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martes, 8 de abril de 2025

OVEJAS FAMÉLICAS DE UN PESEBRE VACIO

 Tras siete años de gobierno de social-comunista en España, una tesis inquietante comienza a tomar forma: la clase media productiva, motor histórico de la economía real, creadora de riqueza y empleo, está siendo erosionada de manera sistemática. En su lugar, emerge un nuevo grupo que podría reclamar ese título: los empleados públicos y funcionarios, cuya posición, lejos de ser productiva, es esencialmente administrativa. Mientras tanto, el resto de la población, atrapada bajo un salario mínimo artificialmente elevado que dificulta su contratación, se configura como una bomba de relojería social. Este escenario, lejos de ser un accidente, parece alinearse con los postulados de la izquierda reaccionaria: crear y mantener la pobreza para garantizar una base de "clientes" dependientes del Estado. Al otro extremo, las élites adineradas, sorprendentemente cómodas con este statu quo, pactan con el poder a cambio de preservar sus privilegios. Ante esta realidad, se hace imperiosa la necesidad de una revolución liberal y libertaria que devuelva el dinamismo a la economía y la libertad a los ciudadanos.

-El auge de los funcionarios como nueva "clase media"

Según datos recientes del Ministerio de Hacienda, el salario medio bruto mensual de un funcionario en España ronda los 2.836 euros, una cifra que contrasta con los ingresos de muchos trabajadores del sector privado, especialmente en la economía real. Este promedio, derivado de un salario anual de 34.036 euros en 2023, refleja una estabilidad que pocos fuera del sector público pueden alcanzar. En el extremo inferior, los funcionarios del Grupo C2, como asistentes administrativos, suman unas 400.000 personas y perciben entre 1.500 y 2.000 euros mensuales con complementos, mientras que en la cima, los del Grupo A1 -jueces, fiscales y altos administradores-, unas 100.000 personas, alcanzan entre 2.200 y 3.900 euros al mes, según estimaciones de MasterD y Administración de Justicia.

Este panorama sitúa a los funcionarios como un bloque privilegiado en un país donde la clase media tradicional -autónomos, pequeños empresarios y trabajadores de pymes- lucha por sobrevivir. Lejos de generar riqueza, su rol administrativo depende de los impuestos recaudados de un sector privado cada vez más asfixiado. El Gobierno, en lugar de fomentar la iniciativa productiva, ha inflado el empleo público: en 2022, el INE reportó que los funcionarios ganaban 7.000 euros más al año que la media del sector privado, un diferencial que se agrava con el tiempo.

-Una bomba de relojería: el salario mínimo y la exclusión laboral

Paralelamente, el Ejecutivo ha elevado el salario mínimo interprofesional (SMI) de forma sostenida, alcanzando los 1.134 euros mensuales en 14 pagas en 2025. Si bien esta medida se vende como un avance social, su efecto práctico es devastador: al encarecer la contratación, especialmente en sectores de baja cualificación, millones de trabajadores quedan excluidos del mercado laboral. Las pymes, que generan el 66% del empleo en España según el INE, no pueden absorber estos costes sin aumentar precios o reducir plantilla, alimentando una espiral de desempleo y precariedad.

Esta política, lejos de ser un error, parece un cálculo deliberado. La izquierda en el poder, fiel a su tradición reaccionaria, encuentra en la pobreza un aliado: cuanto más dependiente sea la población de subsidios y ayudas estatales, mayor será su base electoral. Los datos son elocuentes: el paro estructural sigue rondando el 12%, y la tasa de temporalidad, aunque maquillada por reformas laborales, no resuelve la falta de oportunidades para los más vulnerables.

-El pacto tácito con las élites

En el otro extremo del espectro, las clases pudientes -grandes empresarios, banqueros y herederos de fortunas- no parecen sufrir las consecuencias de estas políticas. Sorprendentemente, han encontrado un modus vivendi con el gobierno social-comunista: a cambio de no interferir en sus negocios, el Ejecutivo les garantiza estabilidad y beneficios fiscales indirectos. Este pacto tácito perpetúa una alianza insólita entre la izquierda supuestamente igualitaria y las élites que históricamente ha criticado. Mientras los ricos suben, el gobierno asegura su continuidad, traicionando los ideales de justicia social que decía defender.

-La necesidad de una revolución liberal y libertaria

El resultado es una sociedad polarizada: por un lado, una "clase media" de funcionarios sostenida por el Estado; por otro, una masa empobrecida y dependiente, incapaz de acceder a un empleo digno debido a regulaciones asfixiantes; y en la cima, una élite intocable. La clase media productiva, aquella que históricamente ha creado empleo y riqueza -los autónomos que arriesgan su capital, los emprendedores que innovan-, se desvanece bajo el peso de impuestos, burocracia y falta de incentivos.

España necesita una revolución. No una revuelta populista, sino una transformación liberal y libertaria que desmantele el Estado hipertrofiado, libere al mercado de trabas y devuelva a los ciudadanos la capacidad de forjar su propio destino. Reducir el tamaño del sector público, bajar impuestos a pymes y autónomos, y flexibilizar el mercado laboral no son opciones: son imperativos. Solo así se podrá desactivar la bomba de relojería social y rescatar a la clase media productiva del olvido.

El gobierno actual, tras siete años en el poder, ha demostrado que su proyecto no es el "progreso", sino la perpetuación de un sistema que beneficia a sus "clientes" y aliados. La pregunta es cuánto tiempo más tolerará la sociedad este rumbo antes de exigir un cambio radical. La respuesta, como siempre, está en las manos de los ciudadanos.

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