FIESTA OFICIAL CON MIL INVITADOS PARA CELEBAR UNA RUINA DE 700 MILLONES.

Fiesta oficial con mil invitados para celebrar una ruina de 700 millones de euros.

Políticos de todo signo, en una gala organizada por el Gobierno aragonés para recordar la Expo del Agua de 2008, que duró tres meses y sigue costando millones diez años después.

El 14 de junio de 2008 abrió sus puertas en Zaragoza la Expo del Agua. Aquella exposición internacional duró tres meses, sirvió de argumento para mover inversiones públicas con las que cambió la fisonomía de la ciudad, pero lo hizo a un precio desorbitado. Diez años después se sigue pagando el multimillonario roto económico de la Expo, cuyos números rojos siguieron creciendo año tras año y solo se han conseguido encubrir a costa de inyecciones extra de fondos públicos.

Pese a ello, la política aragonesa se dio cita este jueves por la noche en una fiesta organizada desde el Gobierno aragonés –propietario del recinto de la empresa pública de la Expo-. Entre los mil invitados para la ocasión se han contado políticos de todo signo (Así han sido la fiesta y los posados a la entrada). Entre ellos, el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán; el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, de la órbita de Podemos; el senador y coordinador general del PP aragonés, Octavio López; la senadora del PAR Rosa Santos; una nutrida representación de dirigentes de Ciudadanos, encabezados por su líder regional y diputada autonómcia Susana Gaspar; los consejeros del Gobierno aragonés, altos cargos de empresas públicas y exdirectivos de la Expo. También se sumó a la fiesta el exalcalde de Zaragoza y ahora magistrado en la capital aragonesa, Juan Alberto Belloch (PSOE).

La celebración incluyó gala con espectáculo. Para la ocasión se han contratado los servicios del cineasta Gaizka Urresti. Dicen desde el Gobierno aragonés que el coste del evento para las arcas públicas es discreto, porque –argumentan- se ha contado con patrocinadores. El despliegue festivo incluyó también la retransmisión televisiva en directo a través de Aragón Televisión, otra empresa pública del Gobierno regional alimentada con cargo al presupuesto autonómico -ha sido subvencionada con 500 millones de euros en diez años-.

Pese a su ruina económica, la Expo ha sido una empresa pública auspiciada –primero- y amparada –después- por los sucesivos gobiernos autonómicos de los sucesivamente han formado parte el PSOE junto al PAR, el PP junto al PAR, y ahora el PSOE junto a la Chunta con el apoyo parlamentario de Podemos y de IU.

La herencia de unos años de excesos

Con la Expo como argumento, Zaragoza atrajo inversiones estatales que permitieron atender otros proyectos de infraestructuras que llevaba tiempo reclamando: las riberas del Ebro, reformas urbanísticas y accesos. Pero en vez de hacer esas obras sin más, éstas se convirtieron en útil actor secundario en una película protagonizada por el macroproyecto de la Expo del Agua, que ha sumado un agujero de cientos de millones de euros. Desorbitado telón de fondo levantado en los años de la bonanza y los excesos.

En diez años, aquella Expo de tres meses se ha tragado más de 700 millones de euros de dinero público, entre las pérdidas contables acumuladas y el dinero inyectado por múltiples vías desde los poderes públicos, fundamentalmente desde el Gobierno regional.

Sobrecostes, pérdidas, negocios fallidos...

El contador de los números rojos echó a andar cuando se engendró la candidatura de la Expo del Agua, y su abultada factura suma y sigue a estas alturas.

En la construcción de los edificios orginales de la Expo ya se acumularon sonados sobrecostes de obra, casi 100 millones de euros de exceso sobre lo presupuestado. Pero eso solo fue una parte. Luego, finalizada la Exposición Internacional, hubo que reconstruir el recinto, invertir en costosas obras de readecuación para convertirlo en parque empresarial. En total, entre construcción y remodelación se fueron más de 300 millones de euros, que dejaron edificios tan singulares como la Torre del Agua, una gran torre hueca en la que se fulminaron 55 millones de euros.

Teóricamente, según el plan de negocio que las autoridades exhibieron cuando se promovió la Expo, esa inversión tenía que haberse recuperado con la venta de oficinas y espacios. De eso se encargaba la empresa pública de la Expo. Pero la realidad es que, a estas alturas, los espacios vendidos han permitido recuperar apenas una octava parte de aquel coste. Acabó en fiasco el optimista plan de negocio que pregonaron las autoridades cuando lanzaron el proyecto de la Expo, hace más de diez años.

Se gasta más de un millón en sueldos

Además, el propio funcionamiento de la empresa pública Expo –que es la que gestiona los activos inmobiliarios de ese recinto- ha venido dejando un recurrente reguero de pérdidas multimillonarias año tras año. Y eso que el Gobierno aragonés, que es su accionista principal, no ha dejado de inyectarle fondos y de darle cobertura financiera. Solo en sueldos, esta empresa pública se gasta cada año más de un millón de euros. Y parte de los inmuebles más emblemáticos siguen sin tener salida. El Pabellón de España y el Pabellón de Aragón, de los que se presumió como alarde arquitectónico, permanecen cerrados a cal y canto, en desuso.

Pérdidas maquilladas con dinero público

Para paliar el roto económico de esta empresa pública, hace años que el Gobierno regional decidió convertirse en inquilino de sus propios inmuebles: instaló la Ciudad de la Justicia en edificios de la Expo, algo por lo que el Ejecutivo autónomo paga a esta empresa pública regional siete millones y medio de euros anuales en concepto de alquiler. Es arrendador y arrendataroio al mismo tiempo, pagador y receptor a la vez. Eso sí, la maniobra sirve para que esta sociedad pública dé unas cuentas de resultados presentables: en 2013 acumuló unas pérdidas de 22 millones de euros, pero en 2015 -con esos «autoalquileres» en marcha- los números rojos pasaron a ser de apenas siete millones.

En los últimos años, el Gobierno aragonés ha auxiliado todavía más a esta empresa pública para hacer que sus cuentas anuales dejen de aparecer con números rojos. De hecho, sobre el papel, en 2016 esta sociedad del Gobierno aragonés dio un beneficio de 3,4 millones, de algo más de cuatro millones en 2017, y unos tres millones de beneficio neto espera obtener este año. Pero, ¿realmente el Gobierno aragonés, dueño de esa sociedad, gana ese dinero gracias a ella? No.

La realidad es que esos teóricos beneficios se producen a costa de desembolsar mucho más dinero del que aparece en la casilla de las ganancias. Así que la Expo, en términos netos y reales, le sigue dejando una factura multimillonaria al Gobierno aragonés, a las arcas del conjunto de la región.

Los 7,5 millones anuales que le transfiere el Ejecutivo autónomo le inyecta en concepto de alquileres (arrendador y arrendatario al mismo tiempo) no es la única aportación. Desde 2016, el Gobierno regional también paga la multimillonaria factura de intereses por la enorme deuda bancaria de la Expo. A finales de 2015, escasos meses después de que el PSOE y el PAR se instalaran en el Gobierno aragonés con el apoyo de Podemos e IU, el Ejecutivo de Javier Lambán decidió descargar a la empresa pública Expo de los 113 millones de euros que debía a los bancos. Pasó a cargárselos el Gobierno de Aragón. De ahí que la Expo pasara a pagar por intereses en 2016 menos de un millón de euros, mientras que un año antes tuvo que desbolsar más de ocho millones. La millonada de intereses que se excusa la Expo los pone el Ejecutivo regional.

EL DERROCHE EN ESPAÑA SIGUE AÚN CUANDO ESTAMOS EN QUIEBRA TÉCNICA.