Interior inició los trámites del traslado antes de que Llarena diera luz verde.
El juez, a punto de cerrar la causa de rebelión, contesta a Prisiones que no va a necesitar a los procesados e insiste en que el acercamiento no le compete a él.
Pocas dudas había de que el acercamiento de los presos del 1-O a las cárceles catalanas y la mano tendida a los secesionistas para reducir la «confrontación» iban a ser objetivos prioritarios del Gobierno de Pedro Sánchez. No en vano en una de sus primeras apariciones públicas, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya había avanzado la intención del Ejecutivo de evaluar ese traslado si el juez instructor ya no necesitaba a los procesados para la práctica de más diligencias. Lo sorprendente es la rapidez con la que se están llevando a cabo los trámites.
Prueba de ello es que sin esperar a la respuesta del Tribunal Supremo, las Juntas de Tratamiento de los centros penitenciarios donde están recluidos los líderes independentistas ya estaban elaborando a primera hora de ayer los informes de arraigo de los presos preventivos del «procés», como confirmaron a ABC fuentes de Instituciones Penitenciarias. Estos informes forman parte del protocolo entre administraciones y son los que tiene que recibir la Generalitat, con competencias en materia penitenciaria, para evaluar el traslado a sus cárceles.
Alcalá Meco y Soto del Real
En paralelo, los propios centros remitieron al instructor un escrito en el que le preguntaban si ya había concluido la instrucción respecto a cuatro presos concretos, los que han pedido su traslado desde las prisiones madrileñas de Alcalá Meco y Soto del Real: la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell; la exconsejera Dolors Bassa; y los expresidentes de la ANC; y Ómnium Cultural Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente. Sobre los exconsejeros Forn, Turull y Rull, Instituciones Penitenciarias no tiene aún «manifestación de su voluntad de ser trasladados» desde la cárcel de Estremera, donde también están presos el exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconsejero Raül Romeva.
La respuesta de Llarena llegó en forma de providencia al filo de la una de la tarde. En ella volvía a insistir, como ya hizo el pasado 14 de junio tras el anuncio de Marlaska, en que la decisión sobre el posible acercamiento corresponde a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior.
En el escrito Llarena desvela que los presos han alegado «razones de vinculación familiar» para pedir su traslado a las prisiones de Quatre Camins, Brians II, Girona mujeres y Barcelona mujeres. «No existe razón procesal que conduzca a la custodia de los procesados en ningún centro penitenciario concreto, estando la decisión sujeta a los criterios penitenciarios que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias considere de aplicación», explica el juez.
En definitiva, Llarena informa a los centros penitenciarios en cuestión de que en la fase actual de la causa, a punto de dictar auto de conclusión de sumario, no va a necesitar la presencia física de estos reclusos para la práctica de ninguna diligencia más, por lo que da luz verde a lo que consideren.
En el auto en el que hace dos semanas denegó la libertad de Junqueras, Forcadell y Romeva, el instructor ya avisaba de que carece de competencia para decidir el centro en el que deben permanecer los líderes independentistas investigados que se encuentran en prisión preventiva. Apoyándose en la jurisprudencia del Supremo, Llarena explicaba que a los órganos penitenciarios les corresponde organizar, gestionar y fijar la actividad y ubicación de los presos en los establecimientos: «lógicamente debe serles reconocida como función propia la distribución de los penados», ya que son ellos los que conocen la naturaleza de los centros y el número de plazas existentes.
De hecho, fuentes de Instituciones Penitenciarias aseguraban ayer a ABC que la respuesta más común de la Generalitat a los presos que piden su traslado a cárceles catalanas es que no hay plazas disponibles. En este caso cuesta creer que el gobierno autonómico diera este portazo a los que el actual presidente de la Generalitat llama dentro y fuera de nuestras fronteras «presos políticos».
Con independencia del futuro procesal de los procesados que se encuentran huidos, el fin de la instrucción de Llarena ya está muy próximo. Todavía hay dos cuestiones sobre las que tiene que pronunciarse: sobre la libertad de Joaquim Forn, que acudió a declarar al Tribunal esta misma semana, y dictar la resolución para la suspensión de empleo y sueldo de los siete diputados catalanes (incluidos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras) cuyo procesamiento por rebelión es firme desde el miércoles.
QUIEN NO RESPETA LA JUSTICIA A LA POSTRE FRACASA
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