmontarlo por incompetencia, ideología y cálculo político. La solidaridad no consiste en destruir lo propio para repartir ruinas. Cuando el sistema colapsa, no hay bienestar para nadie.
Se ha perdido también algo esencial: el criterio. Un Estado justo no es el que reparte sin distinguir, sino el que protege a quien se esfuerza y ampara a quien no puede, mientras exige responsabilidades a quien ni trabaja ni respeta las normas.
Toda la ayuda necesaria para quien emprende, para quien trabaja y para quien se esfuerza. Toda la protección para quien, por edad, enfermedad o incapacidad, no puede valerse por sí mismo. Eso es justicia social real.
Pero ninguna ayuda para quien pudiendo trabajar no quiere hacerlo. Tolerancia cero con los violentos, los corruptos y los delincuentes. Y cese inmediato, sin contemplaciones, de cargos públicos y funcionarios que no atiendan a ciudadanos y pacientes con respeto, humanidad y agilidad. El servicio público no es un privilegio: es una obligación.
A esto se suma una deriva legal peligrosa. Se han sustituido principios básicos del Estado de derecho por consignas emocionales. La presunción de inocencia se debilita, la condena mediática se normaliza y basta una denuncia para arruinar una vida. La justicia no puede basarse en lemas ni en sexos. O la ley es igual para todos o deja de ser justicia.
Nada de esto es casual. Se nos impuso la política de cuotas y paridades como sustituto del mérito. No para mejorar las instituciones, sino para colocar afines, mediocres y obedientes. Cuando el mérito desaparece, todo el sistema se degrada. Arriba deben estar los mejores, no los más leales.
Mientras tanto, se nos miente sin rubor sobre salarios y pensiones. Subidas ridículas frente a una inflación real que devora el poder adquisitivo. La vivienda, la luz, el agua, los carburantes, los seguros, la cesta de la compra y los medicamentos no dejan de subir. No hace falta ser economista: cualquiera lo nota al llegar a fin de mes.
Y aun así, se repite que "España va como una moto". Una moto sin frenos ni dirección. Se suben impuestos mientras los servicios empeoran. La sanidad colapsa, la seguridad se resiente, el transporte falla y los ancianos mueren solos o mal atendidos. Nadie dimite. Nadie responde. Nadie paga.
Lo más peligroso no es el deterioro, sino la resignación. Aceptar que esto es lo normal. Callar por cansancio. Mirar hacia otro lado.
Esto no es un panfleto ni una consigna partidista.
Es un espejo.
Y lo que refleja, incomoda.
Porque una sociedad que acepta el engaño, normaliza el deterioro y renuncia a exigir responsabilidades pierde dignidad, pierde futuro y, sobre todo, pierde a sus hijos.
Esta vez no es una exageración. Nos lo estamos jugando todo.
Sin disciplina, sin esfuerzo, sin exigencia, sin control, sin responsabilidad; sin consecuencias, sin despidos, sin mando, sin personalidad, sin dirección, sin ejemplo... todo se degrada. Todo se destruye. Todo se pierde.
Es hora de despertar. Es hora de exigir, de actuar, de poner límite. Lo que toleramos hoy marcará el mañana que entreguemos a nuestros hijos.
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