La política española no deja de sorprendernos con movimientos que, más allá de su lectura formal, generan inevitablemente desconfianza. El reciente nombramiento de Juan Lobato como senador es un ejemplo claro.
Hace apenas unos meses, Lobato protagonizó un episodio poco habitual: enfrentado a las directrices de su partido, llegó a grabar conversaciones y llevarlas ante notario. Un gesto inédito que evidenció una profunda falta de confianza interna y que muchos interpretaron como una muestra de independencia y carácter.
Por eso cuesta entender que, tras aquel pulso, ahora sea recompensado con un asiento en el Senado. Resulta difícil no pensar que se trate de un intento de "recolocar" a quien incomodaba o, simplemente, de asegurar su silencio mediante un cargo institucional. Este tipo de maniobra, aunque legal y frecuente, erosiona aún más la credibilidad de la política.
Da la sensación de que todo se compra y se negocia: silencios, lealtades y convicciones. Se castiga la coherencia y se premia la sumisión. Desde fuera, los ciudadanos perciben que quienes se atreven a cuestionar la línea oficial terminan absorbidos o neutralizados.
Personalmente, Juan Lobato me generaba simpatía. Lo veía con criterio propio, con frescura y con una forma distinta de entender la política. Pero este "refichaje" me desconcierta. Quizá haya razones estratégicas o personales que lo justifiquen, pero la sensación que deja es amarga.
Al final, parece que en la política española sigue vigente una norma no escrita: quien se sale del guion acaba siendo invitado a guardar silencio... desde un buen sillón institucional.
Con dinero público, los políticos se recolocan entre sí, se insultan, se amnistían y se reparten cargos, poder, influencia y notoriedad. Se conceden subvenciones, presupuestos y competencias como moneda de cambio. Se compran silencios, se negocian apoyos y se alimenta el fanatismo. Los valores, la dignidad y los ciudadanos quedan relegados a un segundo plano.
Así entendida, la política está podrida y pervertida en toda su extensión. Los electores ya no saben a quién entregar su voto sin sentirse defraudados. Y duele admitirlo: todos parecen iguales.
Solo confiaré en aquel político que presente su programa ante notario y se comprometa a someter a votación cada incumplimiento. Nada hay más corrupto que prometer sabiendo que se va a incumplir si conviene al poder. Lo que ha hecho este Gobierno lo haría cualquier otro, y eso debería ser delito político, con la Fiscalía y los tribunales actuando de inmediato. Pero tampoco ellos escapan a la contaminación: las instituciones que deberían velar por la limpieza democrática se han vendido al poder.
Lo de Juan Lobato no es una excepción: ocurre con muchos. Todo apunta a que detrás hay negociaciones, pactos de silencio y favores cruzados.
En otros casos ya no hay medias tintas: hay grabaciones, prebendas y corrupción sin tapujos. Aunque el caso de Lobato tiene poco de mérito, lo realmente grave se ve en otros nombres: Koldo, Cerdán, Ábalos... de los cuatro implicados en el famoso Peugeot, tres están bajo sospecha delictiva; el cuarto, al menos, debería estarlo aunque solo fuera por eludir responsabilidades de control y supervisión.
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