Junts condiciona su apoyo a los decretos a imponer sanciones a las empresas que se marcharon de Cataluña en 2017
El partido de Puigdemont quiere perseguir a las firmas con sede diferente a su centro operativo
PSOE y Junts carecen de armas legales para forzar la vuelta de las empresas a Cataluña
El precio por el apoyo de Junts a la votación mañana en el Congreso para convalidar los tres primeros decretos del Gobierno (6/2023, 7/2023 y 8/2023) es un plan para sancionar a las empresas que cambiaron de sede social y dejaron Cataluña en 2017 para escapar de los efectos del 'procés', según ha adelantado 'La Vanguardia' y han confirmado a ABC desde Junts.
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