La Administración y el abuso

Tramitar ayudas a la dependencia, informarse sobre pensiones de viudedad o pedir un cambio de cita hospitalaria seguirá siendo, en muchos casos, un laberinto telefónico desesperante

El anteproyecto de la Ley de Atención a la Clientela, conocida también como la 'ley de los tres minutos', que son los que el Gobierno regulará para que las empresas públicas y privadas no tarden más de ese tiempo en atender telefónicamente a sus clientes y usuarios, tiene truco. El Ministerio de Consumo, que dirige Alberto Garzón, ha excluido a la Administración de esa obligación legal cuando entre en vigor. Solo los organismos públicos que presten servicios de interés general cuando medie una relación de consumo o crematística entre Administración y usuario –Correos o Renfe, por ejemplo– estarán obligados a cumplirlo. Otros organismos esenciales en la vida de los ciudadanos como la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, los servicios de empleo del SEPE, o un hospital público, no estarán obligados ni a atender llamadas en tres minutos, ni a que responda una persona tras el teléfono, ni a dejar constancia de cualquier reclamación, ni por supuesto a asumirla. Por tanto, la Ley de Atención a la Clientela, pendiente de tramitación parlamentaria, nacerá coja, será insuficiente para el ciudadano, y muy demagógica.