EL DINERO PÚBLICO NO ES DE NADIE COMO DIJO ALGÚNA MINISTRA

Dinero incontrolado.

Las instituciones públicas deben explicaciones sobre el nuevo fraude en cursos de formación.

Lo mínimo que cabe esperar de los responsables políticos es el correcto control del dinero público. Un nuevo fraude indica, sin embargo, que en España no solo falla con demasiada frecuencia ese elemental principio, sino que las instituciones arrastran los pies en la búsqueda de responsabilidades. La policía señala en este nuevo caso un agujero de quince millones de euros sin justificar destinados a cursos de formación que salieron de los presupuestos de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Empleo en el año 2011. Según los indicios, una gran parte de ese dinero lo administró un solo empresario, José Luis Aneri, que organizaba cursos inexistentes para alumnos también ficticios. Un juzgado de Madrid practica las primeras diligencias y la patronal madrileña, a través de uno de sus cargos, podría haber incurrido en prácticas fraudulentas similares.

Las instituciones públicas y las organizaciones empresariales que recibían las subvenciones parecen haber sido víctimas de un empresario sin escrúpulos. La gran cantidad de dinero depositada en unas únicas manos, sin embargo, apunta a un comportamiento, como mínimo, negligente por parte de esas mismas instituciones y organizaciones. Son ya demasiados los fallos en el control del dinero de los administrados, con el agravante de que utilizan como excusa el drama del desempleo. Las normas se modificaron tras los escándalos del Imefe (Instituto Madrileño de Formación) y el Forcem (cursos con fondos europeos), pero el caso Pallerols, muy similar, o el de los ERE de Andalucía y las subvenciones a UGT demuestran que de nada valen las normas si los políticos no se toman en serio la obligación de extremar los controles.

La Comunidad de Madrid, que acusa un agujero de 4,4 millones de euros en este nuevo escándalo, ha reaccionado de manera confusa. Consciente del problema desde hace casi un año, no ha denunciado el presunto fraude y ha destituido al funcionario que ha testificado sobre el caso. La explicación de una “pérdida paulatina de confianza” no es consecuente. Si fuera así, no era la persona idónea para declarar en nombre de la administración autonómica. El silencio del Ministerio de Empleo tampoco es buena señal. Solo la transparencia despejará las sospechas y evitará una mayor erosión de la confianza de los ciudadanos, ya suficientemente dañada.