El día 2 de enero de 2026 llegué a la estación de Oviedo en un tren AVE procedente de Madrid, con hora prevista de llegada a las 18.13. Considero un deber cívico poner en conocimiento público una situación grave y reiterada que afecta a la seguridad y accesibilidad de una infraestructura esencial para la ciudad.
El desembarco fue desordenado, peligroso, impropio de una estación que recibe trenes de alta velocidad. Las escaleras mecánicas, estrechas y mal diseñadas, obligan a los viajeros a maniobrar con equipajes en un espacio insuficiente, sin margen de error. Los ascensores, escasos y de capacidad limitada, resultan inútiles para un flujo real de pasajeros, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida; la accesibilidad, en la práctica, inexistente.
Durante el desembarco de este tren, una señora sufrió una caída por resbalón mientras subía por la escalera mecánica, muy estrecha. Otras personas, también en movimiento, se lanzaron a auxiliarla, generándose una situación de riesgo evidente. El episodio pudo haber tenido consecuencias muy graves. No fue un hecho fortuito, sino el resultado directo de un entorno inseguro.
Esta situación no es nueva. Hace años sufrí una caída en la misma situación, en circunstancias similares. Que transcurrido tanto tiempo el problema persista sin corrección alguna revela un fallo continuado en el diseño y la gestión de esta estación.
No hablamos de incomodidades, sino de riesgos evitables. Cuando una infraestructura pública provoca caídas y situaciones de peligro colectivo, alguien está incumpliendo su obligación básica de garantizar la seguridad. Si no actúa, la pregunta ya no es si ocurrirá una desgracia, sino quién asumirá la responsabilidad cuando ocurra.
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