En España, el 42% de los jubilados vive por debajo del umbral de pobreza (846,95 euros mensuales), lo que supone 4,16 millones de pensionistas de un total de 9,73 millones. Hasta un 56%, sumando otros 1,32 millones, cobra menos del salario mínimo interprofesional (1.080 euros).
Así consta en este clarificador documento (resumido) sobre las pensiones que el pasado 31 de julio firmaron el Gobierno PSOE-Sumar, la CEOE, CC OO y la UGT, publicado el 2 de septiembre por World Socialist, que profundiza los ataques al sistema público de pensiones, a los servicios públicos y a las condiciones de trabajo en nuestro país.
El objetivo del Gobierno PSOE-Sumar, respaldado por toda la burocracia sindical y el gran empresariado, es que la sanidad de calidad solo sea accesible por vías privadas, ya sea a través de una mutua (están estrechamente vinculadas a las grandes empresas y a los bancos), o mediante la contratación de seguros médicos privados.
Como sabemos, las mutuas son asociaciones empresariales privadas que se financian con dinero público y colaboran con la Seguridad Social en la gestión de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y lo que se pretende ahora es reforzar su papel en detrimento de la sanidad pública.
A partir de ahora, si el sistema de salud pública supera los tiempos de recuperación previstos, los trabajadores que hayan sufrido lesiones traumáticas podrán ser derivados a mutuas de seguros para recibir tratamiento.
Además, con independencia de que su recuperación sea completa o no, las mutuas tendrán un interés económico en acortar los tiempos de recuperación para que los trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo,
De hecho, no dudan en afirmar que, si se les da el control sobre la gestión de las bajas laborales, reducirán su duración en un 40%, claramente en detrimento de la salud de los trabajadores.
La decisión de reducir los impuestos a las empresas que notifiquen una disminución de las enfermedades profesionales y de los accidentes de trabajo es un evidente ejemplo del papel de los sindicatos como instrumentos de las grandes empresas y su hostilidad hacia la clase trabajadora, que tendrá que trabajar más allá de la edad de jubilación de 67 años, ya sea retrasando su jubilación o bien continuando trabajando mientras reciben parte de su pensión.
De esta forma, el Estado gastará menos en pensiones y los empresarios tendrán acceso a mano de obra barata al recortar los salarios, ya que estos trabajadores también recibirán parte de su pensión.
Esto pone de manifiesto cómo los sindicatos han abandonado toda lucha por empleos y salarios dignos, es decir, por el trabajador, para "preocuparse" de que los capitalistas dispongan de una mano de obra abundante y barata, actuando como policía laboral para reprimir cualquier protesta o movilización. La única solución que ofrecen a los trabajadores es seguir trabajando indefinidamente, incluso hasta la muerte si es necesario.
Las pretensiones del PSOE y sus socios pseudoizquierdistas, Podemos y Sumar, son aplicar medidas de austeridad con cargo a los trabajadores y los pensionistas, beneficiando a los capitalistas, y desviar dinero para la guerra (desde enero de 2023, el Gobierno ha batido todos los récords, comprometiendo gastos militares por valor de más de 22.000 millones de euros, casi siete veces el dinero destinado al ingreso mínimo vital).
¿No teníamos interiorizado que los sindicatos, especialmente CC OO y UGT, estaban del lado de los trabajadores? ¿También nos han vendido?
Saludos cordiales.
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