LA VERGÜENZA DE LAS PUERTAS GIRATORIAS

El primer registro de las ‘puertas giratorias’

El nuevo portal de transparencia permite consultar qué altos cargos obtienen permiso para irse a trabajar a la empresa privada.

Poner nombre y apellidos a las puertas giratorias. Quién se va de la Administración pública y a qué empresa privada. Es una de las informaciones que permite consultar por primera vez el portal de transparencia (transparencia.gob.es), activo desde este mediodía. 

Gracias a la  ley de transparencia que entra en vigor hoy se pueden tener más datos sobre los altos cargos que abandonan el puesto público y pasan a trabajar al sector privado. Para hacerlo deben obtener una "autorización de compatibilidad para actividad privada". El nuevo portal permite consultar nombre completo, puesto que deja esa persona en la Administración y la empresa a la que va. 

El portal ofrece, de momento, únicamente la lista de las autorizaciones concedidas en 2014 según la ley 5/2006 de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del gobierno y de los altos cargos. Son 12 personas de distintos ministerios: Justicia, Presidencia, Fomento, Industria... Lo que en esta página no se puede consultar es el informe que permite al alto cargo pasarse a la empresa privada. Un solo alto cargo, Borja Adsuara Varela, obtuvo en julio pasado autorización para pasar de ser director general de Red.es a ocupar puestos en cinco empresas diferentes, según la información que aparece en el portal: Centro Universitario Villanueva, Universidad de La Rioja, Universidad de Tecnología y Arte Digital, Guidance y Walnuters.

Del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación se han ido dos altos cargos en lo que va de 2004. Carlos Bastarreche Sagües, exembajador en la República Francesa, a Airbus Group, e Iñigo de Palacio España, exembajador en Chile, a Indra Sistemas S. A.

De Industria se marchan también dos personas: Marina Serrano González, exconsejera de la Comisión Nacional de la Energía, que pasa a Pérez-Llorca Abogados, y Luis Valero Artola, exsecretario general de Industria y Pymes que se fue al Consejo de administración de Enagas.

La ley que regula los conflictos de intereses establece que, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos no pueden desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas "relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado". Es decir, si dictaron resoluciones en relación con esas empresas o si intervinieron en sesiones de órganos colegiados en los que se adoptaron esas resoluciones. Son estos aspectos los que examina la Oficina de Conflictos de Intereses, que está adscrita orgánicamente al Ministerio de Administraciones Públicas.

ESTO ES UNA AUTÉNTICA VERGÜENZA PROPIA DE UN PAIS BANANERO