Puerta de una academia de Roquetas de Mar investigadas
La policía prevé más de cien detenidos por fraude en los cursos en Andalucía
Una nueva fase de la Operación Edu se desarrolla este lunes en seis provincias andaluzas.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía (UDEF) ha arrancado este lunes la tercera fase de la Operación Edu, la investigación contra el presunto fraude con las ayudas públicas de la Junta de Andalucía a los cursos de formación. En esta fase hay previstas un centenar de detenciones, entre ellas más de 30 exresponsables del Gobierno andaluz -exdelegados de Empleo, jefes de servicio y jefes de departamento- que concedieron las subvenciones, así como empresarios receptores en Almería, Granada, Córdoba, Jaén, Málaga y Cádiz. Los investigadores achacan a los detenidos estafa, fraude en las subvenciones y falsedad documental por las irregularidades en la concesión de ayudas.
La Operación Edu se inició hace justo un año poniendo el foco sobre los empresarios, y ahora en su tercera fase la policía ha detenido a los responsables de la Administración, entre ellos varios exdelegados de Empleo de la Junta como Juan Carlos Lomeña en Málaga. Esto genera una gran controversia: la Guardia Civil detuvo a 16 ex altos cargos de la Junta a las órdenes de la juez Mercedes Alaya, entre ellos los exdelegados de Empleo en las ocho provincias, y ahora la policía ataca el mismo flanco. De hecho, hay ex altos cargos de la Junta detenidos esta mañana que ya pasaron por los calabozos en la Operación Barrado de la Guardia Civil. El conflicto de competencias entre ambos cuerpos policiales para acaparar el fraude de los cursos está sobre la mesa.
La policía responde a diversos jueces repartidos entre las ocho provincias andaluzas, mientras que la Guardia Civil trabaja para Alaya. Esta ha intentado acaparar todas las ayudas de la Junta y ha reclamado al resto de jueces que se inhiban, unas veces con éxito y otras sin él. De este modo, la colisión de investigaciones puede provocar que existan cargos imputados en diferentes procedimientos, algo que suscita dudas procesales. Esta semana por ejemplo Alaya ha citado como imputados a 11 ex jefes de servicio de la Consejería de Empleo, mientras que la policía detiene a responsables de la misma consejería.
La policía centra sus investigaciones en empresas y personal de la administración por ayudas concedidas sin que los beneficiarios de las subvenciones reunieran los requisitos para obtenerlas o por no llevar a cabo los cursos en los términos previstos.
La tercera fase continúa con una investigación sobre siete años durante los que la Junta de Andalucía destinó más de 3.000 millones de euros para los programas de formación. “Hay firmas que son auténticas tapaderas, creadas a propósito para defraudar”, destacó un alto cargo policial sobre la investigación.
Una de las irregularidades descubiertas en la investigación se centra en cursos programados que ni siquiera llegaron a impartirse y que se habrían justificado rellenando listados con asistentes ficticios, aunque el nombre y apellidos de esos beneficiarios sí son reales.
Entre las anomalías detectadas está también el incumplimiento de algunas empresas adjudicatarias de su compromiso de contratar a un porcentaje determinado de los alumnos durante varios meses, un requisito que en teoría era imprescindible para obtener la ayuda.
Uno de los principales supuestos implicados señala en estos fraudes al exconsejero de la Junta Ángel Ojeda, implicado en la primera fase de esta operación, un sumario que pasó a investigar la Guardia Civil bajo las órdenes de Alaya. La policía cree que sus empresas llegaban a acuerdos con personas para contratarlas como profesores a cambio de que estos luego les devolviesen la mitad del sueldo acordado de forma directa o con la compra ficticia de servicios y materiales. En otras ocasiones los cursos ni siquiera se llegaban a celebrar.
El caso Edu saltó en Málaga en abril de 2014 y su origen es una denuncia de la Seguridad Social, informa Esperanza Codina. En esta provincia se investiga la convocatoria de cursos de Formación Profesional Ocupacional (FPO) del 15 de diciembre de 2010 y las supuestas anomalías se extienden a 17 empresas. Las declaraciones en el juzgado comenzaron el pasado 17 de abril y ya han comparecido como imputados alrededor de una veintena de responsables de seis empresas que impartieron los cursos, de soldadura, peluquería, cocina o protésico dental. Aún no hay ningún cargo público o funcionario que haya comparecido.
EN ESPAÑA HAY MUCHA CORRUPCIÓN Y POCO CASTIGO, SE HABLA DE ELLO Y PARECE QUE LAS LEYES CASTIGAN PERO ES TODO PROPAGANDA DE APARENTAR PERSEGUIRLA, HACER COMO QUE SE HACE PERO EN REALIDAD NO SE HACE NADA O MUY POCO.
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