El Tribunal de Cuentas, encargado de «controlarlos», asegura que «es muy difícil sancionarlos» porque «la ley lo hace imposible». Las últimas cuentas revisadas son del 2007.
La corrupción política enferma a España y los casos acechan a uno y otro lado del espectro ideológico. Las alarmas saltaron por última vez la semana pasada, cuando el resultado de una comisión rogatoria enviada a Suiza desveló que el extesorero del PP Luis Bárcenas vació una cuenta con 22 millones de euros en ese país tras conocer su imputación en la trama de corrupción. La investigación se extiende ahora a la presunta adjudicación de sobresueldos dentro del partido.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dejó claro que «no le temblaría la mano si tenía conocimiento de irregularidades» y más tarde confirmó sus intenciones de llegar hasta el fondo del asunto con el anuncio de una auditoría interna y externa de las cuentas del Partido.
Pero quizás el problema se encuentre en un punto anterior. ¿En qué momento fallan los mecanismos de control de la financiación de los partidos políticos? Y lo que es más importante, ¿realmente los hay?
El Tribunal de Cuentas, inmovilizado.
La Ley de financiación de los Partidos Políticos designa como «centinela» al Tribunal de Cuentas». Este organismo es el encargado de controlar la fiscalidad de los partidos políticos y señalar irregularidades en sus cuentas. El problema es que el último informe publicado maneja datos del año 2007, acumulando un retraso de 5 años.
«Hasta ahora solo éramos 12 personas para investigar los partidos», lamentan desde el Tribunal de Cuentas. «Desde este verano somos 26» gracias a que «este nuevo pleno sí ha puesto interés en que nos pongamos al día». Pocos efectivos para llevar a cabo un volumen de trabajo «inabarcable», ya que este organismo es también el encargado de controlar la financiación de las campañas de los partidos políticos, que «se celebran a todas horas».
El problema no es solo de tiempo, también es de posibilidades. «Se nos hace muy difícil imponer sanciones a los partidos porque la ley no nos deja», explican. Así lo denuncia también su último informe: «Se ha omitido la tipificación de las infracciones susceptibles de sanción, sus sanciones correspondientes, y su posible prescripción». Dicho de otra forma, la ley no recoge de forma explicita que comportamientos concretos son ilegales, ni como debe castigarlos el Tribunal de Cuentas, relegándole al papel de testigo mudo de la irregularidad.
Por otra parte, el Tribunal denuncia la falta de «mecanismos» para poder controlar las cuentas de las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos, y las donaciones que reciben, ya que estos entes no se acogen a la regulación propia de los partidos.
Por otra parte, la normativa penal tampoco acompaña al ritmo de trabajo del tribunal. Si como decíamos este organismo tarda cinco años de media en sacar adelante su auditoría contable, los delitos de financiación ilegal prescriben a los cuatro, siendo imposible juzgarlos una vez descubiertos.
¿Autolimpieza?»
Las formaciones políticas cuentan con mecanismos internos para evitar casos de corrupción en su seno, pero en la mayor parte de las ocasiones son solo una declaración de intenciones.
Por ejemplo, en el Partido Popular existe un Código de buenas prácticas que incluye, entre otras cuestiones, «el compromiso de separar claramente en su actuación lo público de lo privado», «la prohibición de aceptar cualesquiera regalos», o el compromiso de «comunicar a la Dirección del Partido Popular la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que que puedan derivarse "indicios" delictivos».
Si un militante incumple alguna de estas indicaciones queda «a disposición del Partido» el cargo público que desempeñe. El responsable de tomar las medidas pertinentes en el partido es el Comité Nacional de Derechos y Garantías.
El presidente de este órgano y secretario regional del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado recientemente que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, tiene que «responder ante la Justicia» y ha pedido que se investiguen todos los casos de corrupción «hasta las últimas consecuencias». Esta petición la secundan muchos otros dirigentes populares.
En cuanto al Partido Socialista cuenta con la Comisión de ética de Garantía y la Comisión Federal Revisora de Cuentas, que tienen el deber de supervisar y «controlar las situaciones patrimoniales de los afiliados socialistas y las actividades económicas de los cargos públicos electos designados por el PSOE», así como velar por el cumplimiento de las normas internas sobre incompatibilidad de cargos públicos. La herramienta a aplicar por estas comisiones son los Estatutos del partido y el Código Ético, aprobado originalmente en su 34 Congreso.
La Comisión de Ética y Garantías es un órgano independiente, sus reuniones son secretas y sus miembros tienen obligación de reserva sobre los datos que manejan, particularmente los contenidos en el registro de bienes y actividades. Según este código «la resistencia u ocultación» de estos datos se consideraba «falta».
Comparativa internacional.
La organización Transparencia Internacional sitúa a España en el puesto número 30 de su ránking de «limpieza». La buena noticia es que aprobamos el examen anticorrupción con un 6,5 sobre 10; la mala es que sacamos la misma nota que Botsuana.
Sobre el podio de la limpieza institucional se alzan los países nórdicos. Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda comparten el primer lugar, con una puntuación de 90, una posición que han podido alcanzar gracias a su compromiso con la transparencia y las normas que se aplican a quienes ocupan cargos públicos.
Quizás un espejo donde mirarse en el futuro. Por el momento, la laxitud de los controles existentes, deja los futuros casos de corrupción en manos de un sistema que pide a gritos una reforma institucional.
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