¿Quiere Hacienda tomar por idiotas a los españoles?
EL PRESTIGIO de la Hacienda pública es clave, en cualquier país, para desarrollar con eficacia su cometido. Todos los gobiernos son particularmente cuidadosos con la imagen del organismo encargado de recaudar los impuestos. Pero si eso siempre es así, el celo por mantener el buen nombre de la Agencia Tributaria debería ser más acusado aún en el periodo de mayor presión fiscal de la Historia de España. Si Hacienda quiere ciudadanos ejemplares debe empezar ella misma por ser ejemplar.
Lejos de ello, hoy encontramos que el mismo organismo tiquismiquis que en tantas ocasiones le busca las vueltas al ciudadano de a pie, da por buenas facturas falseadas que podrían permitir a la Infanta Cristina librarse de ser acusada de delito fiscal. Y una vez ha sido descubierto en esa trapacería, en lugar de dar explicaciones o guardar silencio, se permite enviar un torpe desmentido. Así lo hizo ayer para tratar de negar la información en la que detallábamos que ahora acepta como gastos de Aizoon unos supuestos pagos que había desechado cinco meses antes por ficticios.
En su nota remitida ayer a este diario, la Agencia Tributaria asegura que sus funcionarios nunca han hablado de la existencia de «facturas falsas» y que tampoco han negado la realidad de los «servicios de asesoría» de la empresa de los duques de Palma. En efecto, esa no fue la textualidad de los técnicos, pero no de otra forma cabe interpretar sus conclusiones en las que afirman que existió una «falsificación material de la propia factura» o que sociedades como Intuit o Aizoon «que teóricamente tendrían que ser proveedoras de servicios», en realidad «carecen de estructura empresarial».
Por si ello no fuera lo bastante esclarecedor, Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda, mayoritario en este organismo, corroboró ayer la información publicada por ELMUNDO. Su presidente, Carlos Cruzado, fue más lejos aún al denunciar que la Agencia Tributaria está «desobedeciendo al juez». Le acusa de no descontar «todos los gastos improcedentes» en el informe que ha realizado para determinar el posible fraude fiscal de los duques de Palma. Cruzado califica esa manipulación como «muy burda» y reprocha al organismo que no explique al magistrado por qué da validez ahora a facturas que previamente había desestimado por falsas.
Carece de sentido que la Agencia Tributaria se exponga al ridículo de esta forma, porque la triquiñuela es tan clamorosa que era obvio que sería descubierta. Gestha reclama, con buen criterio, que alguna de las partes presentes en el procedimiento judicial solicite la comparecencia de los peritos que han elaborado el informe dirigido al juez «para que aclaren por qué han aceptado unas facturas que antes habían rechazado». Dado que todo indica que sólo existen razones de orden político y no técnicas, esa declaración sería el hilo del que tirar para ver quién está detrás del amaño.
La Agencia Tributaria haría bien en explicar qué argumentos le han llevado a dar marcha atrás en su valoración inicial sobre las actividades de los duques. No hacerlo equivale a burlar al juez. Y además con su comunicado trata de idiotas a los ciudadanos.
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