Hoy quiero lanzar una reflexión que, aunque incómoda, considero urgente y necesaria: la escandalosa falta de formación política -e incluso de cultura democrática básica- que muestran muchos de nuestros representantes públicos.
¿En qué momento normalizamos que quienes legislan, debaten y deciden sobre los asuntos comunes puedan hacerlo sin una preparación mínima en Derecho, Historia, Economía o incluso en habilidades de oratoria o pensamiento crítico? No se trata de exigir títulos universitarios, sino de exigir responsabilidad. Porque la política no puede ser el último refugio del oportunismo, de la improvisación, o del sueldo y el aplauso fácil.
Legislar y decidir sobre la vida de los ciudadanos a los que representan requiere preparación, criterio y compromiso, y resulta preocupante la escasa formación, inclusive cultural, de muchos de nuestros representantes públicos. Asistimos a menudo a intervenciones llenas de frases hechas, errores históricos o jurídicos graves, y argumentos vacíos. Lo peor es que esta pobreza intelectual no es un caso aislado, sino un síntoma de cómo hemos normalizado el desprecio por el conocimiento en el ejercicio de la política. Escuchamos con frecuencia intervenciones parlamentarias vacías, plagadas de desinformación o, directamente, llenas de errores de bulto que cualquier estudiante de Secundaria podría corregir. Y, mientras tanto, los ciudadanos asisten entre la frustración y el hastío al deterioro de la calidad institucional. Hoy en día parece más rentable para cualquier joven dedicarse a la política, sin formación ninguna, que estudiar una carrera y después preparar una dura oposición.
La política debería ser una tarea noble, basada en el rigor, el pensamiento crítico y la vocación. Pero muchos la han convertido en refugio de oportunistas que solo buscan notoriedad o un sueldo público, sin preocuparse por estar a la altura de las instituciones que representan.
Por eso creo que deberíamos abrir un debate serio sobre la exigencia de una formación mínima para quienes ocupan cargos electos, e incluso plantear la formación continua obligatoria en materias básicas como Derecho constitucional, Economía o Ética pública, al igual que se exige formación en la empresa pública y/o privada para trabajadores y/o funcionarios de carrera.
La democracia no puede sostenerse con representantes mediocres. Necesitamos altura, responsabilidad y conocimiento. Y hoy en día, por desgracia, muchas veces brillan por su ausencia.
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